El Síndic insta a la UPV a garantizar los derechos lingüísticos del alumnado tras la queja de un estudiante

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instado a la Universitat Politècnica de València (UPV) a adoptar las medidas necesarias "para que su alumnado pueda recibir las enseñanzas en las dos lenguas oficiales" de la autonomía, tras la queja planteada por un estudiante que había visto "vulnerado su derecho a elegir la lengua en la que desea recibir la enseñanza", ya que en sus estudios no existe grupo de docencia en valenciano.

Desde la oficina del defensor del pueblo valenciano han apuntado que Cholbi "también ha reclamado programas de fomento de la educación en valenciano con el objetivo de ampliar los grupos en esta lengua cooficial en todas las titulaciones".

El Síndic de Greuges ha hecho esta petición a la UPV tras la queja planteada por un estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Camino, Canales y Puertos de este universidad, que manifestaba que "se estaba vulnerando su derecho a elegir la lengua en la que desea recibir la enseñanza, ya que en sus estudios no existe grupo de docencia en valenciano", según el comunicado.

Del informe facilitado por la UPV tras esta queja, se puede comprobar que, durante el periodo 2011-2015, en lo referente a la Escuela Técnica de Caminos, Canales y Puertos, tan sólo un 3,14 por ciento de los créditos se imparten en valenciano. "Un porcentaje que dista del objetivo marcado por la ley de que los alumnos puedan elegir la lengua cooficial en las que desea recibir la enseñanza".

Una circunstancia que, según el Síndic, supone un incumplimiento de lo previsto en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que prevé en su Art. 18 la incorporación obligatoria del valenciano a todos los niveles educativos.

Cholbi, que ha reconocido los "avances y compromisos institucionales realizados por la UPV en relación al uso y la normalización lingüística del valenciano que atienden al carácter de universidad pública", ha considerado, no obstante, que "no son efectivos y, prueba de ello, es la queja que nos ocupa, de un ciudadano que ve defraudado su derecho a elegir la lengua en la que desean recibir enseñanzas universitarias".