Un notario certifica la 'defunción' de IPG tras una década generando deuda

Lorena Milvaques, Diana Morant y Ciro Palmer, en la última comparecencia en la que hablaron del cierre de IPG. / àlex oltra
Lorena Milvaques, Diana Morant y Ciro Palmer, en la última comparecencia en la que hablaron del cierre de IPG. / àlex oltra

El gobierno de Gandia escritura el cierre de la empresa pública que creó José Manuel Orengo y que con Arturo Torró disparó los impagos

Ó. DE LA DUEÑA GANDIA.

El gobierno local (PSPV y Més Gandia) dio ayer la estocada final a Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), la empresa municipal que creó el exalcalde José Manuel Orengo, con la ayuda de su socio de gobierno Fernando Mut (Plataforma de Gandia).

La vida de la empresa ha estado salpicada por la polémica desde su creación. En los primeros años IPG fue la mercantil matriz de un sinfín de corporaciones dedicadas a la vivienda, el deporte, el turismo y la comunicación, entre otros.

En su primera etapa, con el PSPV, la deuda crecía como la espuma ante la adquisición de patrimonio por parte de Gandia. Más tarde, con la llegada del Partido Popular al poder, en 2011, la empresa se redujo a la mínima expresión, sin filiales, pero con un volumen de endeudamiento creciente, ante la organización de actos relacionados con el turismo o el deporte.

Una de las promesas del actual gobierno era cerrar la empresa que abrieron sus compañeros de filas y así está siendo. Ayer se firmó ante notario la escritura de cesión global de activos y pasivos de IPG al Ayuntamiento de Gandia, socio único de la entidad.

En este acto participaron en representación del Ayuntamiento, la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant; y los liquidadores de la empresa Francesc Pons, Vicent Mascarell, Salvador Marí y Emili Morant.

La escritura está acompañada de un informe del estado actual de cuentas de la empresa y de un inventario de propiedades. En el momento en que esta cesión de activos y pasivos se inscriba en el registro mercantil (un trámite burocrático que puede tardar unas pocas semanas), se producirá la extinción de la empresa pública de Gandia.

«Con esta cesión el gobierno de Gandia, con el apoyo activo y la participación de Ciudadanos, termina el año 2017 cumpliendo una promesa: cerrar la empresa pública Iniciativas Públicas de Gandia, que fue en la pasada legislatura un foco de opacidad, de mala gestión y de deuda», precisaron en un comunicado.

Bienes municipales

Desde ahora, el Ayuntamiento asume los bienes que le quedan a la empresa pública, los trabajadores, y asume también la deuda que queda por pagar, unos 6,5 millones de euros.

En las últimas semanas se han pagado 4 millones de euros en facturas y ha conseguido vender los bajos del edificio nuevo de Simancas cancelando así un crédito de alrededor de 5 millones de euros, una operación similar en importancia y magnitud a la reversión de la compra de la bolera del Gandia Palace, una de las operaciones que impulsó el PP en la pasada legislatura.

Los proveedores que aún no han cobrado pasan a ser ahora acreedores del Ayuntamiento, que satisfará esas deudas durante los primeros meses del ejercicio presupuestario 2018. Desde el consistorio recordaron ayer que Iniciatives Públiques, nacía hace una década la matriz de tres empresas públicas creadas «con una triple finalidad: hacer accesible la vivienda en el momento de mayor vigencia de la burbuja inmobiliaria, promover la actividad del deporte, además de introducir el sector turístico en el sistema productivo. «Todos sus cuentas se aprobaron con balances económicos positivos, incluso el de 2011, que ya fue aprobado por un gobierno del PP en 2012», sostuvieron en el escrito.

Pero la empresa pública en manos del PP fue, según el gobierno, una herramienta «que condenó las futuras generaciones a tener que pagar las malas gestiones del ejecutivo popular»

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