Se cumple un año del crimen de la CAM con la investigación en su recta final

El juez, el fiscal, los abogados del caso y la policía, durante la inspección ocular del escenario del crimen./Efe
El juez, el fiscal, los abogados del caso y la policía, durante la inspección ocular del escenario del crimen. / Efe

A pesar de que la policía encuentra indicios incriminatorios contra Miguel López, no hay pruebas que demuestren que cometió el asesinato

EFE y C. C.

Ayer se cumplió un año de un crimen que conmovió a la sociedad alicantina y que todavía sigue sin resolver, principalmente por la falta de pruebas contra el único sospechoso. El asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, se produjo el 9 de diciembre de 2016. Doce meses después, continúa aún bajo investigación en el Juzgado de Instrucción 7 de Alicante.

El único sospechoso, Miguel López, yerno de la fallecida, acude a firmar al palacio de justicia de la ciudad cada lunes desde el pasado 20 marzo, cuando el magistrado José Luis de la Fuente decretó su libertad bajo fianza de 150.000 euros, después de pasar casi un mes y medio en prisión preventiva.

Los investigadores sostienen que fue el propio López quien mató de dos disparos a su suegra, de 72 años, sobre las 18.30 horas del 9 de diciembre de 2016, en el lavadero del concesionario de coches Novocar, propiedad de la familia y del que él era gerente. La hipótesis del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Alicante se sustenta en una veintena de indicios incriminatorios contra el único sospechoso, pero no hay pruebas directas de su participación en los hechos. El sumario del caso se centra principalmente en las contradicciones en las que López habría incurrido respecto a otros testigos -trabajadores del concesionario o una hermana de la difunta- sobre sus movimientos previos al crimen.

Según la Policía, el enfrentamiento entre el primogénito de la fallecida, Vicente Jesús Sala, y sus tres hermanas, Antonia, Eva Fuensanta y Mar, por el control de las empresas familiares fue el móvil del asesinato. Concretamente la llamada «acción de oro» de Samar Internacional SL, la multinacional del sector del plástico de la familia Sala Martínez, que cuenta con delegaciones en varios países de Latinoamérica y que facturó el pasado año 240 millones de euros. Esa participación social confiere poder decisorio en la sociedad a su poseedor y, tras la muerte del expresidente de la CAM, en 2011, pasó a manos de su viuda, que era depositaria fiduciaria de la misma hasta que la heredara el hijo varón de ambos.

Últimas diligencias

Vicente Jesús Sala y sus hermanas mantienen ahora demandas cruzadas en un Juzgado de Primera Instancia y otro de lo Mercantil por los acuerdos de las juntas de accionistas anteriores al crimen y por el testamento de su padre. Mientras tanto, en la jurisdicción penal, la causa, que se tramita por el sistema de jurado popular, sigue en fase de instrucción, pendiente de la práctica de las últimas diligencias de prueba solicitadas por fiscalía y defensa.

El abogado de Miguel López, Javier Sánchez-Vera, ya ha anunciado reiteradamente que pedirá, en el «momento procesal oportuno», el archivo del caso, ante la falta de pruebas para sentar a su cliente en el banquillo de los acusados.

La Policía no ha encontrado el arma homicida, una pistola de principios de siglo XX con munición manipulada artesanalmente, y tampoco ha hallado vestigios biológicos del sospechoso ni en una de las vainas percutidas ni en el cadáver de la víctima. Del mismo modo, los registros practicados en su vivienda y el concesionario no han arrojado pruebas que le inculpen, a falta de que expertos policiales en informática puedan acceder a los datos de su teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos.

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