La sopa de siglas de las leyes educativas

La legislación sobre educación ha sido arma arrojadiza y punto de desencuentro político. Desde la Transición Democrática, España acumula ocho leyes reguladoras del sistema o de la organización de la enseñanza. Toda una sopa de letras: desde la LGE a la LOMCE pasando por LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE y LOE. Casi cada Gobierno ha tenido 'su' ley. Y para rematar la serie, todos los partidos de la oposición han anunciado que derogarán la normativa actual si acceden al Gobierno.

La primera de las revoluciones educativas en la historia reciente de España aconteció en 1970. Un ministro valenciano impulsó la Ley General de Educación, también llamada 'de la EGB' o ley Villar Palasí, el impulsor de la normativa a finales del franquismo.

Establecía la obligatoriedad de estudiar hasta los 14 años, en los ocho cursos de la Enseñanza General Básica (EGB), tras los que venían los de Formación Profesional (FP1 de dos años y FP2 de tres) o los tres años de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU). Los cursos de Preescolar, o 'Párvulos', para niños de 4 a 6 años, eran voluntarios.

«Uno de los principales aciertos de esta ley es que partía de un análisis exhaustivo previo, un libro blanco llamado Bases para una Nueva Política Educativa en España. Ninguna de las leyes posteriores ha partido de un análisis de este tipo y este documento incluso incluyó críticas a la dictadura», explica Laureano Bárcena, presidente de ANPE-CV, sindicato independiente que agrupa a docentes de la educación pública.

Otra de sus aportaciones positivas es que se unificaba en una ley las diferentes etapas (antes había una norma para Primaria y otra diferente para Secundaria) y que reforzaba el derecho universal a la educación, «que ya existía, pero que no se cumplía en la práctica». Bárcena recuerda que hasta entonces sólo el 13,9% de los hijos de agricultores accedían al instituto y de ellos sólo el 1% llegaba a la universidad. Entre los descendientes de jornaleros alcanzaban estudios medios el 15,4% y en el sector servicios, el 15,3%.

«Hasta entonces sólo podían estudiar en la universidad las clases pudientes y el resto se quedaban en el camino», agrega.

Uno de sus principales errores fue dejar en 14 años la edad de educación obligatoria, porque no se podía trabajar legalmente hasta los 16 años y el alumno que no seguía tras la EGB se quedaba dos años en tierra de nadie.

«Otro fallo fue no potenciar bien la Formación Profesional», agrega Bárcena. Se extendió la creencia de que el alumno listo iba a BUP y el resto a la FP. «Eso claramente era un error», ataja el presidente de ANPE, que explica que hasta ese momento «sólo estudiaba una carrera quien tenía dinero y a partir de ahí comenzó la 'titulitis', el afán o sueño de los padres trabajadores de que sus hijos fueran a la universidad», argumenta.

La ley de Villar Palasí redujo las desigualdades sociales, pero no incorporó las nuevas prácticas pedagógicas que ya habían implantado en buena parte de Europa, algo que se intentó corregir mucho más tarde.

En 1980 se publica la LOECE, la Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Escolares. Regulaba el funcionamiento de los colegios y demás instituciones y desarrollaba el artículo 27 de la Constitución de 1978, sobre el derecho a la educación. Fue impulsada por el primer Gobierno de la UCD, con el ministro Otero Novas y la presidencia de Adolfo Suárez. Ya en democracia, se vio por primera vez una falta de consenso repetida después. El PSOE recurrió al Constitucional y ganó.

El Gobierno socialista de Felipe González aprobó en 1985 la LODE: Ley del Derecho a la Educación. Tampoco introdujo modificaciones en el sistema y el currículo (conjunto de asignaturas) pero sí «cambios importantes» en la organización. Impulsada por el socialista José María Maravall «regulaba por primera vez los centros concertados, que ya existían». También introducía la participación con la creación de los Consejos Escolares. Reforzó la igualdad de acceso a la educación, implantó el control de los fondos públicos, legisló sobre la libertad de enseñanza y sobre la posibilidad de elegir centro.

