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JOAQUÍN BATISTA
Martes, 3 de mayo 2016, 21:18
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La planificación prevista para el curso que viene supone eliminar 46 aulas concertadas frente a las 28 que se crearán, lo que arroja un balance negativo inédito en los últimos años. El sector ha mostrado su malestar con un aluvión de críticas que han llegado desde todos los ámbitos. Desde el Arzobispado hasta las patronales, sin olvidar a las Ampas, los sindicatos o los propios afectados, que además de las alegaciones y las recogidas de firmas han impulsado concentraciones. La primera, en Alcoy, llegará este jueves.
El cierre de aulas no es la única iniciativa que ha inquietado a las escuelas concertadas en lo que va de legislatura, pero sí la que tiene efectos más dañinos. No sólo trastoca proyectos. En centros pequeños ya han alertado de que si no se rectifica la propuesta, estarán abocados al cierre a medio y largo plazo. Cuando Vicent Marzà dijo que el criterio utilizado en la planificación ha sido el cumplimiento de un mínimo de alumnos, también señaló que las aulas eliminadas dejan de sostenerse con fondos públicos, pero existe la opción de que sigan funcionando en régimen privado. Es decir, pagando. En centros de barrios deprimidos que pierden clases, que deben asumir el material de muchos alumnos, sus declaraciones habrán sonado a chino.
De las 46 clases que desaparecen 17 son de Infantil y muchas de 1º, lo que implica cerrar el grifo a los centros afectados. Sirve un dato. En España el 95% de los niños acceden a la escuela en el citado curso (a los tres años). Y en proporción son muy pocos los que se cambian.
antonio cebrián | director del claret
El Claret de la Fuensanta perderá una unidad de Infantil y otra de Primaria el curso que viene. Antonio Cebrián, su director, asegura que si no se tiene en cuenta la alegación del centro deberán agrupar en la misma clase a niños de diferentes edades. Y pasará en las dos etapas.
«Habrá que mezclar alumnos que se inician en la escritura con otros que no han empezado. Y eso dificulta la labor, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de alumnado que atendemos. Y más si debemos aplicar una ratio elevada -la resultante de fusionar las aulas-», explica desde su despacho. Eso sí, asegura que matricularán nuevos alumnos, pues tienen demanda. «Han mirado los números, pero no es lo único. Yo pediría que recapaciten, que no nos consideren sarmientos que se echan al fuego, sino vides que dan fruto, y más en barrios especiales como este», dice.
Entre su alumnado hay un importante porcentaje de niños que precisan de atención compensatoria, y cuentan con 23 nacionalidades distintas. «No se debe confundir que atendamos a estos perfiles con que los niños no adquieran las competencias necesarias», añade Juanjo Sepúlveda, profesor de Secundaria. «Nuestra meta no es ser los mejores en Selectividad ni ganar una olimpiada matemática, sino dar a los chicos y chicas una oportunidad que quizá en otro lugar no tendrían, que salgan preparados, con posibilidades de prosperar. El objetivo es transformar el barrio a pequeños empujones, poco a poco, pero como eso no se puede medir, nos miden la ratio», añade.
El trabajo del centro va más allá del aula. Tiene programas de acogida para enseñar la lengua a alumnos de nueva incorporación, atención personalizada para ayudar con problemas personales, horas para que los niños hagan sus deberes con acompañamiento docente y escuela de padres. Y de todo se encargan los profesores de manera voluntaria.
«No ha importando que exista demanda. Hay centros que tenían alumnos para pedir el concierto y se ha denegado», razona José Manuel Boquet, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza (Feceval), una de las patronales concertadas. También recuerda que la Lomce obliga a planificar atendiendo a la demanda social. «Si se reduce la entrada en Infantil el modelo se va secando, es como cortar la raíz de un árbol», dice Vicenta Rodríguez, su homóloga en Escuelas Católicas CV. Desde USO añaden que se golpea a proyectos sociales de alta calidad.
Además, limitar el acceso de los alumnos, mientras no se corrija el déficit de financiación en el concierto, significa menos recursos, pues son las cuotas voluntarias -donde se pueden pedir- las que cubren los gastos de funcionamiento.
Entre los colegios que pierden clases está el San Antonio de Padua de Catarroja, de una línea. «Es un caso de difícil justificación, disponemos de 22 niños confirmados para tres años, el aula que se quiere suprimir», alegan. Asumen que privarles de la unidad es cerrarles «la cantera, la entrada de nuevos alumnos», lo que a la larga podría derivar en un cierre «tras medio siglo de historia». Pese a todo confían en que se tenga en cuenta su alegación, pues aseguran que sin esta aula no habrían plazas suficientes en el municipio.
El Bisbe Pont de Vila Real, colegio de una línea donde desaparece su única clase de 1º de Infantil, ha impulsado una recogida de firmas a través de Change.org. Explican que atienden a un 30% de alumnos con necesidades de educación compensatoria -de refuerzo- y destacan que nunca han negado el acceso a nadie: «Por mucho que se fomente la educación pública este centro está ejerciendo una labor social innegable y no se puede permitir su cierre», que llegaría en los próximos años al no poder contar con nuevos alumnos.
El arreglo también apunta a la Escuela Infantil del Hogar Provincial de Alicante, un centro asistencial que incluye este servicio para familias con necesidades económicas y sociales. De las cinco aulas que funcionan, conselleria prevé dejar de financiar dos. La entidad titular es la Diputación, que ya ha anunciado que asumirá la inversión necesaria para mantenerlas en marcha. Desde la corporación explicaron que son cerca de cien mil euros, sin los cuales el mantenimiento del servicio correría serio peligro.
