Trabajo obliga a Oliva a debatir con los empleados públicos la revisión salarial

Acceso principal al Ayuntamiento de Oliva. / ó.d.
Acceso principal al Ayuntamiento de Oliva. / ó.d.

Los funcionarios exigen sus pagos por formación pese a que el Tribunal de Cuentas los declaró nulos y el gobierno dice que busca una alternativa legal

Ó. DE LA DUEÑA OLIVA.

Inspección de Trabajo ha obligado al Ayuntamiento de Oliva a mantener un encuentro con los representantes sindicales de los empleados públicos. El objetivo de la reunión es que la administración cumpla con el convenio laboral de funcionarios, que contempla la revisión de los salarios cada cuatro años para aplicar complementos por formación. Estos pagos no se ajustan a ley, como refleja un documento del Tribunal de Cuentas.

Este proceso no se ha llevado a cabo y los sindicatos UGT, CC.OO., CSI·F y SPPLB decidieron acudir ante el organismo dependiente del ministerio para que garantizara «sus derechos». Los representantes de los trabajadores sostienen que el Ayuntamiento ha dejado de aplicar un artículo del convenio laboral y por este motivo le reclamaron que reuniera a la Mesa Paritaria.

«Este organismo es el encargado de interpretar y resolver cualquier conflicto a la hora de aplicar el acuerdo de trabajo de los funcionarios», precisaron. El problema, agregó, ha llegado a la hora de reconocer los complementos de los últimos cuatro años: «Durante 2017, unos 200 funcionarios han presentado por registro de entrada la formación a la que han dedicado su tiempo libre durante los últimos años, para que se reconozca en un complemento salarial».

Pero 2018 ha comenzado y estas instancias no se han revisado. Esto hizo que presentaran un escrito ante el gobierno local reclamando que se convocara la Mesa Paritaria, algo que no llegó a producirse.

Por este motivo, los sindicatos acudieron a Trabajo. Ante esto, la inspección emitió un escrito instando al gobierno a convocar la mesa antes de diez días. Ante esta situación, el ejecutivo local cumplirá con el mandato de Trabajo, como detalló el alcalde, David González. «La Mesa Paritaria será el martes, pero en ella sólo podremos escuchar las peticiones de los empleados y no tomar decisiones», agregó.

El edil recordó que existe un documento del Tribunal de Cuentas, de junio de 2017, que dice que estos pagos «no se ajustan a derecho» y, por tanto, en los mismos términos él, como alcalde, no puede firmar que se apliquen, dado que sería prevaricación. «Todo esto lo saben los sindicatos», añadió.

«Lo que también saben es que estamos buscando una fórmula legal que nos permita realizar estos pagos, incluso hemos contratado un gabinete externo para estudiar el caso». Por este motivo, añadió el alcalde, la mesa no se ha convocado y es algo que se «ha explicado a los sindicatos». «Nosotros queremos ir a la mesa con una propuesta legal. Ante esta situación convocaremos la reunión, pero no podremos tomar decisión alguna».

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