Las otras ‘dianas’ de la UCO

El equipo de la Guardia Civil que investiga los casos más espinosos de desaparecidos no da abasto. Cada vez más familias con un miembro ausente piden su intervención

Las otras ‘dianas’ de la UCO
INÉS GALLASTEGUI

«Estos son los casos más difíciles de investigar: no hay testigo, ni móvil ni víctima», explicaba hace unos días el coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí. Se refería a la desaparición de Diana Quer, que el órgano central de la Policía Judicial de la Guardia Civil acaba de resolver con la detención de José Enrique Abuín, y a la del niño canario Yéremi Vargas. No son las únicas ‘dianas’ que este servicio especializado en la persecución de los crímenes más graves tiene a tiro: cuando el jueves la familia dio sepultura a los restos de la joven, aún quedaban en España más de 4.000 casos abiertos de personas desaparecidas. Pero UCO hay una y solo interviene en la investigación cuando las unidades de policía judicial territoriales -de la Benemérita, la Policía Nacional o los cuerpos autonómicos- precisan apoyo técnico y humano. Cada vez más familias con un miembro ausente reclaman su intervención. «Necesitamos una unidad especializada en cada provincia», reclama Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, que lamenta los recortes y la desigualdad de recursos. «¿Hay desaparecidos de primera y de segunda? Yo diría que hasta de sexta», asegura.

Desaparecidos

Centro nacional
A finales de 2017 empezó a funcionar el Centro Nacional de Desaparecidos, que controlará la base nacional de personas desaparecidas y restos humanos localizados y servirá de coordinación entre la administración, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las ONG y las familias afectadas. Depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, no tiene presupuesto propio y dispone de una plantilla de nueve personas.
21.000
denuncias por desaparición de personas se registran cada año en España. Entre las de menores, que son una de cada cinco, el 99% son fugas voluntarias de centros de menores o del hogar y se resuelven en pocos días.
Alertas internacionales
La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos se creó en 2010 para difundir las alertas de personas desaparecidas y colaborar con las fuerzas de seguridad en la resolución de los casos. Hoy tiene 34 voluntarios, colabora con asociaciones similares de todo el mundo y sus alertas llegan a 68 millones de personas. La asociación presta apoyo social, psicológico y jurídico a las familias. Dispone de dos teléfonos 24 horas. «A veces solo llaman para desahogarse», admite su presidente, Joaquín Amills, padre de un joven desaparecido en la costa de Almería en 2008.
4.167
personas están desaparecidas en España. Las provincias con más casos abiertos son Cádiz (588), Barcelona (396), Madrid (293), Granada (268), Málaga (253) y Almería (214), según datos del Ministerio del Interior.
Derecho a desaparecer
Cuando la persona desaparecida es mayor de edad y su fuga es voluntaria, «tiene derecho a no querer saber nada de su familia, pero no a permanecer desaparecida», señala Amills. Cuando es localizada, las fuerzas de seguridad le toman declaración y comunican la situación a la familia.
31%
de las personas mayores de 70 años que desaparecieron en 2016 fueron encontradas muertas, en muchos casos a poca distancia de sus casas. El porcentaje es altísimo, pero inferior al de años anteriores, según SOS Desaparecidos, gracias a que la respuesta de las fuerzas de seguridad, ayuntamientos y protección civil y las alertas a través de redes sociales son cada vez más rápidas. El uso de dispositivos con GPS para personas con demencias, depresión grave o movilidad reducida prevendría gran parte de estas muertes.
48
horas había que esperar antes de denunciar la desaparición de una persona mayor de 18 años. Hoy ya no es necesario. Los expertos coinciden en que las horas posteriores a la desaparición son claves en la investigación.

Yéremi Vargas El juez desbarata las pruebas contra el único sospechoso

Yéremi Vargas, de 7 años, jugaba en un descampado cerca de su casa de Vecindario, en Gran Canaria, cuando se le perdió la pista, el 10 de marzo de 2007. Después de interrogar a decenas de sospechosos y rastrear 500 pozos, barrancos y contenedores, hace dos años la UCO detuvo a Antonio Ojeda, ‘El Rubio’, un chatarrero que estaba en la zona aquel día y que durante su estancia en prisión por otros delitos alardeó ante varios reclusos de ser el autor del crimen. El caso dio un giro inesperado en octubre, cuando el juez Juan Manuel Hermo archivó la causa alegando que las pruebas eran solo «valoraciones subjetivas» de los investigadores. Manuel Sánchez Corbí le denunció tras una fuerte discusión telefónica y el Poder Judicial ha sancionado la «desconsideración» del magistrado con una multa de 500 euros. El sobreseimiento está recurrido ante la Audiencia Provincial y ‘El Rubio’ cumple condena por agredir sexualmente a otro niño.

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«Es como si Diana fuera nuestra. Hemos vivido lo mismo: su caso también lo archivó el juez y al final la Guardia Civil no se equivocaba -afirma Milagros Suárez, la tía del pequeño-. La diferencia es que ‘El Chicle’ tenía la coartada de su familia y ‘El Rubio’ estaba solo. Por eso queremos un careo con sus compañeros de prisión».

«Lo he sentido como si fuera de mi propia familia -reconoce Ithaisa, la madre del niño-. He tenido pesadillas imaginándome que era yo la que veía cómo encontraban el cuerpo de mi hijo. Pero dentro de todo el dolor que está sintiendo, la familia ha tenido suerte: es necesario recuperar el cuerpo; si no, no descansas nunca. Nosotros estábamos a un paso…».

