Los guardianes de la Tierra

5.000 pueblos indígenas de 90 países habitan el 20% de la superficie terrestre, donde se concentran dos tercios de la biodiversidad y los recursos naturales del planeta. Naciones Unidas y ONG admiten una «alarmante» tasa de violencia contra ellos

ICÍAR OCHOA DE OLANO

Soy el portavoz de la Confederación Iroquesa, seis pueblos organizados y gobernados de forma autónoma en los dominios que nos pertenecen desde hace siglos. Es la Sociedad de Naciones más antigua que existe. Intenta defender nuestro derecho a vivir con nuestras propias leyes en los pequeños países que nos han dejado, a adorar al Gran Espíritu a nuestra manera y a disfrutar de derechos tan nuestros como los del hombre blanco». Tal día como hoy, hace 94 años, una flamante corona hecha con penachos de plumas de aves penetraba en la sede de la Sociedad de las Naciones, en Ginebra. Su portador, un líder de la tribu norteamericana Canuga, emisario de los iroqueses (nativos de la zona de los Grandes Lagos, entre Ontario y Nueva York), entregaba al secretario general de la primigenia ONU 'The Redman's Appeal for Justice' (Reclamación de justicia de los piel roja), un documento de seis páginas que buscaba el reconocimiento internacional tácito de sus comunidades como pueblos originarios y no como minorías. Era el 6 de agosto de 1923. Aunque el jefe Deskaheh permanecería en la ciudad suiza durante más de doce meses peleando su misión, el organismo alumbrado por el Tratado de Versalles nunca le permitió siquiera exponer su reivindicación.

«Los desalojos forzosos se suceden en cada región». Gobiernos y grandes compañías necesitan pista libre para hacer cotos de caza, extraer petróleo o talar bosques

Prácticamente un siglo después de aquella tenaz tentativa, la situación de los pueblos indígenas del mundo transita entre la esperanza de los incuestionables logros que han cosechado en el campo identitario y normativo, y la estremecedora situación de miseria, acoso y discriminación en la que sobrevive la mayoría de ellos. Según cifras oficiales, desde los Hui Wigmen de Papúa Nueva Guinea a los Dogón de Mali o a los Nenet de Siberia, susbisten más de 5.000 grupos diferentes repartidos en noventa países de los cinco continentes. Los más antiguos moradores de la Tierra suman alrededor de 370 millones de personas. Aunque eso supone apenas el 5% de la población global, se bastan para representar al 15% de los pobres del mundo. Víctimas de la injusticia histórica ligada en gran medida al feroz proceso de conquista perpetrado por la Europa imperialista y al expolio que les infligen hoy los colonizadores económicos, estos colectivos, alejados de todo órgano de decisión, afrontan el día a día con enormes presiones y carencias en todos los ámbitos.

La cuerda floja y deshilada por la que están obligados a seguir caminando contrasta con el prometedor escenario que parecía abrirse el 13 de septiembre de 2007, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, el mayor hito en la sorda lucha de la causa indígena. Sin embargo, una década después de la consecución de este marco legal internacional sin precedentes, hay pocos motivos de celebración. Una cosa es promulgar derechos y otra bien distinta que los estados miembros tengan la voluntad de hacerlos cumplir. «Pese a los enormes avances normativos que se han derivado de aquel documento, la mayoría de los gobiernos de África y Asia todavía se siguen cuestionando la existencia de pueblos indígenas en sus propios estados. En América Latina, donde muchos países han desarrollado leyes específicas en beneficio de estos pueblos y donde se habían legalizado importantes espacios territoriales indígenas, estas comunidades están sufriendo una tremenda presión por parte de industrias extractivas y proyectos de infraestructuras. La riqueza de hidrocarburos, minera o maderera que albergan sus tierras lleva a muchos estados a otorgar concesiones de explotación de estos recursos a empresas privadas, aunque ese suelo tenga su titularidad. Existen mecanismos internacionales que obligan a las compañías a abrir un proceso de consulta previa y obtener el consentimiento de los propietarios, pero rara vez se cumplen, o bien no se realizan de buena fe», señala a este periódico Alejandro Parellada, asesor en América Latina del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), una potente ONG danesa, establecida en 1968, con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Hace apenas tres años, una consultora comisionada por la organización global Derechos y Recursos estudió este asunto y reveló que una de cada tres hectáreas que gobiernos de América Latina, África y Asia ponen en manos del sector privado para la explotación minera, agrícola-industrial o forestal afecta a tierras indígenas. El Proyecto Munden analizó para ello 153 millones de hectáreas en concesión en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Camerún, Liberia, Mozambique, Camboya, Indonesia, Malasia y Filipinas, y concluyó que el 31% de esa superficie pertenecía a comunidades locales. Mientras la insaciable civilización del consumo y el desarrollismo dilapida los recursos a marchas forzadas y busca más madera que quemar, los indígenas ejercen de verdaderos guardianes de la Tierra. A pesar de ocupar solo el 20% de la superficie terrestre, sus territorios custodian dos tercios de la biodiversidad y de los recursos naturales que quedan en el planeta.

