Vecinos de Montepino unen sus fuerzas para acabar el sector y legalizar las casas

Vicent Mascarell dio a conocer la intención de los vecinos. / à. oltra
Vicent Mascarell dio a conocer la intención de los vecinos. / à. oltra

Los residentes crean una Agrupación de Interés Urbanístico, que cuenta con el visto bueno del gobierno, para finalizar las obras tras 25 años

Ó. DE LA DUEÑA GANDIA.

Los vecinos del residencial Montepino, ubicado en el distrito de Marxuquera de Gandia, se han unido para crear una Agrupación de Interés Urbanístico (AIU). Esto quiere decir que el colectivo se erige en agente promotor y podrá impulsar mejoras que permitan acabar el complejo en el que viven.

Montepino se construyó hace ahora un cuarto de siglo y desde hace años arrastra anomalías que impiden que el residencial obtenga licencias de habitabilidad o que los propietarios tengan problemas para lograr los permisos para engancharse a las redes de luz o agua.

El mayor inconveniente que hay en el complejo es el tratamiento de las aguas residuales. Esto impide que muchas viviendas puedan ser legales y que no se otorguen permisos de obras desde el Ayuntamiento de Gandia.

De hecho, fue el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, quien informó ayer de los trámites que ha impulsado el colectivo vecinal. El socialista explicó que esta medida se ha podido llevar a cabo ya que el ejecutivo local ha puesto en marcha un registro «para agrupar iniciativas de Interés Urbanístico», algo que hasta ahora sólo hacía el Consell.

El Gobierno Valenciano cambió la normativa autonómica para que los consistorios pudieran también poner en marcha este servicio y ayudar y asesorar a los vecinos en estos procesos. «El Ayuntamiento estará al lado de los vecinos y les dará toda la información y apoyo, pero no aportará dinero. Ellos serán quienes paguen todas sus obras».

Mascarell relató que este residencial cuenta con unas 80 viviendas unifamiliares y la superficie total supera los 1.200 metros cuadrados. Para que los vecinos hayan podido impulsar la agrupación han tenido que reunirse y unirse «el 50%» de los propietarios. Así se decidirán qué obras llevar a cabo.

Plazos de obras

El objetivo final es que el residencial se finalice en un plazo de cinco o seis años y que el Ayuntamiento recepcione la obra. De esta forma se legalizarán las casas existentes. De hecho ocho viviendas sobre las que pesa una orden de demolición al carecer de permisos.

«Esto podría cambiar si los dueños alegan ante los juzgados que se está una fase de legalización del residencial». Los costes de la obra están aún por definir, ya que hay que elaborar un proyecto. Una de las prioridades es regular el tratamiento de las aguas residuales.

«Este tema cada vez es más estricto y el residencial tiene que cumplir la normativa para poder ser legal de forma definitiva», añadió Mascarell. El proyecto dirimirá si la aguas se conectan a la red general o se crea una depuradora en la zona.

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