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Una abuela y su vecino guardia civil frustran un 'secuestro virtual'

Varios residentes en Utiel recibieron la llamada realizada desde una cárcel de Chile y una de las víctimas envió 1.000 euros al estafador

Javier Martínez

Viernes, 17 de abril 2015, 20:27

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Primeros días de febrero en Las Rozas (Madrid). Se juega el partido de Liga aplazado entre el Real Madrid y el Sevilla. No había terminado el primer tiempo cuando una abuela recibe una llamada en la que le comunican que su nieto ha sido secuestrado. Por 5.000 euros, le liberarán. "Abuela, paga, que me matan", pudo escuchar la mujer al otro lado del teléfono. Con los nervios, no se percató de que la voz del menor no se correspondía con la de su nieto.

Se trataba de uno de los que erróneamente se denominan secuestros virtuales, que no son más que una especie de estafa o timo para conseguir dinero de los familiares de víctimas que, en realidad, nunca lo han sido. La suerte quiso que el vecino de rellano de esta abuela fuera un agente del Equipo de Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que inmediatamente recurrió mientras el teléfono no paraba de sonar.

En una de las llamadas los supuestos secuestradores le instaron a que no se pusiera en contacto con nadie de la familia ni de la policía, porque de lo contrario, su nieto sufriría las consecuencias. Mientras, en cada llamada los comunicantes iban poco a poco rebajando la cantidad exigida para el rescate.

Por supuesto, y asesorada por su vecino, la mujer localizó a su nuera, la madre del menor. Media hora más tarde, también pudieron dar con el secuestrado y juntos acudieron al cuartel de la Guardia Civil para interponer la denuncia. Junto con sus compañeros del Equipo de Secuestros de la UCO, que montó rápidamente un gabinete de crisis, el agente pudo averiguar que la llamada procedía de Chile, por lo que esa misma noche hicieron gestiones con la policía de ese país, con la que mantienen continuos contactos gracias a su integración en la Red Iberoamericana de Secuestros, actualmente presidida por la Guardia Civil.

A partir de ahí, las llamadas a decenas de domicilios se dispararon, tanto en la demarcación de la Policía como de la Guardia Civil, concretamente de las provincias de Madrid, Baleares, A Coruña, Jaén, Valencia, Alicante o Almería. Hasta una treintena de casos ha contabilizado la Guardia Civil en su territorio. En algunos de ellos, las familias han pagado, como una vecina de Utiel que envió 1.000 euros a los estafadores. Otros vecinos del pueblo valenciano recibieron la alarmante llamada, pero o no eran padres o tenían localizados a sus nietos.

El caso de Las Rozas permitió a la UCO tirar del hilo e iniciar una investigación que llevó sus sospechas hasta Chile y, en concreto, hasta una cárcel de este país sudamericano, desde donde los cabecillas de la red dirigían una trama dedicada a esta actividad delictiva. En apenas dos meses, las fuerzas de seguridad del Estado han esclarecido una estafa que ha tenido en vilo a muchas familias españolas.

La trama chilena

La Policía Nacional identificó y localizó a los miembros de la trama chilena que realizaron centenares de llamadas a ciudadanos españoles. Dos agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron recientemente a Santiago de Chile para colaborar con la Policía de Investigaciones Chilena (PDI) en la búsqueda de los autores de la estafa. Los autores intelectuales de las llamadas delictivas fueron localizados en un centro penitenciario de Santiago de Chile, desde donde realizaban las comunicaciones telefónicas con España, y familiares y conocidos de ellos se encargaban de recibir los ingresos de dinero.

Ahora, la autoridad judicial competente en aquel país tendrá que actuar en función de su legislación y de la comisión rogatoria internacional emitida desde España. En casi dos meses, la Policía Nacional ha recibido 162 denuncias en distintas provincias, la mayoría de ellas presentadas en Madrid, con 75 casos, y Málaga, con 35, seguidas de Zaragoza y Sevilla. Tan sólo un 10 por ciento de las víctimas pagaron el supuesto rescate.

En estas llamadas, los falsos secuestradores les exigían de 350 a 5.000 euros por la liberación de un familiar y lograron estafar a 14 víctimas unos 11.000 euros. Aunque sus objetivos eran elegidos de modo aleatorio, el perfil de la víctima que ingresó el dinero solicitado responde al de una persona de avanzada edad y no habituada a relacionarse en redes sociales. La policía sospecha que los presos chilenos podrían seguir realizando esta estafa telefónica hasta que no se cierre el proceso judicial abierto en aquel país.

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