Extrañaba su silencio e inmovilismo. Extrañaba también que con más de cuatro millones de parados, la voz de los sindicatos arremetiera sólo contra la patronal, mientras a cuenta gotas «sacaban» al Gobierno una prórroga a la precariedad de los parados con la ayuda de 420 euros y otras medidas dispersas para mantener en la agonía a los desempleados que ya han agotado todas sus prestaciones o a los que con el seguro de paro no pueden ni pagar su hipoteca. Extrañaba que hasta IU hablara de huelga general mientras los líderes de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, convencieran al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que no era necesaria una reforma laboral, aunque ésta al final «cayó» en ella ante los requerimientos de instituciones y expertos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Desde diciembre de 2008 en que la crisis manifestó su cara más virulenta, la fe de los españoles en el diálogo social se ha ido resquebrajando. CC OO y UGT se habían fijado como meta que no fueran los trabajadores los «paganos» de esta crisis. ¿Lo han conseguido? De momento, los causantes de la debacle económica, muchas constructoras e inmobiliarias, han desaparecido y, con ellos, casi un millón de puestos de trabajo. En el caso del sistema financiero, con un fondo público (FROB) cubriendo sus espaldas y en pleno proceso de reestructuración, no parece que vayan a pasar muchas cosas, más allá de lo ocurrido con Caja Castilla La Mancha, que ha salvado los trastos con una fusión.

Pero las cuentas no salen. Los más de 4,4 millones de parados, y con previsiones oficiales de que seguirán aumentando, son un dato apabullante para confirmar que los «paganos» han sido, fundamentalmente, los trabajadores. En la sociedad queda un sabor amargo de que se ha perdido un año para adoptar medidas. Y ahora todo corre prisa. El miércoles, Rodríguez Zapatero afirmaba desde la tribuna del Congreso de los Diputados, donde acudió para buscar el apoyo de todos los partidos, que en dos meses la reforma laboral debe estar concluida. Y todo apunta a que saldrá un nuevo y único contrato, en el que confluirán la mayoría de los actuales, con el despido más barato.

En algunos foros, como el Círculo de Empresarios hay preocupación, no solo por la situación económica y política, sino también por la social. Consideran que la economía española «tiene solución", pero el problema es que el Gobierno debe aplicar medidas que requieren sacrificios, muchos de los cuales los sindicatos no están dispuestos a aceptar, como una "reforma laboral integral». En el caso de las pensiones, el Círculo ve como única salida un sistema mixto de reparto-capitalización individual ya que da por seguro que aquellas «serán más bajas en el futuro».

El primer obstáculo

Así las cosas, el primer problema concreto sobre el que se tienen que posicionar los sindicatos, porque ya se han fijado negro sobre blanco las propuestas, está en la reforma del sistema público de pensiones para la que hay más tiempo de negociación, pero con unos anuncios nada halagüeños para los trabajadores: la cuantía de su jubilación cuando se abandone la vida laboral será inferior a la actual y, además, deberán esperar dos años más, de los 65 a los 67 años. Estos últimos anuncios han hecho saltar todos los resortes sindicales y provocado la primera convocatoria de los sindicatos contra esas medidas.

Con la vista puesta en el acuerdo de convenios, los sindicatos ya conocían las propuestas del Gobierno de alargar el periodo de cómputo de los actuales 15 años a 25. Por si fuera poco, supieron después que quería elevar de 65 a 67 la edad de jubilación. Fueron las gotas que rebosaron el vaso de CC OO y UGT, que hasta ahora habían combatido la crisis a base de paz social y buscando medidas por doquier para ayudar a la larga lista de desempleados, muchos de los cuales esperaban que sus «defensores» fueran más combativos.

De momento, solo habrá una batería de movilizaciones, cuyo pistoletazo de salida coincide con uno de las fechas simbólicas de nuestra recuperada democracia: el 23-F. La intención es parar el propósito del Gobierno de elevar la edad de jubilación. Habrá unas 70 manifestaciones hasta el 6 de marzo, que se realizarán en las principales ciudades del país. Y, en paralelo, una campaña explicativa de lo que se pretende hacer y de las propuestas de CC OO y UGT para que el sistema público de pensiones sea viable en el futuro.

Pese a la tibieza de estas iniciativas, ya que en muchos sectores se les pide la convocatoria de una huelga general, resulta paradójico que algunos diarios como The Wall Street Journal acabe de aconsejar al Gobierno español que «corte las alas a los sindicatos», como lo está haciendo con los controladores.

Es cierto que en otros países, como en nuestra vecina Francia, su presidente, Nicolás Sarkozy, también ha anunciado que elevará la edad de jubilación. Pero es que para los franceses aquella son los 60 años, con la condición de que se acredite haber trabajado, al menos, 40. Por este motivo, la edad media de jubilación allí es de 62 años, cuando en España se rozan los 63. La única diferencia es que Sarkozy se ha comprometido a presentar medidas que no supongan un recorte de la pensión.

UGT y CCOO denuncian, además, que no haya medidas que frenen las prejubilación. El Índice de Perspectivas Profesionales del Instituto de Estudios Laborales (IEL) de ESADE les viene a dar la razón, al confirmar que el 44% de las empresas españolas está prejubilando a sus trabajadores, que acuden antes de tiempo al retiro.

