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La casa donde falleció la familia. /
Imputan a dos personas por la intoxicación de la familia de Alcalá que murió en diciembre

Imputan a dos personas por la intoxicación de la familia de Alcalá que murió en diciembre

Se trata de un chatarrero y la empleada de una empresa de gestión de residuos tóxicos

CECILIA CUERDO

Jueves, 3 de julio 2014, 17:12

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Un juzgado de Alcalá de Guadaira ha imputado a dos personas por su presunta vinculación con la muerte de un matrimonio y su hija menor el pasado mes de diciembre a causa de la inhalación de un plaguicida procedente de los cientos de tapones de plástico que almacenaban en su vivienda para venderlos. Fuentes judiciales han explicado que se trata de un chatarrero y la empleada de una empresa de gestión de residuos, a los que se imputa por un delito contra el medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente.

La juez instructora estima que pudo existir delito en el tratamiento de dichos tapones de plaguicidas que causaron la muerte de la familia a finales de 2013, por lo que se les tomará declaración a estos imputados en las próximas semanas, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La investigación, no obstante, sigue abierta.

En un primer momento se contempló la hipótesis de que la familia Enrique Caño,

61 años de edad; Concepción Bautista, de 50 años, y una hija de 14 años-- hubiera fallecido por ingerir comida en mal estado procedente de la basura, aunque la hija de 13 años, que sobrevivió a la tragedia por no encontrarse en casa esa tarde, descartó esta teoría. Los informes de toxicología apuntaron después a un plaguicida, el fosfuro de aluminio, como causa de la muerte, ya que en ambientes húmedos como el del baño donde se almacenaban provoca una reacción tóxica mortal.

En este sentido, las pesquisas policiales condujeron a una empresa de gestión de residuos, que supuestamente debería haberse deshecho de varias partidas de botes de aluminio que habían contenido el plaguicida, con un peso cercano a un millar de kilos. Fue una empleada, ahora imputada judicialmente, quien decidió venderlos por propia iniciativa a un chatarrero, también implicado ya por la juez, de la cercana localidad de Dos Hermanas. Los agentes barajan que este hombre pagara con los tapones a la familia por el metal que rebuscaban en los contenedores.

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