Un grupo de ciudadanos españoles presentó ayer en el tribunal de Estrasburgo la primera demanda contra España por la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que reúne 105 casos de 305 padres e hijos que han objetado contra esta materia. Entre ellos se encuentran varios valencianos, que también han viajado hasta la ciudad francesa, según confirmó a este periódico José M.ª Llanos, asesor jurídico de Valencia Educa en Libertad, asociación que agrupa a buen número de familias objetoras de esta materia.
La demanda invoca los artículos n.º 8 -derecho al respeto de la vida privada y familiar-, n.º 9 -libertad de pensamiento conciencia y religión-, y n.º 2 del Protocolo n.º 1 -derecho a la educación- del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, el escrito también expresa la queja por la violación del artículo n.º 14 -prohibición de discriminación- del citado Convenio y solicita una compensación equitativa, sin cuantificar, por «los daños morales causados».
La demanda se ha presentado directamente en el tribunal europeo sin haber agotado la vía jurídica en España, «acogiéndonos a otros precedentes y sabedores de que tanto el Constitucional y el Supremo son tribunales completamente politizados. Una justicia lenta no es justicia», sostuvo Llanos.
También se pide la aplicación de medidas provisionales que obliguen al Gobierno español a no forzar la entrada de los niños en clase de EpC. «Porque si finalmente se nos da la razón, en el momento de dictar la sentencia los prejuicios a nuestros hijos ya se habrán producido». No obstante, los plazos jurídicos no permitirán que se dicten para este curso.
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