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DANIEL GUINDO
Domingo, 15 de octubre 2017
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Agentes de Policía y Guardia Civil, médicos, enfermeros y celadores, profesores y funcionarios de prisiones tratan de desempeñar sus funciones, en la gran mayoría de los casos, con la mayor profesionalidad posible. Sin embargo, el público, a veces viandantes, otras pacientes o alumnos, no siempre les facilitan el trabajo y, en ocasiones, incluso se enfrentan a ellos, llegando incluso a insultarles, amenazarles y hasta agredirles. De hecho, según los datos recopilados por LAS PROVINCIAS, estos profesionales sufren, de media, más de medio centenar de agresiones físicas y/o verbales a la semana; una lacra que, según denuncian asociaciones y sindicatos del sector, va en aumento en la región.
Por número, los incidentes con la Policía, Guardia Civil y los docentes son mayoritarios. En concreto, según los datos proporcionados por el Ministerio de Interior, la Comunitat contabilizó el pasado año 1.499 atentados contra la autoridad, una cifra que supone un punto de inflexión a la tendencia a la baja de los últimos años, por lo que supone un incremento con respecto al año anterior. En el caso del ámbito educativo, según la memoria anual sobre convivencia escolar en la Comunitat, la región contabilizó en el curso 2015-2016 un total de 3.414 incidentes. De ellos, el 21% fueron amenazas verbales al profesorado y el 14,2% agresiones físicas a los docentes, lo que, traducido en cifras absolutas, suponen 1.201 incidentes.
También están cobrando importancia las agresiones, amenazas e insultos que sufre el personal sanitario y que, según la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat, va en aumento, hasta las 130 contabilizadas el año pasado. Por su parte, también supone una lacra que afecta a los funcionarios de prisiones en las cárceles valencianas y de la que en 2016 se registraron 39 según los datos oficiales que, sin embargo, no contabilizan los insultos ni las amenazas, únicamente los daños físicos. En total, agrupados estos cuatro ámbitos, la cifra de agresiones, tanto físicas como verbales a estos profesionales de la seguridad, la sanidad y la enseñanza, asciende a 2.869, lo que supone cerca de 60 a la semana.
La muerte del subinspector del grupo de homicidios de la Policía Nacional de Valencia, Blas Gámez, asesinado hace un mes por el sospechoso de un crimen en el barrio de Ruzafa de Valencia cuando le requirió la identificación para detenerle, supone, con diferencia, el hecho más grave registrado este año relacionado con agresiones a agentes pero, como apuntan las cifras, no ha sido ni mucho menos el único.
Distintos colectivos representativos, como la Asociación Unificada de Guardia Civiles o la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, coinciden en señalar que la falta de personal contribuye, especialmente, a que aumenten este tipo de situaciones, mientras que desde la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat alertan de que casi en el cien por cien de los casos no existe condena al denunciado «salvo en contadas excepciones». «Los motivos de la no condena suelen ser o bien la inimputabilidad del agresor, certificada por un médico forense, o bien la falta de pruebas en los casos en que los hechos no fueron presenciados por ningún testigo».
En el ámbito docente, las amenazas verbales a los profesores son, detrás de las discusiones y peleas entre los alumnos, el incidente más mayoritario en los centros educativos. Las agresiones a los docentes es el quinto y desde el sindicato UGT apuntan que «muchas veces el personal afectado no sabe dónde acudir para denunciar que está sufriendo acoso».
PERSONAL SANITARIO
La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat no es la primera vez que denuncia la falta de medidas para contrarrestar las agresiones a médicos, enfermeros y sanitarios, sobre todo a la Generalitat, puesto que es en el ámbito de la sanidad pública donde se produce el mayor número de incidentes, especialmente en Urgencias. «Y la Administración no está en absoluto concienciada», lamentan. La dotación de más medios, tanto técnicos como humanos, y evitar la masificación ayudaría a reducir «las agresiones, amenazas y vejaciones», que sufren estos profesionales, describe Carlos Fornes, presidente de la entidad.
Este portavoz detalla que los insultos, amenazas y vejaciones se encuentran presentes prácticamente en el cien por cien de los casos. «Por supuesto, también hay muchas (demasiadas) agresiones como tal por medio de empujones, puñetazos y patadas», añade, para ejemplificar que «un caso extremo fue el de un condenado por intentar clavar una navaja al celador, aunque fue un caso más aislado».
«Lo que sí tienen en común todas las agresiones es que no suelen finalizar hasta que hace presencia en el lugar o bien el personal de seguridad o bien la Policía», advierte Fornes.
Las agresiones se dan prácticamente por igual entre médicos, enfermeros o celadores, pero existe un porcentaje mayor de agresiones en las Unidades de Conductas Adictivas que en otros centros. Eso sí, hay agresiones en todos ellos ya sean hospitales, centros de salud o centros de especialidades, apunta el presidente.