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, se han puesto de acuerdo para realizar esta batería de movilizaciones, aunque eludiendo hablar de una huelga general. Su fin es que el Ejecutivo rectifique sus propuestas, que los líderes sindicales entienden que no son más que un recorte de la protección social, y que tachan de "regresivas, insolidarias e imprudentes".

Críticas a los sindicatos

Esta tibia posición sindical ha suscitado ya las críticas de algunos sectores de la sociedad e, incluso, de algún partido por no convocar una huelga general contra el Gobierno ante la elevada cifra del paro. Pero el líder de CCOO ha dejado claro que «no hay empleos en la huelga general». No sólo rechaza que se muevan al dictado del Gobierno, sino que enfatiza que su única guía son «nuestras propias reflexiones».

Y Toxo hace sus reflexiones en voz alta: «no sé qué empeño tienen algunos para que en este país haya una huelga general». «No sirve para crear empleo, nosotros hemos fiado las cosas al entendimiento y, aunque no ha sido posible en 2009, ahora entramos en otra senda», dice en referencia al proceso de diálogo social abierto para la reforma laboral. Y por si quedara alguna duda a quienes critican a los sindicatos, explica que «una huelga general solo está justificada en caso de que se ataquen los derechos de los trabajadores». No obstante, añade la consabida coletilla de advertencia: «si el Gobierno completa el giro que ha iniciado con su propuesta de elevar la edad de jubilación a los 67 años y su acercamiento hacia los partidos nacionalistas para cerrar un pacto en el Congreso, habrá dificultades».

En la misma línea se pronuncia también el líder de UGT. Asevera que si gobernara Mariano Rajoy en lugar de José Luis Rodríguez Zapatero, el comportamiento de los sindicatos habría sido «simétrico». Eso sí, matiza, «siempre que Rajoy hubiera mantenido los compromisos que mantiene el Gobierno actual en la protección de desempleo».

Méndez recuerda que los sindicatos, «cuando hemos tenido que convocar una huelga general, la hemos convocado, pero no por la crisis, si no contra decisiones que afectaban a los intereses generales de los trabajadores, como recortes en las prestaciones por desempleo o reformas laborales unilaterales». No obstante, reconoce que en estos momentos existe un «desencuentro muy fuerte» por las propuestas del Gobierno en materia de jubilación. Por este motivo, explica que «hemos querido dar una respuesta proporcionada», ya que de momento se trata sólo de una propuesta. Méndez concluye afirmando que espera que la movilización del 23-F sea «suficiente» para que el Ejecutivo rectifique.

Mensajes claros

Las consignas sindicales son claras: «En defensa de las pensiones», «No al retraso de la jubilación» y «La solución no es recortar la protección social». Todas, haciendo hincapié en que está en peligro el consenso político y social necesario para la estabilidad del sistema. Esta es la primera respuesta sindical, que el propio Toxo califica de «ajustada». En todas las manifestaciones se explicará que «la Seguridad Social es la institución más solvente de nuestro país», como la define él mismo.

Los líderes sindicales parecen administrar sus iniciativas, a la espera de los acontecimientos. Las manifestaciones de las próximas semanas no son más que «el primer paso» para mostrar el rechazo. Toxo y Méndez, por el momento, confían en que con estas protestas el Gobierno cambie sus intenciones y no se pierda un consenso que se inició en 1995.

No obstante, frente a la medida drástica de elevar la edad de jubilación, las propuestas sindicales inciden más en el capítulo de ingresos. ¿Cómo podría obtener el sistema público más dinero? CC OO y UGT están convencidos de que subiendo el Salario Mínimo Interprofesional para elevar las bases de cotización o haciendo que el Sistema de la Seguridad Social deje de pagar el complemento a mínimos. Desde el primer acuerdo del Pacto de Toledo se asumió por todos los partidos políticos que este gasto debería ser sufragado por los Presupuestos Generales del Estado. De momento, la Seguridad Social todavía sigue pagando más de 4.000 millones de euros cada año.

Por este motivo, también están dispuestos a que el Gobierno eleve los impuestos. Pero ponen el dedo sobre la herida, ya que no admiten que ahora se hable de recortar las pensiones mientras el sistema financiero, causante de la mayoría de los problemas de nuestra economía, «se van de rositas».

Pero, ¿podrán calmar los sindicatos el malestar de los trabajadores con esta movilización? Otras organizaciones sindicales minoritarias, como la Unión Sindical Obrera (USO), critica la actuación durante el último año de CC OO y UGT por entender que se han «plegado» a las tesis gubernamentales. No se puede olvidar que el propio Rodríguez Zapatero y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, frenaron las pretensiones de la CEOE y paralizaron en seco la reforma en el verano de 2008, justo cuando más se necesitaba. USO desconfía de cuál será el «peaje» que deberán pagar ahora las centrales mayoritarias ante el nuevo intento de modificación laboral, que deberá estar acabado en dos meses, a sabiendas de que si no se llega a ningún acuerdo el Gobierno ya ha advertido de que ejercerá su responsabilidad.