Los jóvenes con una tasa de paro del 40% y el empleo temporal que afecta a tres de cada 10 ocupados centran la reforma laboral. Descartada la creación de un nuevo contrato para luchar contra la crisis, la negociación se encamina a retocar las dos modalidades -formación y prácticas- destinadas a los trabajadores de menor edad y a incentivar a las empresas para que transformen colocaciones con fecha de caducidad en indefinidas.
La mesa de negociación busca pues acotar los contratos temporales a tareas de duración determinada, un objetivo perseguido sin éxito desde hace décadas. El camino emprendido da una vuelta jurídica a la regulación de esos contratos para evitar su uso incorrecto, impedir su encadenamiento y subir la indemnización por despido, situada en ocho días por año de servicio. Los cambios también pasan por recuperar las bonificaciones para la conversión de empleo temporal en indefinido, medida que se aplicó durante el segundo semestre de 2006 con resultados muy positivos.
El contrato de fomento del empleo, de carácter estable, creado por consenso en 1997, se enganchara a esos beneficios. A la vez se universalizara su aplicación. Su principal ventaja es que conlleva un despido improcedente más barato. El coste es de 33 días por año, con un máximo de 24 mensualidades.
Las patronales, además de obtener beneficios por la transformación de colocaciones eventuales en fijas, verán cómo sale adelante la regulación de las agencias privadas de recolocación con ánimo de lucro, que pondrá fin a la intermediación de los Servicios Públicos de Empleo ; y con mayor presencia de las empresas de trabajo temporal, no permitidas en las Administraciones ni en la construcción.
