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La mala vida del maquinista Garzón

El maquinista Francisco José Garzón Amo, con la frente ensangrentada, camina junto a un policía
El maquinista Francisco José Garzón Amo, con la frente ensangrentada, camina junto a un policía / REUTERS
  • «Tuvo lesiones físicas muy importantes de las que se recuperó y sigue con apoyo psicológico y de baja labora, señala Manuel Prieto, abogado defensor del maquinista

«Me quiero morir, no quiero ver esto», sollozaba el maquinista Francisco José Garzón Amo, con la cara cubierta de sangre y media docena de costillas rotas, poco después del accidente de Angrois. «Espero que no haya muertos, porque caerán sobre mi conciencia», dijo entonces. Han sido sus últimas palabras. Desde aquella tarde, la vida de este veterano maquinista ha tenido muy pocas horas de sosiego.

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Garzón, de 53 años, vive con su madre, una mujer mayor, que había perdido a un hijo en accidente de tráfico. Estaba adscrito a la residencia de Coruña, viviendas para ferroviarios como las de Monforte de Lemos donde Garzón, hijo de la empresa, creció. «Pero sufrió mucho acoso y cambió de domicilio. Ahora ni yo sé dónde vive. Me comunico con él por teléfono», señala Manuel Prieto, abogado defensor del maquinista. «Tuvo lesiones físicas muy importantes de las que se recuperó y sigue con apoyo psicológico y de baja laboral. Está intentando recuperarse; pero estos días no van a ser buenos para él. Piensa irse a otro sitio, aunque verá cosas en los periódicos y en televisión. Y los recuerdos siempre estarán ahí. Los maquinistas, o van a la cárcel o van a la tumba. Pero en un sistema ferroviario seguro no deberían producirse accidentes», proclama el abogado Prieto.

La investigación de las circunstancias que concurrieron en el accidente del Alvia ocupa ya 47 tomos y más de 20.000 folios en las oficinas judiciales de Santiago. El juez Luis Aláez, que investigó con mano firme el suceso, acaba de ser sustituido en la instrucción del caso por Andrés Lago Louro (Muros, 1973), un juez de 41 años de trato abierto y amable, con experiencia en la investigación del narcotráfico y que dirigió la Operación Orquesta sobre una presunta trama de corrupción en la Costa de la Muerte.

Lago Louro ha pedido vacaciones este mes para estudiar el extenso expediente y aprovechará también la escasa actividad de agosto para dejarse las pestañas en un sumario repleto de complejos detalles técnicos ferroviarios.

Además de imputar al maquinista Garzón, el juez Aláez citó a declarar a 12 directivos de Adif con el ánimo de dirimir la responsabilidad de la compañía en los supuestos fallos de seguridad detectados. «Esa línea de investigación fue, sorprendentemente, recurrida por el fiscal. Todos se acogieron a su derecho a no declarar... Estamos a la espera de los informes definitivos de los peritos. Esa será la prueba reina», apunta Manuel Alonso, abogado de la Plataforma Víctimas Alvia 04155. Los propios correos electrónicos que intercambió con sus colegas el jefe de maquinistas de Orense, advirtiendo de la desconexión del ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario), probarían, según las víctimas, que la vía carecía de las garantías de protección necesarias.

«Las chapuzas del AVE»

«Mi línea de defensa será argumentar que la línea 082 de Alta Velocidad Orense-Santiago carece de todos los estudios de riesgos y medidas de seguridad adecuados y necesarios. Esa fue la causa principal del accidente. Un despiste o un lapsus del maquinista -argumenta el abogado Manuel Prieto- nunca debe ser causa de un accidente así. Hay tecnología y requisitos suficientes para que esto no ocurra». De hecho, apenas una semana después de la tragedia, Adif instaló un sistema de frenado automático a 4 kilómetros de Angrois para velocidades superiores a 160 kilómetros.

«Pero el AVE es la joya de la corona de España», ilustra Manuel Alonso, uno de los abogados de las víctimas. «Por eso nadie quiere sacar a la luz sus chapuzas». Según estas fuentes, Andrés Cortabitarte, el director de Seguridad en la Circulación en 2012 que tomó la decisión de rebajar las medidas de alerta en el tramo del siniestro, ejerció como perito judicial en la investigación del accidente del metro de Valencia en 2006 que causó 43 muertos y 47 heridos.

Los familiares de las víctimas que lo solicitaron (y a la espera de lo que depare el juicio en materia de indemnizaciones) recibieron 60.000 euros por cada víctima mortal. Este dinero corresponde al llamado Seguro Obligatorio del Viajero. Algunos heridos cobraron cantidades que rondaron los 7.000 euros. La compañía debió depositar en el juzgado 2,3 millones para atender a la responsabilidad civil del accidente de Angrois.

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