Los Mossos d'Esquadra en medio de la tangana

Ante la «incertidumbre» generada por el 'procés', los agentes reivindican su «neutralidad» | «Obedecemos las leyes y punto»

JOSEBA VÁZQUEZ

Sí, vienen curvas». Los recientes cambios en la cúpula del Departamento de Interior de la Generalitat se resumen de forma tan gráfica en boca de un representante sindical de los Mossos d'Esquadra. El relevo del exconseller Jordi Jané y el anterior director general de la Policía autonómica, Albert Batlle, por Joaquim Forn y Pere Soler, respectivamente, genera escasas dudas entre los analistas. Con estos nombramientos, considerados clave dentro de la doble crisis ahora cerrada en el Govern, el president Carles Puigdemont se asegura un perfil inequívocamente independentista en los dos sillones políticos que controlan y mandan sobre la cúpula policial. Y no es cualquier cosa; se trata de una institución que puede jugar un papel nuclear en la culminación del 'procés' allá por el 1 de octubre, fecha en que se anuncia el referéndum soberanista. El estrenado conseller Forn se ha mostrado «absolutamente comprometido» con la consulta y su lugarteniente Soler tuiteó hace unas semanas un mensaje nítido: «Votaremos el 1-O. No lo podrán evitar».

Puigdemont ha sabido elegir de forma óptima para sus fines. Todo atado y bien atado. ¿Consecuencias para los 16.783 agentes que integran actualmente los Mossos d'Esquadra? «Mayor incertidumbre», «cierta intranquilidad» y un sentimiento creciente de estar siendo «instrumentalizados dentro de un juego político en el que no queremos estar». Lo expresan de forma unánime sus representantes sindicales. Se trata, tal vez, en el momento presente, de uno de los cuerpos policiales más observados del mundo. Vigilado, cabría decir, desde los dos frentes en disputa. Expuesto, por tanto, a una balacera incesante, incómodamente situado justo en medio de la línea de tiro entre dos trincheras antagónicas.

Pero esa posición fastidiosa no parece alterar la firmeza de los Mossos en los principios de su trabajo. «Lo que se espera de cualquier sociedad moderna y democrática es que los cuerpos y fuerzas de seguridad se mantengan siempre en la más absoluta neutralidad política. Eso es lo que se espera de una Policía profesionalizada y democrática: la función de los agentes es garantizar la seguridad pública de las personas y ciudadanía en general», recuerda Inma Viudes, portavoz de SAP-Fepol (Sindicat Autòmom de Policía), que cuenta con 8.500 afiliados y es la agrupación mayoritaria entre los Mossos. Por ello, «vamos a pedir al nuevo director que, por favor, no se nos instrumentalice». «Estamos en la línea del anterior director, Albert Batlle, cuando decía que nuestra misión es cumplir y hacer cumplir la ley -añade Viudes-. No creo que ningún policía a día de hoy sea capaz de cumplir una orden ilegal de forma consciente».

La doble legalidad y el 'major'

En idéntica línea se manifiesta Toni Castejón, secretario general y portavoz del SME (Sindicat de Mossos d'Esquadra), al que pertenecen casi 3.000 agentes. «Nosotros obedecemos las leyes y punto. A partir de ahí, las interpretaciones que puedan hacer los políticos es cuestión suya. El trabajo policial es el que es: cumplir y hacer cumplir la ley».

Declaraciones aplaudidas ayer mismo por Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deportes y portavoz del Gobierno: «Me parecen impecables estos posicionamientos porque los Mossos sirven a toda la sociedad catalana». Claro que el nuevo conseller de Interior, el independentista Joaquim Forn, ya ha lanzado un aviso a navegantes al garantizar que «los Mossos facilitarán la normalidad» el 1 de octubre «para que se pueda desarrollar una jornada electoral con toda la seguridad y tranquilidad, como siempre han hecho los Mossos y cualquier Policía». Fuego cruzado.

Y cumplimiento de la ley. Pero en la delimitación de ésta radica otro de los pasos próximos del Govern en la idea de generar una 'doble legalidad'; o, más exactamente, un marco jurídico propio que, en su opinión, superaría el marco español. La Ley 10/94 de la Policía de la Generalitat, aprobada por el Parlament, expone claramente que «el Cuerpo de Mossos d'Esquadra actuará en los términos establecidos por los artículos 126 de la Constitución, 13.5 del Estatuto de Autonomía y 443 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial». Todos los agentes han jurado esas normas. No obstante, el Govern tramita en el Parlament una Ley de Transitoriedad Jurídica que podría modificar esta regulación y dejar a los policías en la encrucijada de escoger entre la legalidad española y la catalana.

