Las Provincias

Feaps alerta de la situación de los discapacitados intelectuales ante el procedimiento penal

  • Un 6,5% de la población reclusa tiene discapacidad o enfermedad mental y un 70% de los mismos no ha logrado identificar esta alteración cognitiva durante el proceso judicial

La Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Feaps) advierte sobre la situación de desamparo de las personas con discapacidad intelectual ante los procesos penales y advierte sobre la prevalencvia de este tipo de alteración cognitiva en la población reclusa respecto al resto de la población.

El número de personas que ingresa en prisión sin que se haya detectado esta discapacidad alcanza el 70%. Un porcentaje alarmante que pone de manifiesto el fracaso de un sistema, que no logra identificar los casos de alteración cognitiva o en caso de hacerlo solo es capaz de responder a los mismos con penas y medidas de privación de libertad.

Feaps analiza la situación de las personas con discapacidad intelectual ante el proceso penal en su estudio 'Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante el proceso penal', un informe elaborado por la Red de juristas de la organización bajo la coordinación de Torcuato Recover e Inés de Araoz. Según Juan Manuel Fernández, presidente del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del Consejo General del Poder Judicial, «resulta necesario garantizar la plena comprensión de la que está en juego en un proceso judicial ya que estas personas requieren una atención más sensible».

Elaborado con un lenguaje claro y sencillo que facilita su comprensión, el informe resulta muy ilustrativo y, según el Patrono de la Fundación Abogacía Española, Jesús López-Medel, tiene «el valor político de decir aquello que hay que contar y responde a los valores de justicia e igualdad que se desprenden de un Estado social, democrático y de derecho».

Un elogiable intento de dar respuesta a una grave anomalía en el funcionamiento del sistema judicial, ya que la realidad actual genera consecuencias personales aún más graves para un colectivo que se encuentra en una situación de discriminación y desventaja. El trabajo pretende analizar la consideración y las necesidades de la persona con dicapacidad intelectual, utilizando como hilo conductor el procedimiento penal y haciendo especial hincapié en la puesta en marcha de aquellas medidas destinadas a garantizar los derechos de estas personas.