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Alumnos de Primaria durante el primer día de clase. :: manuel molines
Sólo el 2% de los colegios concertados quiere aplicar la jornada continua

Sólo el 2% de los colegios concertados quiere aplicar la jornada continua

Las familias de más de trescientos centros deben votar el próximo jueves qué tipo de horario lectivo se establece a partir de octubre

J. BATISTA

Lunes, 12 de septiembre 2016, 00:02

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El próximo jueves 215.600 padres están llamados a elegir el tipo de jornada escolar que quieren para sus hijos: partida o intensiva. Lo harán en las urnas, en la votación establecida por la conselleria que tendrá carácter definitivo. Si al menos el 55% del censo total del centro apoya el cambio a la continua, se aplicará a partir del 1 de octubre. En caso contrario triunfará la modalidad habitual.

CLAVES

  • uRetrasos. La demora de la normativa hizo que Educación habilitara un proceso extraordinario para aplicar el cambio este curso. De cara a los próximos ejercicios la documentación necesaria tendrá que remitirse antes de febrero.

  • uRequisitos. La aplicación de la jornada continua debe contar con el apoyo de dos tercios del consejo escolar y del claustro y del 55% del censo de padres. Sin olvidar que Educación ha de aprobar el proyecto de organización presentado.

De los datos facilitados por la Conselleria de Educación se desprende que no es una posibilidad atractiva para los titulares de los colegios concertados, que son los que deben impulsar el procedimiento de modificación. Sólo nueve de los más de trescientos centros de Infantil, Primaria y Especial donde habrá votaciones pertenecen a la red, lo que supone apenas un 2% del total. Las cifras globales citadas se actualizaron el pasado agosto. Educación autorizó la consulta vinculante a 307 escuelas, mientras que otras once debían remitir más documentación antes de decidirse si se les autorizaba la votación. En muchos de estos casos se ha permitido.

Podrán participar los padres y las madres (dos papeletas por familia), con la posibilidad de votar en diferido y por correo. El procedimiento ha sido el siguiente: tras publicarse la orden reguladora a mediados de junio, los centros interesados debían enviar a Educación el proyecto pedagógico donde se justificaba el cambio y se incluía la nueva organización horaria, además de las actividades extraescolares a impartir y su financiación. Si todo estaba en orden, la conselleria otorgaba una autorización provisional a la espera de la votación. En una treintena de escuelas se denegó la petición por no reunirse los requisitos exigidos.

Educación ha fijado una serie de cuestiones irrenunciables. Los centros deben permanecer abiertos hasta las 17 horas independientemente de la jornada lectiva, de manara que el tiempo entre el fin de las clases y la salida de la escuela se cubra con actividades extraescolares de oferta gratuita (y obligatoria) y de elección voluntaria para las familias. Así serán los padres los que deciden si recoger a sus hijos al finalizar las sesiones lectivas, después del comedor o a las cinco de la tarde. Los servicios complementarios deben mantenerse si ya se estaban prestando con anterioridad.

La escasa aceptación entre los centros concertados ya se atisbó al poco de conocerse la regulación. No sólo los primeros datos provisionales apuntaban a la mínima participación de la red, sino que desde la patronal mayoritaria, Escuelas Católicas, se advirtió de que la jornada continua no tenía beneficios pedagógicos y aumentaba el cansancio entre el alumnado. Lo cierto es que los estudios realizados hasta la fecha no garantizan una mejora del rendimiento, aunque tampoco le atribuyen consecuencias negativas a nivel académico. En clave valenciana, sólo existe un informe provisional realizado entre nueve escuelas que aplicaban la jornada continua de manera experimental y que trascendió durante el último mandato de María José Català. Según el documento, había provocado un ligero aumento de la tasa de repetición en comparación con el año anterior (con jornada partida) y una pequeña minoración de los resultados en las pruebas diagnósticas. Aunque se destacó la necesidad de continuar investigando -el proyecto piloto se llegó a extender a treinta escuelas- desde la conselleria argumentan que no existe este informe.

El cambio no ha estado exento de polémica. La Federación de Ampas católicas de Valencia (Fcapa), mayoritaria en la concertada, llevó a los tribunales la regulación al considerar que discriminaba a las familias -y al PAS- en la decisión final.

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