«Éste es un país violento. La gente no perdona»

Elda Neyis Mosquera ingresó a los 16 años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por ideales y para escapar de la pobreza, y pocos años después ya se había convertido en Karina, la terrorista más sanguinaria del país. El Gobierno ofrecía por su captura un millón de dólares.

Su leyenda negra es inabarcable. Antes de cumplir los 18, recibió la orden de matar a un joven que la visitaba en la selva y al que sus jefes consideraban un infiltrado del Ejército. Era una prueba de lealtad y no le tembló el pulso: lo degolló. Pasó por cuatro frentes antes de convertirse en comandante en jefe del número 47, que causó miles de víctimas entre campesinos, soldados y milicianos arrepentidos en las ricas regiones cafeteras de Antioquía y Caldas.

Acusada de matar en 1983 a Alberto Uribe -padre del expresidente que la declaró enemigo público número uno-, el Gobierno contribuyó a propagar su fama de monstruo despiadado. Se decía que decapitaba y castraba a sus enemigos abatidos y jugaba al fútbol con sus cabezas. Ella siempre ha negado estas atrocidades.

En 1998 se quedó embarazada de su camarada Michín y, consciente de que criar un hijo en la selva no era una opción -las FARC están acusadas de provocar miles de abortos forzados-, dejó a su niña de 40 días al cuidado de unos familiares. Ese mismo año perdió su ojo derecho en combate.

En 2008, abandonada por la mayoría de los miembros del Frente 47, herida de bala, hambrienta y cercada por las tropas, se entregó a las autoridades. Un año después fue condenada a más de cien años de prisión por delitos de homicidio, secuestro, terrorismo, daños y rebelión.

Trabajo por la paz

Entonces murió Karina y renació Elda. «Me arrepiento de haber ingresado en las FARC, de haberme dejado llevar por esa rebeldía de muchacha joven, de todo lo malo que hice», afirma esta mujer que, pese a haber pedido perdón a las víctimas de sus crímenes, sigue siendo una de las personas más odiadas de Colombia. Miles de conciudadanos piden para ella la pena de muerte.

Pero el Gobierno la nombró gestora de paz para que trabajase por la desmovilización de los guerrilleros -ha conseguido medio centenar- y la reconciliación entre las facciones. Redujo su pena a 8 años de prisión domiciliaria en un destacamento militar de Carepá, en plena selva de Antioquía, donde residió con su familia mientras cosía los uniformes de sus antiguos enemigos.

Su condena se cumplía el pasado junio y desde entonces su rastro se ha perdido. Ella misma confesaba poco antes que las FARC, hubiera o no paz, la quieren muerta por «traidora», a pesar de que, al firmar el armisticio, la guerrilla ha seguido el mismo camino que ella tomó: «Este es un país violento, porque la gente no perdona». Ya con 53 años, estaba dispuesta a ingresar en prisión o salir del país. «Ojalá Dios me dé vida para resarcir el daño que causé».

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