La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre el 'caso Gürtel', y que en su parte valenciana afecta a la cúpula del PP valenciano, podría quedar anulada desde su mismo inicio. El TSJ de Madrid debe decidir en breve respecto a la validez de las escuchas ordenadas por el magistrado, tanto las que dieron lugar al caso en el primer momento de la investigación, como las que se practicaron sobre las conversaciones mantenidas por los abogados de los imputados en la cárcel de Soto del Real.
La decisión del alto tribunal madrileño es capital para definir el horizonte inmediato de esta investigación judicial, que ha sacudido al PP y que ha puesto en jaque a algunos de los principales cargos del partido en la Comunitat. De lo que decidan los tres magistrados del TSJ de Madrid encargados de pronunciarse -Francisco Javier Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández- depende una anulación parcial o total de las investigaciones. Si los tres magistrados se pronuncian de forma unánime en contra de las escuchas practicadas, el instructor de la causa en Madrid, Antonio Pedreira, se vería obligado a desplazar del sumario toda la información que se hubiera obtenido a partir de ese procedimiento. Y al margen de que esa decisión podría convertir en inconexa toda la investigación, los abogados de los imputados podrían solicitar la nulidad de todo el proceso.
La teoría que cuestiona las investigaciones se fundamenta en que todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y, por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial. De esta forma, la totalidad del proceso en el que se investiga la trama de corrupción ligada a administraciones del PP podría verse en cuestión, al producirse la denominada teoría de los frutos del árbol envenenado, según indicaron fuentes jurídicas. De ahí la importancia de que se validen o no las escuchas como método de obtener información.
La primera consecuencia de la decisión que debe adoptar el TSJ de Madrid ha sido provocar que el instructor de la causa en ese tribunal, Antonio Pedreira, retrase el levantamiento del secreto de sumario de su investigación. Entre otros motivos, porque si se anula las escuchas, buena parte del trabajo realizado hasta ahora saltaría por los aires.
Las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS señalaron ayer que la eventual anulación de las escuchas podría dejar en el alero el mismo arranque de la investigación. Y si se cumple ese escenario, tanto la parte del sumario instruido por Pedreira como el recurso ante el Tribunal Supremo por el archivo de la causa relacionada con los trajes decaerían.
Lo que se ha venido conociendo como la parte valenciana del 'caso Gürtel' arrancó hace ahora poco más de un año, con las vinculaciones denunciadas por Garzón entre una de las firmas de la trama de empresas investigadas, Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez el Bigotes, y el PP de la Comunitat. La citada firma, registrada por la policía judicial a principios de febrero de 2009, realizó diversos trabajos para el Gobierno valenciano -el más destacado, el montaje de los estands de Fitur durante varios años consecutivos- además de convertirse en la firma de cabecera encargada de organizar los actos públicos del PPCV. Diversas conversaciones intervenidas al Bigotes durante la investigación sugerían una 'relación especial' con los principales responsables del partido en la Comunitat.
La investigación abierta en el TSJ valenciano -los acusados eran aforados- por un supuesto delito de cohecho, con el regalo de unos trahes hacia algunos de los principales dirigentes del PPCV, marcó buena parte de la agenda política del 2009. Finalmente, y aunque el instructor de la causa José Flors, decidió proponer que se abriera investigación, la mayoría de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano optó por respaldar el archivo del caso. Tanto la fiscalía como el PSPV, personado como acusación particular, recurrieron la decisión del alto tribunal valenciano. Y ahora es el Tribunal Supremo el que debe pronunciarse sobre ese asunto.
Junto a esa parte de la investigación, y entre la documentación requisada en las intervenciones realizadas en las empresas de la trama, la Brigada de Blanqueo de Capitales elaboró un informe sobre la financiación del PP valenciano. El documento, rechazado en su día por el TSJ de la Comunitat -al entender que su investigación sólo afectaba al supuesto delito de cohecho-, sirvió de base al PSPV para formalizar una querella el pasado mes de noviembre ante el alto tribunal de la Comunitat, contra la cúpula de los populares y algunos de los principales empresarios valencianos. El informe, que denunciaba un supuesto delito de financiación irregular de los populares, también forma parte de la documentación de que dispone el TSJ de Madrid. De hecho, ese fue el argumento esgrimido por el tribunal valenciano para declararse no competente para investigar.
Del levantamiento del secreto de sumario del juez Pedreira podría conocerse si efectivamente ha investigado ese informe policial -y si entiende que existen indicios de delito contra aforados valencianos, tendría que remitir el caso al TSJ valenciano-, o si, por el contrario, no eleva ninguna conclusión sobre el mismo. A uno y otro escenario afectaría también la eventual decisión sobre las escuchas que ahora se mantiene abierta en el TSJ de Madrid.
Esperanza Aguirre
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mostró ayer convencida de que el 'caso Gürtel ' no se archivará si se anulan las escuchas de las conversaciones realizadas a algunos abogados con sus clientes y dijo que, si estas pruebas se declaran nulas, se tendrán que buscar los indicios de delito «por otro lado».
«Si se anulan las escuchas de los abogados y sus clientes, no quiere decir que se archive el caso, ni muchísimo menos. Ya que tienen muchos datos sobre ese presunto delito, tendrán que buscar los indicios por otro lado, pero lo que no les valdrá serán las escuchas», precisó en una entrevista a TVE recogida por Europa Press. Explicó que estas escuchas eran de conversaciones entre los letrados y sus clientes, algo «expresamente prohibido en la Ley salvo para casos de terrorismo». Además, deseó que el secreto del sumario se levante completamente para «saber qué es lo que hay».
