La fiscalía advierte de problemas para destruir la droga al aumentar los alijos

Las destrucciones programadas de droga realizadas el año pasado en territorio nacional, en colaboración con el CITCO y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, alcanzaron los 369.616 kilogramos. Por provincias destacan Algeciras con 70.000 kilos, Almería (21.000 kg), Cádiz (casi 56.000 kg), Murcia (más de 27.000 kg) y Valencia (más de 7.700 kg).

Los traslados de droga para su destrucción inmediata se realizan entre grandes medidas de seguridad para evitar que bandas organizadas de delincuentes asalten los camiones que transportan cocaína, hachís y marihuana, las drogas más incautadas por las fuerzas de seguridad. El destino de los alijos es una planta incineradora en el norte de España. Allí se destruye la droga intervenida en la Comunitat Valenciana y en otras regiones de España.

El depósito judicial del puerto de Valencia ya sufrió un espectacular robo en la Nochevieja de 1997. La banda de Cásper, el grupo de butroneros más importantes y peligrosos de todos los desarticulados en España, agujereó una de las dos cámaras acorazadas del edificio de Sanidad Exterior. Era el primer asalto de este tipo perpetrado por una banda organizada en nuestro país. Los delincuentes robaron 106 kilos de cocaína confiscada y 50 litros de piperonal, un precursor que necesitaban para fabricar pastillas de 'éxtasis'.

El robo de 300 kilos de droga en 2011 en otro depósito judicial en Málaga volvió a evidenciar la tardanza en algunas ocasiones de la destrucción de los alijos. Con estos antecedentes, los responsables de los depósitos de droga han incrementado las medidas de seguridad para acabar con cualquier tentación delictiva. También han acelerado los trámites para vaciar los almacenes y trasladar los alijos a la planta incineradora.

El informe estadístico del ministerio público refleja también los procedimientos abiertos por las fiscalías por tráfico de drogas con importantes aumentos del 18% y 9,44% en Alicante y Valencia, respectivamente. Sin embargo, la memoria no incluye los procesos por blanqueo de capitales, ya que en la estadística nacional «resulta imposible determinar el delito precedente», y por tanto, no es posible comprobar cuáles proceden del tráfico de drogas.

En la provincia de Valencia, la fiscalía abrió 1.020 procedimientos por tráfico de sustancias estupefacientes en 2016 frente a los 932 del año anterior, mientras que en Alicante se contabilizaron 718 causas en 2015 y 853 en 2016. Como prueba del reconocimiento y la eficacia de la lucha coordinada antidroga, la memoria del ministerio público destaca que la Organización Mundial de Aduanas premió a la Fiscalía Especial Antidroga de España «por su excepcional colaboración con la comunidad internacional de Aduanas».

La fiscalía también advierte del aumento de los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, ya que pasan de los 1.081 contabilizados en 2015 a 1.271 en 2016. Las agresiones sexuales subieron (476 en 2016 frente a las 417 de 2015), así como los abusos sexuales con 795 causas investigadas en 2016 frente a las 664 de 2015.

El número de procedimientos incoados en 2016 en delitos informáticos contra la propiedad intelectual descendió un 22,8 por ciento, al reducirse de los 70 de 2015 a los 54 del pasado año, según la memoria. Con este descenso se rompe la tendencia alcista que se venía observando en años precedentes. Además, estas causas son objeto de un especial seguimiento por parte de la fiscalía debido el perjuicio económico que generan y las dificultades en su investigación y enjuiciamiento.