Las Provincias

Condenan con 14.100 euros a un corredor por lesiones a una voluntaria

Cientos de corredores, durante el desarrollo de una prueba en Valencia. :: juan j. monzó
Cientos de corredores, durante el desarrollo de una prueba en Valencia. :: juan j. monzó
  • El deportista popular se coló en la 10K paralela al Maratón y en su huida al ser detectado empujó a la víctima que sufrió una contusión craneal

El Juzgado de lo Penal Número 10 de Valencia condenó el pasado 27 de septiembre a un corredor popular por un delito de lesiones a una voluntaria de la XXXIII Maratón Divina Pastora de Valencia que se celebró el 17 de noviembre de 2013. El juez Gonzalo Pérez Fernández consideró probado que el acusado, que responde a las siglas A. B. G., golpeó a la víctima en la huida que emprendió al ser identificado por los miembros de la organización por correr con un dorsal que no correspondía a la 10K paralela que se celebra junto a la Maratón. La sentencia estima que el demandado deberá pagar una multa de 1.800 euros por el delito de lesiones a lo que hay que sumar 12.300 euros por los daños causados a la víctima como responsibilidad civil derivada del delito, en el que la compañía de seguros que tenía suscrita la póliza con la carrera tendrá que responder de forma solidaria, puesto que la voluntaria estaba recogida por ella debido a su actividad esa mañana.

La sentencia, a la cual ha tenido acceso este periódico, considera probado que A. B. G. salió a correr la 10K sin que previamente se hubiera inscrito para la prueba, es decir sin pagar la cuota correspondiente y sin recibir el dorsal acreditativo para poder disputar la prueba. Para tratar de ocultar ese dato, el acusado se colocó en la camiseta un dorsal correspondiente a otra carrera, concretamente del circuito de carreras populares que se disputa en Valencia. De este modo, completó la casi totalidad de la prueba pero a 150 metros de la meta, justo en el lugar donde se gira a la izquierda del museo Príncipe Felipe para acceder a la pasarela final, fue detectado por personal de la organización. En un primer momento, atendió a las indicaciones para que abandonara el recorrido pero logró zafarse de repente para comenzar una huída en zig zag camino de la meta. En su trazado, se encontró con la víctima, voluntaria de animación, a la que propinó un fuerte empujón en el pecho para apartarla y seguir su carrera. A consecuencia del violento empujón P. N. M, de 41 años, cayó de espaldas al estanque situado junto al museo golpeándose en la cabeza y sufriendo una contusión craneal con hematoma en el cuero cabelludo occipital y una fractura cerrada con aplastamiento del platillo vertebral superior T12 sin desplazamiento. Para su curación necesitó de 150 días, tres de ellos hospitalizada, de los cuales 87 fueron impeditivos para el desarrollo de su ocupación habitual.

Tras la misma le quedaron como secuelas algias lumbares residuales sin compromiso radicular y aplastamiento vertebral del platillo superior menor del 50%. Para la condena fue clave la prueba testifical de un testigo, miembro del C.D. Correcaminos e integrante de la organización del Maratón, que fue quien detectó la presencia del acusado en la prueba y el encargado de darle el alto. El testigo, J. C. V., describió a la perfección toda la secuencia desde que el corredor se zafó del personal de la organización. Aunque el condenado negó en todo momento que agrediera o empujara a personal alguna, la prueba testifical confirmó que se quitó de encima a la víctima de un empujón «posiblemente producto del ataque de 'adrenalina' que dijo haber sentido en aquellos momentos».

El testimonio que aportó la defensa, formulado por R. L. M., no logró probar que los hechos ocurrieron de otra forma dado que dicha testigo sólo observo según su declaración cómo el personal de organización interceptaba al corredor, pero no toda la secuencia posterior a ese momento donde se produjo el empujón que desencadenó el daño.

El juez dedicó varios folios de los fundamentos de derecho a acreditar que la acción del condenado debía considerarse una conducta dolosa, rechazando la propuesta de la defensa de considerar los hechos como un delito de lesiones por imprudencia. «Quien conoce suficientemente el peligro concreto generado por su acción, que pone en riesgo específico a otro, y sin embargo actúa conscientemente, obra con dolo pues sabe lo que hace», apuntó el magistrado en uno de sus razonamientos citando la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, para acabar concluyendo que el autor «aunque no persiguiera intencionadamente» la producción de las lesiones, conocía que utilizaba unos medios potencialmente capaces de producirlas y siguió actuando.

El juez absolvió al acusado de un delito de daños al teléfono de la voluntaria, puesto que la cuantía de su rotura está incluida en la sentencia del delito de lesiones. El terminal fue valorado en 300 euros, añadidos a los 7.425 resultantes de los 150 días que la víctima estuvo convaleciente y los 4.575 en los que se calculó por parte del forense las secuelas. En la multa, el juez se acogió al baremo más bajo, seis meses, teniendo en cuenta el contexto de los hechos, la entidad del daño y las circunstancias del condenado.