El funcionario fantasma de Alicante: 15 años sin ir a trabajar

El funcionario fantasma de Alicante: 15 años sin ir a trabajar

A base de enlazar bajas laborales con vacaciones, un empleado lleva tres lustros sin aparecer por el trabajo. No pueden echarle

FERNANDO MIÑANA

Algunos compañeros aseguran que no saben ni qué cara tiene. No lo han visto nunca. Es normal. Este funcionario del centro psiquiátrico Doctor Esquerdo de Alicante lleva quince años sin prácticamente asomar por allí. El truco es tan sencillo como efectivo. El trabajador fantasma pide la baja, el médico se la firma y el beneficiario la apura al máximo, el año y medio que le permite la ley. Agotado este periodo de tiempo, la Seguridad Social le comunica que tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo porque no tiene una incapacidad, pero entonces el individuo pasa a disfrutar de las vacaciones que le correspondían durante ese año y medio. Y cuando estas también finalizan, pide otra baja y vuelta a empezar...

A pesar de tantas ausencias, la Diputación de Alicante, que ha tenido que contratar a un auxiliar de enfermería como sustituto, le paga religiosamente todos los meses. Una nómina de 1.500 euros mensuales que no le ha faltado ningún año. No hay forma de meterle mano. Su situación, aunque anómala, es técnicamente legal. En la institución se firmó un acuerdo en 1991 que permitía a los funcionarios que habían obtenido la plaza con anterioridad quedar exentos del control de las mutuas en caso de enfermedad. A los que se incorporaron después de este año, se les va restando dinero de la nómina por el tiempo de baja. Pero los que llevan desde antes de 1991, como es el caso, mantienen su jornal sin merma.

«Un bajista profesional»

La Seguridad Social le controla y la Diputación le paga. Ninguno de los dos organismos ha podido encontrar un resquicio en esta irregularidad pese a que el funcionario es «un bajista de profesión, un absentista patológico», como declaró una fuente sindical a 'Información'. Aunque los sindicatos tampoco se mojan por esta irregularidad y argumentan que ellos están para defender al obrero, no al patrón.

El responsable de Personal de la Diputación de Alicante, Alejandro Morant, ha ido bajando el tono de sus declaraciones en vista de que la institución no está dispuesta a frenar esta sucesión de bajas y vacaciones encadenadas. «Es una sinvergonzonería que no se puede admitir. Si no es apto para trabajar, que le den una incapacidad, pero como la Seguridad Social no le paga el sueldo, se desentiende», arremetió al desvelarse el caso. Morant, que también es alcalde de Busot, matizó después su reacción y justificó que existan abusos como éste debido a que «hay un vacío legal porque nadie es responsable de este señor». La Diputación se ha posicionado al lado del trabajador y ha pedido a la Seguridad Social que le conceda una incapacidad para que pase a cobrar una pensión vitalicia y pueda dejar de recurrir a triquiñuelas para no ir al trabajo. Pero un tribunal médico ya le ha denegado la incapacidad hasta en tres ocasiones durante todos estos años.

Los jueves, recurso

Estos más de 4.400 días de baja solo se han visto interrumpidos algunos jueves en los que acude a la unidad de Salud Laboral de la Diputación, para presentarse durante media hora a los recursos de prevención laboral y después se vuelve a marchar. Hasta la semana siguiente.

Morant también advierte que no han podido evitar que el médico siga firmándole los partes para darse de baja, aunque varios expertos en inspección sanitaria han advertido que no creen posible que sea un único colegiado el responsable de cinco lustros de ausencias.

La cifra de absentismo laboral en la Diputación alicantina es, según el propio organismo, de un 6% aproximadamente, ligeramente por encima de la media nacional. La tasa repuntó en 2016 por tercer año consecutivo en España, al situarse en un 4,88%, un porcentaje similar al de 2009. Este crecimiento es paralelo a la recuperación económica, aunque su ritmo es más pronunciado, según el VI Informe Adecco sobre absentismo laboral, que a su vez calcula unos costes directos por contingencia común de 5.993 millones de euros a la Seguridad Social y de 5.065 millones a las empresas.

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