LOGSE, la revolución

La «revolución pedagógica» se produjo con la LOGSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, aprobada en 1990, pero que no acabó de aplicarse totalmente hasta la segunda mitad de la década. Con Maravall y un joven Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario de Estado de Educación (ministro durante su implantación), «cambió toda la metodología» de la ley de la EGB. Volvió lo 'antiguo': la Primaria hasta los 12 años y la Secundaria Obligatoria (ESO), pero hasta los 16, lo que solventaba el problema anterior de los adolescentes que dejaban el cole a los 14. El Bachillerato pasó a ser de dos cursos, equivalentes al 3.º de BUP y el COU anteriores.

Cambió la perspectiva técnica anterior, denominada 'escuela fábrica': la misma educación para todos, sin atender a la diversidad. También destronó la metodología academicista, basada en «la lección, el libro de texto y la memoria». Apareció una «perspectiva ecologista ya presente en Europa».

A nivel curricular las asignaturas en Primaria se convirtieron en áreas y, por ejemplo, eliminaron las Ciencias Naturales y las Sociales para introducir el Conocimiento del Medio. A nivel pedagógico ya no sólo se preocupó por 'qué sabe' el alumno, sino por 'cómo hace' y por 'cómo quiere ser' el estudiante. Buscaba aplicaciones más prácticas de la educación y «tenía en cuenta el contexto sociocultural del alumno, su familia, su barrio. Ya no se daba una educación estándar a todos por igual».

Pero, como casi todo en España, esta revolución pedagógica llegó tarde y aplicó cuestiones que ya estaban fallando o no habían dado resultado en otros países, como el Reino Unido. Las nuevas metodologías coincidieron con el incremento del fracaso escolar. «Para una atención individualizada hacen faltan muchos recursos, apoyos en el aula», subraya Bárcena.

Para el presidente de ANPE-CV otro de los errores de la LOGSE fue la «desvertebración del sistema educativo» porque «no puede haber 17 diferentes», una en cada autonomía.

Mientras pugnaba en su progresiva aplicación la LOGSE, una ley socialista implantada después por el PP, en 1995 la Ley de Participación, Evaluación y Gobierno (LOPEG) de centros docentes puso la puntilla a la LOECE de la UCD. No modificaba el sistema de la LOGSE pero si cambió los reglamentos orgánicos de los centros.

El intento de tumbar la LOGSE por parte del Gobierno de Aznar fue la LOCE del diciembre de 2002, con la ministra de Educación Pilar del Castillo. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación pretendía un cambio curricular (en las asignaturas) e «intentaba introducir itinerarios de ida y vuelta» entre la Secundaria y la FP. Pero nunca se llegó a aplicar, porque poco más de un año después Zapatero la derogó, tal y como ya recogía su programa electoral. Primero, con la ministra María Jesús San Segundo, un decreto paralizó la implantación de la LOCE en 2004. Dos años después (2006), ya con Mercedes Cabrera, fue sustituida por la LOE.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) «tenía el mismo espíritu y era una prima hermana de la LOGSE», pero con algunos cambios, como la introducción de una educación en valores y la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Suprimió la Reválida de la LOCE e incorporó la FP y las titulaciones artísticas al grado superior.

Tras dos años de Gobierno de Rajoy, en 2013, irrumpe la LOMCE, o ley Wert. «La hemos criticado porque no tuvo consenso político ni con el profesorado. No incluye las nuevas pedagogías y de nuevo hay falta de recursos para su aplicación», sostiene Laureano Bárcena. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aplicada por primera vez en el presente curso 2014-15, «modifica el currículo: vuelven las Naturales y Sociales. Vuelven las asignaturas troncales y amplía la optatividad». ANPE reprocha que de nuevo «no vertebra el sistema educativo», porque hay troncales que marca el Estado, troncales que elige cada autonomía y troncales de cada centro educativo.

«En resumen, desde el 90 hay cambios en cuanto a políticas educativas, pero no soluciones en el sentido pedagógico, en el de la preparación de los alumnos». Además, el único intento de gran pacto político «incluso encontró oposición 'interna' en el PSOE», partido en el que no militaba, ni milita, el exministro Ángel Gabilondo (2009-11).