La Iglesia pide que no se use la lista de sus bienes para una «desamortización encubierta»

José María Gil Tamayo./Efe
José María Gil Tamayo. / Efe

Los obispos insisten que realizaron las inmatriculaciones dentro de la ley, pero admiten su «sorpresa» porque el Gobierno vaya a elaborar el censo que le reclama la oposición

A. T.Madrid

La Iglesia española está preocupada por los hechos que pueden derivarse de la decisión del Gobierno de cumplir el mandato del Congreso y elaborar un listado con los bienes que los obispados españoles pusieron a su nombre en los registros oficiales, sin necesidad de poseer título de propiedad, desde 1998, gracias a una reforma legal del Ejecutivo de José María Aznar.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, no ocultó hoy que la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que hasta ahora se había negado a atender las demandas en tal sentido de la oposición y de varias organizaciones civiles, fue «una sorpresa» para la cúpula de la Iglesia Española, que no obstante reitera que ha realizado todo este proceso de inmatriculaciones, entre las que se incluye la de la mezquita-catedral de Córdoba, «con absoluto respaldo de la legalidad vigente».

Gil Tamayo pidió que la confección de este listado lo que no puede es dar lugar «a entrar en un clima de desamortización encubierta» o que determinados partidos u organizaciones lo conviertan «en un listado de bienes sujetos a subasta».

La Iglesia pudo poner a su nombre desde 1947, gracias a un reglamento franquista, cuantos bienes quiso en el registro aunque no hubiese documentos que certificasen su propiedad, y desde 1998, con la reforma de Aznar, también los templos, iglesias y demás lugares de culto.

El PSOE, que fue quien logró el mandato del Congreso, y varias organizaciones civiles defienden que la Iglesia aprovechó este ley franquista, que consideran inconstitucional, para apropiarse durante la democracia de numerosos inmuebles sin título de propiedad (o que eran de dominio público), por lo que también pidió al Ejecutivo que reclamase la devolución en estos casos.

En esta segunda parte no parece que el Gobierno vaya a hacer caso al Congreso, porque, según ha dado a entender en varias ocasiones el ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que las inmatriculaciones se han realizado dentro de la ley.

No obstante, nada más que se publique el listado, que pese a que excluya los miles de bienes legalizados desde 1947 a 1998 tendrá centenares o miles de inmatriculaciones de inmuebles del más diverso tipo, municipios, comunidades autónomas, instituciones y particulares, sobre todo los gobernados por la izquierda, podrían iniciar un torrente de demandas judiciales contra la Iglesia para reclamar la propiedad.

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