Gobierno y Poder Judicial proponen reformas para cercar a los maltratadores

El Gobierno, el Poder Judicial, las consejerías de Justicia, la Fiscalía y los consejos de la Abogacía y los Procuradores, las instituciones que integran el Observatorio contra la Violencia de Género, consensuaron una lista de medidas y reformas para hacer más efectiva la lucha conta los maltradores.

Se trata de las propuestas comunes que en los próximos días le harán llegar al Congreso de los Diputados y que esperan que incluya en el paquete de reformas que compondrán el pacto de Estado contra la violencia de género que todos los partidos aspiran a sellar en seis meses.

Todas estas organizaciones e instituciones consideran que es fundamental que se cambie la ley para que sea obligatorio que las víctimas de la violencia machista dispongan de un abogado -que tendrá que estar garantizado por el Estado- antes incluso de que pongan su denuncia. El letrado tendría como misión la de asesorarlas, representarlas y defender sus derechos desde un principio y estaría presente en las declaraciones policiales y judiciales iniciales y en el resto del proceso. Se trata de que la víctima cuente con seguridad y acompañamiento en un momento tan complejo, lo que evitará el desamparo y propiciará un aumento de las denuncias.

La propuesta también pide que todos los delitos que han pasado a incluirse en el Codigo Penal español a raíz de la firma, en 2014, del Convenio de Estambul, y que por lo tanto son conductas consideradas como violencia contra la mujer aunque no existan lazos familiares o sentimentales de por medio, pasen también a gozar de las medidas de protección especial que otorga la Ley Integral Contra la Violencia de Género. Es decir, que en el listado de delitos protegidos por los medios y recursos de esta norma estén el acoso, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la trata de blancas o la difusión de imágenes sexuales sin permiso de la víctima (el 'sexting').

El documento que el Observatorio le hará llegar a los grupos del Congreso también incluirá al menos otras tres propuestas. Pedirá que se den los pasos precisos para la integración y coordinación de todos los sistemas informáticos de las administraciones judiciales y de los cuerpos policiales, para evitar errores y prevenir mejor las agresiones. También reclamarán que el pacto de Estado comprometa los medios necesarios para aumentar el número y la dotación de recursos de dos herramientas fundamentales en la lucha contra esta lacra, para potenciar las unidades de valoración forense y las unidades de atención a la víctima.

Otras actuaciones

Estas cinco propuestas son las que recomiendan por consenso todas las instituciones y asociaciones, pero cada uno de sus representantes comparecerá en las próximas semanas de manera individual ante la subcomisión creada para alcanzar el pacto de Estado y propondrá a los diputados su propia lista de actuaciones para cercar a los maltratadores.

Una de las comparecientes será la presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona. Según confirmaron fuentes judiciales, Carmona tiene previsto poner sobre la mesa varias medidas adicionales de calado que fueron consideradas como urgentes e indispensables en los foros de debate celebrados por este organismo.

Dos de sus propuestas, que podrían también ser secundadas por la Fiscalía, son la necesidad de introducir cambios en la ley para suprimir, o al menos limitar, la dispensa que permite a la víctima negarse a declarar contra el agresor, que suele ser su pareja. La falta de declaración de la víctima facilita en muchas ocasiones la absolución del atacante por falta de pruebas. Este comportamiento va en aumento y ya se produce en una de cada siete denuncias.

La otra propuesta es que se suprima la atenuante de confesión en los homicidios de género. Esta confesión no es necesaria en la mayoría de casos para resolver la autoría y, en cambio, permite rebajar la pena del asesino en un tercio de sentencias.

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