Dirigentes que se eternizan dando prebendas en los cargos

El debate sobre la limitación temporal se impone poco a poco en todos los estamentos | «Habituarse al sillón crea círculos viciosos y clientelismo», reconocen

ANTONIO CORBILLÓN

«Una misma persona no podrá ser presidente del Gobierno o de una comunidad autónoma más de ocho años». Esta norma que parece de un futuro que aún no existe, en realidad pudo ser del pasado. Se la redactaron en 1978 a Adolfo Suárez. Pero el propio jefe del Ejecutivo entró en cólera. Había «UCD para 107 años más», bramó. Si los españoles votaban al político abulense «permaneceré en el cargo hasta 2010».

La anécdota la vivió de primera mano el entonces presidente de la Agencia Efe, Luis María Anson, que la desempolvó hace unos meses cuando se recrudeció el debate sobre la limitación de mandatos políticos. Ciudadanos acababa de arrancar al Gabinete de Rajoy el tope de dos legislaturas presidenciales. Pero el PP se zafó con el argumento de que eso exigiría una reforma de la Constitución. El pasado marzo, con ese pacto recién estrenado, el Congreso Nacional del PP volvió a dejar sobre la mesa cualquier regulación en la materia. «Es que se acaba imponiendo la pragmática. Un partido funciona en la defensa y continuidad de sí mismo», argumenta el expresidente del PP y del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego. Fue uno de los coautores de la propuesta de limitación temporal que el partido conservador discutió en su congreso de 2012. La vez que más cerca estuvo de aprobarse. «Yo defendía hasta tres mandatos. Ocho años me parecen escasos», puntualiza Diego.

Ese mismo año, el PSOE sí dio el paso y limitó sus cargos precisamente a los tres mandatos que defendía Diego. Izquierda Unida ya tenía regulados esos cargos a ocho años. En Podemos hablan también de dos legislaturas «o tres en casos excepcionales».

Por cierto, la propuesta de Diego descartaba incluir a los alcaldes de los pueblos. «La experiencia me dice lo difícil que es a veces mantener un alcalde comprometido en un núcleo pequeño», concluye. Que se lo pregunten a Ricardo Díez Pascual. Cuando Adolfo Suárez aún no sabía ni que sería presidente (lo logró en 1976), él llevaba ya doce de regidor en Castillo de Mesleón (Segovia). A sus 87 años allí sigue, después de 53 con el bastón de mando. «Trabajar, trabajar y trabajar», es el consejo que da cuando se le pregunta por su secreto.

A la vida pública española le está costando un mundo conjugar el verbo limitar. Y eso que las encuestas del CIS sitúan en el 80% el porcentaje de españoles partidarios de reducir por ley la duración de un puesto oficial. «Sufrimos la fosilización de cargos, con graves riesgos de clientelismo y círculos viciosos. Una 'contaminación' que los partidos extienden a organismos públicos, tribunales, consejos consultivos.... llenos de gente de confianza», advierte el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.

Las huellas del pasado

Sólo el tsunami político que ha supuesto la llegada de nuevos partidos comienza a romper el nudo del reparto de sillones que básicamente han gestionado PP y PSOE en los últimos 35 años. Un repaso por las diputaciones en España demuestra que se están borrando todas las huellas de personajes como José Luis Baltar (Orense) o Carlos Fabra (Castellón), que lograron imponer a su partido (PP) trienios y quinquenios en el cargo sin que las denuncias (después condenas firmes) de corrupción alteraran sus poltronazgos.

En los grandes ayuntamientos ya no queda ningún alcalde del siglo pasado. Hay que viajar a Málaga para encontrar al más veterano: el popular Francisco de la Torre, que continúa capitaneando la transformación de la ciudad desde el año 2000. Por detrás, le sigue el socialista Ángel Ros, que gobierna Lérida desde 2004.

Otro tanto sucede en las comunidades autónomas. Empieza a ser incluso problemático repetir mandato en la mayoría. El más longevo es el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Y eso que cuando llegó al cargo, en 2001, le pronosticaron que sería 'El Breve'. El propio Rajoy tuvo que desplazarse a su región en 2015 para convencerle de que repitiera. También llama la atención la trayectoria de su vecino y buen amigo el gallego Alberto Núñez Feijóo. Firme partidario de las dos legislaturas, rompió sus propios votos para presentarse a las terceras, que revalidó por mayoría absoluta.

Pero esta evolución en los gobiernos más cercanos al ciudadano no alcanza a la política nacional. La mitad de los diputados españoles y el 48% de los senadores llevan, al menos, dos legislaturas sentados en sus escaños. Jubilados 'abuelos' de las cámaras como el socialista Alfonso Guerra, el anterior ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se ha quedado como el 'último mohicano' que sobrevive por los pasillos de la Carrera de San Jerónimo desde la primera legislatura.

A pesar de que la realidad apuntala el consenso general sobre la necesidad de poner límites, «somos una monarquía parlamentaria en la que los cargos públicos son elegidos electoralmente y tienen sus contrapesos. Por eso esa falta de limitación podría tener una cierta explicación. No somos un país presidencialista», expone el profesor de Derecho en la Universidad de Granada Estanislao Arana.

Federaciones, mundo aparte

Hasta los sindicatos han jubilado el derecho a la eternidad de sus viejas cúpulas. Antes de ser reelegido por sexta vez en 2013, Cándido Méndez se garantizó que nadie superará sus marcas en la UGT. Ninguno podrá estar ya más de tres periodos. Sus vecinos de CC OO aplican también el mismo criterio.

La detención del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha destapado también el reino de taifas que son estas entidades deportivas. Villar lleva 29 años manejando los hilos del fútbol sin contestación alguna. Con reelecciones por aclamación o sin apenas opositores. «Es que a un presidente le basta con tener buena relación con sus estamentos y repartir prebendas con las que tener contentos a todos para garantizarse reelecciones». Lo sabe bien el letrado Abelardo Rodríguez Merino, que fue presidente del Comité Español de Disciplina Deportiva. Es un firme partidario de «limitar los mandatos y que se abran las puertas, porque están ocurriendo cosas muy graves».

Un informe de Transparencia Internacional España denunció la opacidad de la gestión de Villar, que renunció precisamente a las ayudas públicas para no tener que cumplir la Ley de Transparencia. «Quedó demostrada su red de clientelismo. Le enviamos el informe al Consejo Superior de Deportes. Al igual que con los políticos, va calando la necesidad de poner límites», explica Jesús Lizcano, que es también catedrático de Economía Financiera en la Autónoma de Madrid.

Pero hasta ahora, la doble naturaleza pública y privada de estos organismos les permite «una total libertad» para elaborar sus estatutos y reglamentos. Sólo un cambio en la Ley del Deporte hará que cambien las cosas. O excepciones como la de la Federación de Automovilismo. Manuel Aviñó logró tumbar en 2016 a su predecesor, Carlos Gracia. Era el único que superaba a Villar: en el cargo desde 1984. Aviñó es el primero que ha impuesto un límite de tres legislaturas en una federación nacional. «Cuando un presidente se instala tantos años, confunde para qué fue elegido con sus propios intereses», advierte.

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