Una venganza entre cuñados desencadenó el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña

El incendio de Seseña./EFE
El incendio de Seseña. / EFE

El único imputado quiso frustrar un negocio de su cuñado después de haber fracasado en un proyecto empresarial conjunto, según los investigadores

J.V. MUÑOZ-LACUNAToledo

La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado este martes que emprenderá "todas las acciones legales posibles" contra el empresario de Tomelloso (Ciudad Real) imputado por el incendio del mayor vertedero ilegal de neumáticos de Europa que ardió en Seseña (Toledo) en mayo de 2016. Así lo ha indicado el presidente de esta comunidad, Emiliano García-Page, después de que hayan trascendido datos de la investigación según los cuales este empresario actuó por venganza para tratar de perjudicar a su cuñado con quien años antes había fracasado en un negocio conjunto.

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Según los informes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) incorporados a la instrucción de un juzgado de Valdemoro (Madrid) que investiga el caso, un negocio familiar fallido está detrás de las cerca de 90.000 toneladas de ruedas que ardieron durante semanas en Seseña, obligando a desalojar a los vecinos de la urbanización "El Quiñón", próxima al vertedero de neumáticos.

En concreto, este empresario, Javier M.P., había abierto años atrás un depósito de neumáticos con su cuñado muy cerca de su pueblo, en Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Pero el negocio no salió como ambos esperaban. Fue mal y la relación de Javier con su cuñado aún peor pues Javier le acusaba de haber arruinado la empresa y su economía particular ya que el depósito acumuló importantes deudas y actualmente tiene pendientes varios expedientes sancionadores que pueden acabar en multas.

El resquemor de Javier hacia su cuñado se reavivó en la primavera de 2016 cuando se enteró de que el marido de su hermana tenía serias posibilidades de resultar adjudicatario de un proyecto que quería ejecutar la Junta de Castilla-La Mancha con la empresa pública EMGRISA, dependiente del Gobierno central, a través de los fondos europeos FEDER: la eliminación de todos los vertederos incontrolados de neumáticos de Castilla-La Mancha, no sólo el de Seseña, para reciclar las ruedas y convertirlas en gasoil para calefacción de edificios públicos. El coste del proyecto era de 5,6 millones de euros y su duración unos 6 años.

La pista del móvil

En Javier asomaron entonces deseos de venganza hacia quien culpaba de su ruina económica y que en poco tiempo -pensaba- iba a emprender un negocio de éxito asegurado. Con el ánimo de frustrar este proyecto eligió el macrovertedero de Seseña para prenderle fuego en la noche del 12 al 13 de mayo, después de varios días de intensas lluvias en la zona.

Los investigadores sospecharon desde el primer momento que el incendio no se había originado por causas naturales como un rayo sino que había sido intencionado y, entre sus pesquisas, pidieron a las compañías telefónicas un listado completo de las comunicaciones -llamadas telefónicas, mensajes o uso de internet- efectuadas en las horas previas al incendio. De esta forma, el SEPRONA de la Guardia Civil situó a Javier -sospechoso por contar con experiencia en el sector del reciclaje de neumáticos- en el lugar de los hechos el mismo día del fuego.

Un año después de aquel desastre medioambiental, en mayo de 2017, Javier declaró como imputado en los juzgados de Valdemoro y no sólo negó su relación con estos hechos sino que trató de inculpar a su cuñado al afirmar que éste era de los grandes beneficiados por lo ocurrido en Seseña. Finalmente quedó en libertad con cargos. Se le acusa de un delito de incendio con peligro para la vida o la integridad física de las personas.

Un año después, la parcela donde se ubicaba el mayor vertedero ilegal de neumáticos de Europa está totalmente limpia de residuos y sólo queda depurar responsabilidades. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha anunciaba este martes que su gobierno ejercerá contra el empresario imputado "todas las acciones legales posibles porque sería tremendamente lamentable que los millones de euros que ha costado acometer este problema lo terminen pagando de su bolsillo los ciudadanos". García-Page también ha deseado "que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable porque no pasó nada desde el punto de vista de la salud de la gente, pero pudo pasar".

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