Asesinatos e impunidad

Esta circunstancia no solo les coloca en la diana de gobiernos y multinacionales sino que explica, en buena medida, la «alarmante» tasa de violencia contra estas comunidades que constata IWGIA en 'Mundo Indígena 2017', un exhaustivo análisis de más de quinientas páginas sobre la realidad de estos pueblos que ha elaborado con motivo del décimo aniversario de la Declaración de Derechos de los indígenas. El informe denuncia «graves vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo y en cada región, donde se suceden desalojos y desplazamientos forzosos de comunidades indígenas», así como «el arresto, la amenaza y el asesinato impune de líderes y activistas indígenas involucrados en la defensa de derechos territoriales, como el de la hondureña Berta Cáceres», menciona. Hay casos lacerantes en cada rincón de cada continente, asegura el análisis. Desde la «brutal represión» del Gobierno tanzano contra pastoralistas en la región de Morogoro al objeto de usurpar sus terrenos y convertirlos en una lucrativa zona de caza controlada, al «hacinamiento» de 75.000 beduinos indígenas palestinos en 35 aldeas sin servicios básicos controladas por el Ejército de Israel.

«Somos más visibles, pero seguimos perseguidos»

Reconocida por la Fundación Ford como una «líder global extraordinaria», la activista quechua de Ayacucho (Perú) Tarcila Rivera Zea lleva más de tres décadas entregada a la defensa y el reconocimiento de las culturas y los pueblos indígenas de su país. Ahora acaba de ser elegida, junto a otros catorce expertos de todo el mundo, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, un órgano asesor que en su constitución, en 2002, supuso el ingreso de los indígenas como miembros de pleno derecho en el organismo internacional.

- Se cumplen diez años de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿En qué medida ha mejorado su calidad de vida en este tiempo?

- No ha cambiado mucho. Seguimos empobrecidos, accediendo a servicios de baja o nula calidad y nuestros sistemas de vida (producción de alimentos, uso de tecnologías, prácticas culturales, reconocimiento de tierra y territorio) siguen cuestionados y a menudo son perseguidos y ninguneados en los medios públicos y la educación formal.

-¿No se han registrado avances?

- Sí, hoy somos más visibles en la agenda global porque el mundo está poniendo en la agenda geopolítica temas que están relacionados con los intereses y derechos de los pueblos indígenas, como son las políticas de desarrollo económico a costa de recursos naturales y territoriales que se ubican en las zonas de vida de estos pueblos.

- Sus derechos están sobre el papel. ¿Quién se ocupa de hacerlos valer?

- Les corresponde a los estados respetar e implementar sus compromisos internacionales con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros. A nosotros nos corresponde no claudicar en nuestra lucha por el respeto a nuestros derechos fundamentales como pueblos y culturas, como individuos y colectivos.

- La suya es una batalla agónica y a contrarreloj contra la extinción. ¿Cómo se para el reloj?

- Ese nefasto reloj se detendrá cuando nos vean y reconozcan sin ambages como sujetos de derechos y seamos escuchados y tomados en cuenta para participar en las decisiones que nos corresponden. Es decir, cuando tengamos poder de decisión soberana sobre nuestras existencias y sistemas de vida. El contexto actual nos exige centrarnos en la amenaza de nuestros derechos por parte de intereses foráneos. El agotamiento de los recursos obliga a mirar y echar mano a lo que los pueblos indígenas hemos cuidado y protegido.

- ¿Cómo explicaría a las nuevas generaciones quiénes son los indígenas?

- Ellas mismas son indígenas bajo otras formas y maneras. No podemos pensar en el indígena estereotipado, el que está en las montañas o en la selva aislado. La tecnología punta y la indígena no están reñidas. Ese debe ser el puente de comunicación con las nuevas generaciones.

Esta preocupante escalada de violencia no ha pasado desapercibida para la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, cuyo trabajo consiste precisamente en visitar países, comprobar el cumplimiento que hacen de la normativa internacional, informar de las vulneraciones y presionar a los gobiernos. «La situación de los pueblos indígenas es crítica porque la violencia contra ellos está aumentando de forma alarmante. Cada vez tenemos más casos de asesinatos y de desapariciones vinculadas con la defensa de su territorio frente a proyectos de inversión, minería, tala, y también narcotráfico y otras actividades ilegales», admite Patricia Borraz, la especialista en Relaciones Internacionales y Cooperación que trabaja con la relatora especial.

Sólo en los dos primeros meses de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó catorce asesinatos de defensores de derechos humanos -siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua-. Durante el año pasado fueron 140 los activistas eliminados en todo el mundo y, en 2015, 185. Este siniestro panorama habla por sí mismo de la incidencia de la Declaración de Derechos de estas comunidades en la última década. «Su aplicación ha sido limitada. Sobre todo, en lo que respecta al artículo número 2, relativo al reconocimiento a la libre determinación de estos pueblos y, por tantos, a sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos. Esta es una cuestión clave porque, si no se garantiza su cumplimiento efectivo, es muy difícil que los pueblos indígenas sobrevivan», enfatiza Borraz.

«Su supervivencia pasa por respetar su derecho a la libre determinación» Patricia Borraz. Experta de la ONU

En el complejo reto de trasladar el papel a la realidad, los pueblos indígenas tienen de su lado a varios grupos de defensa jurídica, el altavoz de las redes sociales y la labor «facilitadora» de la cooperación internacional. Así es como la responsable de Pueblos Indígenas de la Agencia Española de Cooperación (AECID) sintetiza el trabajo del organismo dependiente del Ministerior de Asuntos Exteriores. «El gran tema ahora mismo en América Latina es que se respete la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado de las compañías con intereses en suelo indígena. Para propiciarlo, promovemos el diálogo entre los gobiernos, las empresas y los indígenas», sintetiza Eva Buendía.

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