ALICANTE. «El sector público es la tabla de salvación». Así de expeditivo se manifestó el presidente de la patronal de obra pública Fopa, Manuel Peláez Robles, antes de incorporarse a su junta directiva los consellers Gerardo Camps y Mario Flores. Los concesionarios no ocultar su «intranquilidad» y muchos recelos hacia la Generalitat durante la junta. Por ello, la expectación era máxima entre los vocales.
La llegada de Gerardo Camps cambió las tornas. Tras describir ampliamiente sus planes para aumentar la liquidez de las empresas proveedoras de la Generalitat, por la vía del Plan de Agilización e Pagos, aseguró que las obras que adjudiquen ayuntamientos o Consellerias dentro del denominado Plan Confianza se pagarán en un máximo de sesenta días, frente a la media de entre 60 y 120 días que tardan en cobrar los proveedores de la Generalitat, en general, según Camps.
El Plan Confianza prevé un gasto de unos 600 millones de euros en las tres provincias, de los cuales unos 228 se dirigirán a Alicante. Hasta el momento se han efectuado un total de 1.124 adjudicaciones, de ellas 252 por 20 millones de euros en 80 municipios de la provincia alicantina. El grueso del dinero se adjudicará a lo largo del 2010.
La junta de Fopa estuvo muy animada. Según fuentes consultadas, el principal debate fue la morosidad de la Generalitat. Intervino muy activamente el presidente de Coepa y concesionario Rafael Martínez Berna. Peláez tuvo que echar mano de recortes de diarios. Todos llegaron a la conclusión de que no se garantizaba una reducción de plazos en el pago de obras del incipiente Plan Confianza...hasta que llegó Camps.
