La Dirección Territorial de Medio Ambiente ha abierto 216 expedientes sancionadores contra paranys ubicados en la provincia de Castellón durante la temporada de caza de 2009, expedientes que en estos momentos siguen en fase de instrucción y de los que 214 se han traslado a Fiscalía.
A la luz de estos datos, las organizaciones ecologistas Acció Ecologista-Agró, GER-Ecologistas en Acción, APNAL-Ecologistas en Acción y Gecen difundieron ayer un comunicado en el que consideran que «cazar en parany resulta muy barato económicamente».
Al haber sido sancionados únicamente 216 paranys en 2009, y contando que en la Comunidad Valenciana existen un mínimo de 2.500 paranys, según los cálculos de las asociaciones conservacionistas, «obtenemos una cifra de paranys denunciados de entre el 8 y el 9 %». Esto significa que de media se denuncia cada parany cada 11 años. «Teniendo en cuenta que la multa por cazar en parany es de 301 euros y si se utiliza el reclamo electrónico 301 euros más, con 602 euros se puede cazar 11 años, lo que arroja una irrisoria media de unos 55 euros al año», denunciaron los ecologistas.
Las cuatro organizaciones conservacionistas señalan, con ironía, que «es difícil imaginar que una actividad de caza ilegal realizada en lugares fijos y conocidos sólo se sancione cada 11 años, a no ser que se cuente con la connivencia de la Conselleria». Por eso, acusan a la Generalitat de «no estar dispuesta a aplicar las sentencias judiciales ni a cumplir con la normativa ambiental europea y estatal».
La Fiscalía General del Estado ha dado órdenes de perseguir penalmente el parany y el Tribunal Constitucional debe resolver todavía sobre el recurso presentado por el Gobierno a la Ley de Caza valenciana que pretendía regular esta práctica. Los ecologistas aseguran que estarán «atentos» a la nueva temporada «ilegal» de caza y advierten de que informarán a la Comisión Europea de cuantos hechos se produzcan al respecto.
