La Abogacía del Estado, en representación de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anuló un acuerdo portuario para la instalación de una planta de biodiésel en el muelle 19, según informó ayer en un comunicado Esquerra Unida (EU).
El proyecto para la construcción de esta instalación en la zona de ampliación del Puerto fue acordada por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) en octubre de 2006, pero fue recurrida por la coalición de izquierdas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Este órgano judicial emitió el pasado mes de febrero un fallo por el que admitía el recurso y declaraba nulo el acuerdo aprobado por la APA, después de que EU argumentara que la instalación de una planta de biodiésel «incumple el objeto de la concesión, ya que sólo permite usos ligados al tráfico de mercancías y personas».
«No se permite en ningún caso instalaciones industriales de producción, en este caso de biodiesel», explicó el responsable local de EU, Miguel Ángel Pavón.
La formación de izquierdas, que se personará ante el Tribunal Supremo para que el recurso de la Abogacía del Estado no prospere, afirmó el candidato a la Alcaldía por Esquerra Unida. En este sentido, añadió que el PSOE mantiene «un doble juego», ya que mientras a nivel municipal se opone a la planta de biodiesel, «a nivel estatal apoya este mismo proyecto».
«Un apoyo que queda demostrado con el recurso de casación planteado por la Abogacía del Estado contra la sentencia que anula la planta de biodiésel , o con el rechazo de la APA, incluidos los consejeros socialistas, a los recursos de reposición que los vecinos y EU interpusieron contra las nuevas autorizaciones del puerto a la ubicación de los silos de cemento. Pavón expresó su «sospecha» de que, tras el recurso de casación, «pueda existir la preocupación del Puerto» de tener que hacer frente a posibles indemnizaciones ante una sentencia anulatoria definitiva.
El proyecto de la planta de biodiésel provocó una airada polémica política y ciudadana que llevó a la Concejalía de Urbanismo a realizar un exhaustivo análisis de la actuación. La conclusión fue rechazar la solicitud de licencia por varias razones, entre ellas que la petición adolecía de una serie de autorizaciones que, paradójicamente, la mercantil no solicitó ni cuando recibió el informe municipal en contra de sus intereses. El ahora conseller Mario Flores fue el principal impulsor de este proyecto y, de hecho, fue una de sus principales asignaturas pendientes durante su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.