PROFESORES
«La indisciplina en las aulas, la gran diversidad de alumnado, la poca valoración social de la docencia y la delegación de responsabilidades educativas, tradicionalmente propias de la familia y que ahora se pretende que sean asumidas en exclusiva por el profesorado, hacen de la escuela un entorno cada vez más hostil para los trabajadores de los centros escolares. Un entorno en el que las situaciones de violencia, física o psicológica son cada vez, por desgracia, más frecuentes», así resumen desde el sindicato UGT la situación por la que atraviesa la educación pública, aunque matizan que las agresiones a los profesores todavía no conforman una situación generalizada y alarmante.
Sin embargo, en este marco, «el conjunto de las trabajadores de los centros educativos encuentra cada vez mayores obstáculos a la hora de desempeñar su trabajo, siendo por ello uno de los principales colectivos afectados por trastornos de origen psicosocial: estrés, depresión, fatiga psíquica, o el síndrome del quemado, también conocido como ‘burnout’». Esta situación, según UGT, se traduce en que cada vez sean más frecuentes los casos de insatisfacción personal, absentismo laboral, bajas por depresión y peticiones de jubilación anticipada por parte de los trabajadores de la enseñanza.
Además, la formación sindical lamenta que en estas situaciones de violencia escolar «los docentes nos encontramos totalmente desasistidos y desprotegidos por parte de la Administración educativa». «No tenemos la protección, la cobertura y el amparo que precisaríamos», advierte UGT.
POLICÍA Y GUARDIA CIVIL
Pese a que durante los últimos años se ha mantenido estable, este ejercicio se ha detectado un nuevo repunte de atentados contra la autoridad, hechos que se traducen, en la mayoría de los casos, en agresiones verbales y físicas a los agentes de la Policía y la Guardia Civil. Desde la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) alertan de este incremento de agresiones, especialmente en la provincia de Valencia, y reclaman «medidas contundentes» de seguridad, «un nuevo planteamiento del uso de los recursos humanos y una reestructuración en la Comunitat», ya que «la situación actual es insostenible por la falta de personal».
Ante esta «desprotección», lamentan desde la AUGC, se han generado situaciones de peligro para la integridad física de los agentes, «como el caso de tantas fiestas de verano» en las que se ha echado en falta mayor apoyo de las policías locales. Por lo general, explican, los hechos violentos suelen ocurrir los fines de semana en verbenas y discomóviles, situación que «unido al excesivo consumo de alcohol genera numerosos altercados». Por ejemplo, el pasado 2 de septiembre, en las fiestas de disfraces de Rafelbuñol fueron detenidos tres ciudadanos por atentado al agente de la autoridad al agredir a la patrulla.
Los fines de semana, el perfil del agresor suele ser de jóvenes entre 17 y 20 años, tanto nacionales como extranjeros -casos significativos son los del menor marroquí que mordió a un agente o el ruso ebrio que agredió a una patrulla en Carcaixent-. Entre semana, sin embargo, los mayores altercados se suelen registrar en situaciones en los que se ha producido un incumplimiento de una orden de alejamiento de un individuo con su expareja o hijos, y en las que tienen que intervenir los agentes.
Estas agresiones, como apuntan desde esta asociación de la Benemérita, suelen provocar bajas laborales en los agentes de una duración de entre 20 y 30 días.
Para intentar paliar «esta grave situación», la junta directiva de AUGC en la federación de la Comunitat viene solicitando un incremento de las plantillas, «así como la dotación de los medios necesarios como chalecos antibalas individuales, material antidisturbios o pistolas Taser para ciertos casos, así como el endurecimiento de las penas para estos delitos».
FUNCIONARIOS DE PRISIONES
Las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones también van en aumento en la Comunitat y, según denuncia la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), no se invierte en prevenir estos hechos, sino en cómo se actúa cuando pasan, de ahí que no consideren adecuado el modelo actual. También lamentan que los funcionarios que han sufrido una agresión «no cuentan con medidas de apoyo psicológico o jurídico, ni tampoco de resarcimiento del daño en casos en los que durante el incidente se les han roto las gafas o un reloj, por ejemplo». Desde Acaip creen que este incremento de las agresiones se debe a la falta de personal («no es lo mismo que intervengan dos funcionarios o cuatro en un altercado, por ejemplo»), y plantean que, además de aumentar las plantillas, sería necesaria una modificación legislativa para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, al igual que los profesores o los médicos. «De esta forma, sus escritos tendrán presunción de veracidad y sería el agresor el que tendría que demostrar que no es cierto lo que ha hecho. Este cambio tendría una efecto disuasorio» en los internos, resumen. Asimismo, opinan que también sería positivo que se incrementaran las condenas por estos hechos.
Por otra parte, desde la asociación critican que en las estadísticas oficiales sólo se tengan en cuenta las agresiones en las que haya un daño físico constatable, por lo que se obvian los daños psicológicos, las agresiones verbales o las amenazas de muerte. «Si un interno le pone un cuchillo en el cuello a un funcionario y no le corta, no aparece», ejemplifican.
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