La liquidación de IPG obliga a Gandia a aplazar sin fecha la entrega de viviendas de Simancas

El coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell; el edil Nahuel González y responsables de la Generalitat, en Simancas en 2016. / à. oltra
El coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell; el edil Nahuel González y responsables de la Generalitat, en Simancas en 2016. / à. oltra

Urbanismo confía en que el proceso concluya «en unas semanas» con la cesión de bienes de la empresa al Consistorio y el PP exige celeridad

Ó. DE LA DUEÑA GANDIA.

Las más de 40 familias de Gandia que esperan su vivienda en el complejo residencial de Simancas desde 2009 tendrán que armarse de paciencia. El gobierno local (PSPV y Més Gandia) ha aplazado sin fecha la entrega de estos pisos que estaba anunciada para finales de 2017. El ejecutivo de izquierdas sostiene que en estos momentos es imposible ceder las casas a sus propietarios «por motivos de seguridad jurídica» y confía en que en «unas semanas» se inicie el reparto de llaves entre los dueños.

El motivo que se argumenta es el cierre y la liquidación de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG). Esta entidad es la propietaria de unas 60 viviendas en el residencial y ha sido la promotora del proceso de demolición de los viejos edificios y de construcción de los nuevos. La obra ha estado en manos de una empresa local que ha atravesado dificultades económicas, lo que obligó a paralizar la actuación durante años.

El proceso de liquidación de IPG ha motivado que el gobierno tenga que esperar para entregar los pisos, pese que el nuevo complejo está terminado. El ejecutivo ha asumido todas las competencias de IPG, pero tiene que cumplir con los trámites a los que le obliga la ley para culminar la operación y evitar que los propietarios tengan algún contratiempo jurídico en el futuro.

Firma notarial

Una de las obligaciones era pasar por el notario para firmar la clausura de la empresa y la cesión de sus bienes y sus deudas al Ayuntamiento de Gandia. Hasta que la empresa no esté definitivamente en manos del consistorio no se podrá impulsar la cesión de las casas, indicaron fuentes del gobierno.

Todo esto ha generado la enésima demora en la entrega de los pisos, como reconocieron ayer desde el bipartito tras las críticas arrojadas por el Partido Popular. Los ediles Andrés Puig y Vicent Gregori denunciaron que el «gobierno de Gandia prometió que las llaves se entregarían antes de Navidad y que los dueños tendrían sus casas preparadas para regresar».

«Hace mes y medio denunciamos que las familias estaban desesperadas tras nueves años de espera. El gobierno contestó que ese mismo día había llegado al certificación por parte del Consell y que la entrega de las viviendas era inminente, antes de fin de año», dijo Puig. «Ahora estamos casi a mediados de enero y se desconoce cuándo volverán los propietarios de las viviendas a sus casas», agregó

Los concejales populares repasaron las ocasiones en que tanto desde el bipartito como desde el Consell se ha anunciado la entrega de llaves: «Desde el 30 de diciembre de 2015, tanto el coordinador de Urbanismo de Gandia, Vicent Mascarell, como la directora general de Vivienda de la Generalitat, Rebeca Torró, o la consellera de Territorio, María José Salvador, han anunciado el fin de la obra del complejo residencial y la apertura de los pisos de forma inminente».

Pero todas las fechas que se han dado en estos casi tres años se han ido posponiendo. Una de las últimas comparecencias de Mascarell para hablar de este tema estuvo acompañada de un manojo de llaves. El socialista afirmo que la finalización de la obra y la entrega de pisos era cuestión de semanas.

Finalmente no ha sido así. Mascarell aseguró ayer que el gobierno ha querido anticiparse a problemas jurídicos, tanto para la extinta IPG como para los propietarios: «Lo correcto es dar todas las viviendas desde el Ayuntamiento, no unas ahora desde IPG. En caso de que alguien interpusiera un recurso se podría retrasar aún más el proceso», añadió.

Las obra de Simancas arrancaron en 2009 con el desalojo de los primeros propietarios. El nuevo residencial pretendía acabar con los pequeños bloques y levantar dos edificios un total de algo más de cien viviendas y contar con una plaza central. Gandia, a través de IPG, dispone de unas 60 casas, mientras que 41 familias están reubicados desde entonces, hace casi 10 años a la espera de que finalicen la obra.

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