Un juez obliga a Enric Llorca a pagar 2.000 euros a un exempleado público por dañar su honor

Ó. DE LA DUEÑA

Villalonga. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia ha condenado al alcalde de Villalonga, Enric Llorca, a reparar, con 2.000 euros, una acción que atentó al honor de un vecino. El residente en cuestión es Antonio Sojo, que acudió ante los tribunales para denunciar un presunto delito de prevaricación ante la contratación de personal, según los criterios propios del primer edil.

De hecho, la entrada de un afín del PSPV a la plantilla municipal fue lo que desencadenó la polémica. El alcalde contrató al independiente que ocupó el número 10 de la lista del PSPV en las elecciones de 2011

El magistrado ha condenado de forma firme a Llorca a abonar a Sojo 2.000 euros «en concepto de daños y perjuicios al honor», causados tras emitir un bando municipal por toda la población hablando del exempleado y explicando la versión del ejecutivo sobre la denuncia interpuesta por el empleado ya jubilado y vertiendo algunas críticas.

De hecho, el magistrado reconoce que se ha menoscabado el honor de Sojo, tanto mediante el bando del 18 de abril de 2016, como con la noticia que se publicó en la página web del Ayuntamiento.

Es más, el titular de la sala falla también que el gobierno local ha de informar en el mismo medio de la «anulación de la resolución, utilizando el mismo medio y la misma publicidad con la que se divulgó, a los efectos de darle la máxima publicidad, además de informar de la sanción de 2.000 euros que se han de abonar al exempleado.

Sojo era trabajador público y llevó a los tribunales la contratación del afín al PSPV. Tras esto cayó de baja y se jubiló. Este nuevo fallo es otro jarro de agua fría para Llorca, que tras siete años en el gobierno local ha tenido que hacer frente a varios pleitos y prestar declaración en numerosas ocasiones.

Sin ir más lejos, la justicia ha anulado los Presupuestos y la plantilla de los ejercicios de 2015 y 2016, además está suspendido de forma provisional del PSPV al estar encausado por presunta prevaricación administrativa.

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