La diputada del PP Beatriz Gascó, que se mostró muy crítica con la planificación al «atacar» a la concertada, también alertó de otros casos en riesgo, como la escuela de educación infantil Sagrado Corazón de Jesús de Chella.
La principal crítica del sector es que se reduzcan aulas en centros que destacan por su implicación social, más allá de que cumplan o no las ratios mínimas. Pasa en el barrio Ciudad de Asís de Alicante donde se ubica el Jesús-María, que pierde una de sus tres clases de Infantil y es un centro de referencia en la acogida de alumnos autistas.
En cuanto al Claret de Xàtiva, el arreglo obligará a renunciar a una de sus tres líneas, la de valenciano. Si no hay cambio de criterio habrá alumnos que tendrán que ser asumidos en las clases de castellano o, en caso de mantener su preferencia lingüística, deberán buscarse otro centro. Es decir, se fomentará un trasvase de alumnado. Lo mismo pasará en el Socorro de Benetússer, donde la supresión de una unidad de la ESO impedirá ofertar la línea en lengua materna. Otro ejemplo similar es el del Sant Antoni Abat de Canals, donde desaparecen las aulas de FP Básica de Artes Gráficas (1º y 2º curso). Como alertan a través de internet, es la única especialidad que existe en Canals. Es decir, los que promocionan en 1º pierden la posibilidad de seguir sus estudios.
MATILDE DESANTES | DIRECTORA
El Jesús-María de la Fuensanta pierde dos aulas de Primaria. Hasta ahora los niños que llegan de Infantil se dividen en dos líneas en la etapa superior para darles una atención personalizada acorde a sus necesidades, ya sea con grupos cooperativos, con el apoyo de padres o con aulas de integración. «Si tenemos que juntarlos con la ratio que pide conselleria, con alumnos con dictámenes y con adaptaciones curriculares, la labor es imposible», dice.
Considera que eliminar las unidades «roba a los alumnos la principal riqueza que tienen en este barrio. No podemos permitir que repitan estereotipos familiares. Y eso sólo se consigue con educación, pero no con la ratio que nos plantean», añade. «No luchamos por un puesto escolar, sino por un proyecto de inclusión real, en el que todos caben, sin distinción. En este colegio no sólo se respeta la diversidad, se aprende de ella», destaca, pues tienen alumnos de 21 nacionalidades «Es de justicia. No se puede valorar sólo un criterio cuantitativo, pues se les quita su derecho a la educación en condiciones».
Educación también ha negado de manera sistemática la ampliación de nuevos conciertos. Los Salesianos de Alcoy pidieron un aula de 1º de la ESO para atender a los niños que terminarán Primaria. No se ha aceptado. El equipo directivo alega que en su zona no hay plazas suficientes para asumirlos, por lo que si Educación no recapacita generará un importante problema a los alumnos. El CEU San Pablo de Moncada es otro caso donde se cierra el grifo. Se les concertará las aulas de cuatro años, pero no las de tres. El colegio tiene previsto abrirlas en régimen privado, pues tienen demanda incluso de otros municipios.
El grifo del concierto se cierra en la FP
La planificación también afecta a la FP. La mayoría de peticiones de nuevos conciertos eran para estos estudios. Pero la dirección general ha instado al departamento a que las tumbe -así ha sido-, y además, pide que se revisen los ciclos actualmente concertados, con el argumento de que se va a ampliar la oferta pública. Marzà lo justificó en que se trata de una etapa no obligatoria.
Las novedades en la admisión
Por otro lado, en abril han llegado los cambios en la normativa de admisión, oficializándose la derogación del distrito único. Como destaca Boquet, es una mala noticia «para los buenos colegios públicos y para los buenos colegios concertados», en el sentido de que con las zonas se dificulta la movilidad de los estudiantes. El sector concertado ha sido muy crítico con esta medida al considerar que limita la elección de centro.
Otro cambio que ha molestado está relacionado con los colegios públicos que cuentan con aulas de dos años (el curso previo al de acceso habitual). De momento son 35, pero la iniciativa se extenderá en septiembre. Los niños escolarizados pasarán automáticamente al segundo ciclo de Infantil (3-6 años). En cambio, los que estén matriculados en aulas privadas de dos años adscritas a centros concertados (hay unas 200) tendrán que competir con el resto de interesados en igualdad de condiciones. Lo mismo pasará en el caso de las escuelas infantiles (0-3 años) adscritas a la red.
Hasta este curso se les solía dar el punto que otorga el centro, lo que facilitaba el acceso. Pero entre los cambios impulsados por Educación está la eliminación de este criterio. Es decir, a los públicos se les facilitará la fidelización de su alumnado, pero a los concertados no.
Sin auxiliares de conversación
También hay varapalos de los que se libra, aunque indirectamente, la Conselleria de Educación. El curso que viene los concertados ya no dispondrán de auxiliares de conversación en lengua extranjera, pues es un programa ministerial que se limita sólo a los públicos. En años anteriores no había distinciones, pero el departamento fue apercibido desde Madrid. El sindicato Fsie ha solicitado a la conselleria que asuma este servicio con recursos propios, pero sin éxito. Incluso se lo pidieron a Ximo Puig.
Eliminación de las pruebas diagnósticas
Por último, la decisión de eliminar las evaluaciones diagnósticas implica dar un paso atrás en la rendición de cuentas de los centros. En los últimos años han trascendido rankings basados en estas pruebas que dejaban en buen lugar a los concertados, que copaban los primeros puestos. Aunque tomando los datos globales los resultados entre pública y concertada se igualaban (pasó, por ejemplo, en la evaluación correspondiente al 2012-2013), es cierto que su difusión servía de acicate para los centros mejor situados de cara al proceso de admisión.
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