Si la Ley del Referéndum se aprueba finalmente a principios de septiembre, como pretende la Generalitat, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tardará solo unas horas en presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, que en el plazo de uno o dos días suspenderá cautelarmente esa ley, lo que permitirá tomar medidas contra quienes incumplan la suspensión. Una maraña jurídica de la que tardarían mucho en escapar doctores cum laude.

Los Mossos pueden encontrarse, por tanto, el 1-O con la orden de facilitar la apertura de los colegios electorales y la contraria, con el mandato de garantizar el voto de los ciudadanos y de impedirlo. Y aquí es donde cobra un papel relevante Josep Lluis Trapero, nombrado el pasado abril 'major' de los Mossos. Puigdemont recuperó así una figura desaparecida hace diez años y que ocupa la responsabilidad máxima en el cuerpo. El 'major' recibe instrucciones políticas del conseller y el director general y las transmite a la escala de mando. Esto concede una «cierta tranquilidad a los agentes». «Vamos a pedir que no se nos ponga en tesituras extrañas ni que tengamos que escoger entre dos legalidades. Sólo puede haber una legalidad y ni un agente debe sufrir ninguna consecuencia profesional, y mucho menos jurídica o penal, por acontecimientos de esa jornada», razona Inma Viudes.

Coincide Toni Castejón. «Espero que no se nos ponga en ningún compromiso. Este es un cuerpo jerárquico y se obedecen órdenes. Evidentemente, si llegara una orden que va en contra de absolutamente todo tendríamos un problema y veríamos qué sucede. Si las órdenes no son legales, pues será un día muy complicado, pero espero que eso no ocurra; confío en el buen criterio de todo el mundo», dice el secretario general del SME. Ahora bien, si llegara el caso de recibir dos órdenes contradictorias, la decisión de cuál obedecer «la tendrá que tomar el 'major' del cuerpo, el señor Trapero. Los agentes no tenemos esa potestad o capacidad de decisión».

«Cuando se da una orden por parte de un juez, eso va arriba de todo. Y entonces ya es el conseller o el director general quien decide si transmitirla o no. La responsabilidad no recae en el agente. Si hay desacato, la responsabilidad será de los políticos y mandos policiales», aprecia David Miquel, portavoz del SPC (Sindicat de Policies de Catalunya). Jordi Costa, secretario general del SindiCAT, entiende que el colectivo vive un momento que «exige, sobre todo, rigor y tranquilidad, porque si nos ponemos ya nerviosos podemos llegar desquiciados». Costa no cree que entre los agentes «haya ninguna disyuntiva sobre cuál es la ley válida. Es la que marcan el Código Penal, la Constitución y la carta magna autonómica. Ante una ilegalidad, mi referencia es un juez, no un conseller».

Protección jurídica

«Lo que pedimos al anterior conseller, y ahora también al nuevo, es claridad en las órdenes para el referéndum. A quién hay que obedecer no es decisión que nos corresponda tomar a nosotros, sino a los jefes policiales y políticos. La Policía es apolítica», abunda Josep Miquel Milagros, portavoz de USPAC (Unió Sindical de la Policia Autonómica de Catalunya), con 1.700 afiliados. Milagros apunta, no obstante, un matiz algo diferente. «Toda Policía está para hacer cumplir la ley, pero también debemos ser realistas y, en tiempos de democracia, no creo que sea bueno para nadie ver policías sacando urnas de colegios electorales. No creo que eso sea una buena imagen de democracia».

En los Mossos d'Esquadra hay, por supuesto, independentistas, lo contrario y «gente que pasa de todo». Pero, ante una situación delicada, prioriza la defensa gremial. Jordi Costa, partidario de la «calma», recuerda que los agentes «siempre tendrán el estamento jurídico por si hay que acudir a él. Estaremos expectantes para denunciar cualquier tipo de irregularidad». Inma Viudes, del SAP, garantiza que sus compañeros «van a tener detrás todo el respaldo de nuestro equipo jurídico». Hay que tomar medidas ante las curvas que se acercan por el horizonte.

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