Marta del Castillo El «error» de no encontrar primero el cadáver

El caso de Marta del Castillo ha sido, junto al de Diana Quer, uno de los más mediáticos que han sacudido España. La joven sevillana de 17 años desapareció el 24 de enero de 2009 cuando iba a encontrarse con unos amigos. Veinte días después, su exnovio Miguel Carcaño confesó haberla asesinado, por lo que fue condenado a 21 años y 3 meses de cárcel. Otros tres implicados quedaron en libertad. El autor del crimen se ha estado burlando de la familia y de la policía y ha ofrecido hasta nueve versiones de los hechos que han dado lugar a innumerables búsquedas fallidas del cadáver. El caso está cerrado, explica el padre, Antonio del Castillo, porque el juez «no se ha creído» la última versión de Carcaño: que fue su hermanastro el que mató a Marta golpeándola con una pistola.

«Es triste decirlo, pero en cierto modo envidio a la familia de Diana», reconoce. A su juicio, los agentes de la UCO fueron «muy inteligentes» al dirigir el interrogatorio de Abuín a descubrir el paradero del cadáver. «Si después el detenido no quiere contar lo que hizo, no importa, porque el cuerpo te va a decir lo que ocurrió a través de los forenses», aduce.

El padre sevillano también lamenta que, en su caso, se perdieran horas preciosas tras la desaparición de la chica: «La primera persona que se presentó en mi casa no fue un policía; fue un periodista». Y quien comenzó la investigación, el grupo de menores, que carece de entrenamiento para analizar homicidios. Del Castillo pidió la intervención de la UCO, pero se la negaron. «Me dijeron que había visto muchas películas», afirma.

Francisca Cadenas La familia pide más medios para hallar pistas

A Francisca Cadenas se la tragó la tierra el 9 de mayo de 2017. La vecina de 59 años de Hornachos (Badajoz) salió de su casa hacia las once de la noche para acompañar a una pareja amiga y a su hija pequeña, a la que había estado cuidando. Se cruzó con el menor de sus tres hijos, José Antonio, y le dijo que enseguida volvía. Pero nunca regresó. En los 50 metros de trayecto desapareció. Iba en chándal, sin dinero ni DNI. El pueblo se ha volcado en las batidas por el monte y las fuerzas de seguridad han rastreado por aire y bajo el agua en un pantano cercano. Ni rastro de Francisca.

La familia insiste en que, ante el parón de las investigaciones, debería intervenir la UCO, como en el caso de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio, también en Badajoz, desaparecida en julio de 2016: los vecinos de Hornachos lo exigieron en la calle y 25.000 firmas respaldan la petición. Pero la Guardia Civil de Extremadura dice que no necesita refuerzos.

«El caso no está parado, sino lo siguiente. A los tres días estaba archivado. ¿Por qué en algunos casos la UCO interviene y en otros no? ¿Es porque somos una familia humilde en un pueblo de 4.000 habitantes?», se pregunta José Antonio. El joven se compadece de los Quer, pero argumenta que conocer el desenlace de una desaparición es necesario para pasar página. «Nosotros ni siquiera sabemos qué le ha pasado a mi madre», se queja.

María Teresa Fernández El último SMS no sirvió para localizar el móvil

María Teresa Fernández, como Diana Quer, desapareció en agosto durante las fiestas patronales en Motril (Granada), la noche del 18 de agosto de 2000. «Puede que llegue tarde pero voy. Espérame», le dijo a su novio en su último SMS. El mensaje apuntaba a que la chica se entretuvo con alguien conocido o que le inspiró confianza, pero no sirvió para dar pistas sobre dónde estaba: en aquella época las técnicas de localización a través del móvil estaban en pañales y los teléfonos no llevaban GPS. En las primeras 48 horas «no se hizo nada», lamenta la familia, en parte porque la víctíma ya tenía 18 años y la Policía Nacional barajó la hipótesis de una fuga voluntaria. Su abogado, José Rojas, confirma que se investigó a todo el entorno de la chica, sin éxito. «Se hizo lo que humanamente se pudo en aquel momento», admite el padre, Antonio Fernández. «Me consta que este caso es una espina clavada para la Policía», corrobora el letrado, convencido de que la chica no pudo montarse en un coche en la zona más concurrida de Motril sin que nadie la viera. «Algún día, a alguien que vio algo y calló le remorderá la conciencia y hablará», confía.

La única línea que sigue abierta es la que apunta a Tony King, el asesino de las malagueñas Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes, actualmente en prisión. Él mismo reconoció ante el juez que había participado en el crimen de María Teresa junto a su compinche Robert Graham -que en aquel momento vivía en Nerja, a 20 minutos de la localidad costera granadina-, pero fue incapaz de ofrecer ningún detalle que confirmara la veracidad de sus palabras. El proceso, que ha estado archivado varias veces, sigue vivo: la última diligencia del juzgado fue ordenar localizar a Graham, buscado por la Interpol.

«La cosa está dormida -admite el padre, que se siente contento por la familia Quer-. Nos ha dado alegría que se haya podido resolver el caso gracias al buen trabajo de la Policía y la Guardia Civil. Nosotros seguiremos esperando».

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