Un juez imputa a dos ediles del PSPV de Villalonga por irregularidades en la contratación de personal

El alcalde de Villalonga, Enric Llorca, a la derecha, durante un pleno municipal. / lp

El titular de la sala dos de Gandia cita a Juan José Sanchis y Vicente Rocher como investigados tras la denuncia presentada por las concejalas no adscritas

Ó. DE LA DUEÑA VILLALONGA.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Gandia mantiene su investigación contra el alcade de Villalonga, Enric Llorca, por presuntas irregularidades en la contratación de personal por parte del Ayuntamiento, tras la denuncia persentada ante Fiscalía de Valencia por las ediles no adscritas Alicia Gomis y Lydia Reig.

Pero el caso va más allá y ahora el magistrado que lleva el caso ha citado como investigados a dos concejales del gobierno de Llorca, los socialistas Vicente Rocher y Juan José Sanchis. Esto quiere decir, que el juez considera que estos concejales podrían haber cometido algún tipo de delito en el proceso de contratación de personal.

Por este motivo el juez les llama a declarar como investigados, lo que antes se conocía como imputados. Cabe remarcar que el funcionario está instruyendo el caso y que aún no se sabe si alguno de todos los imputados irá o no al banquillo de los acusados, es decir, se desconoce si pasarán a la condición de acusados.

Si esto ocurriera querría decir que se abre juicio oral. Esto ya le ha ocurrido a Llorca. El alcalde está acusado por emplear a un afín al PSPV en el año 2013. El socialista contrató a un miembro de su lista electoral de la candidatura de 2011. Un empleado público llevó este tema a los juzgados y ha prosperado.

De hecho, Llorca se sentará en el banquillo y la directiva autonómica del PSPV le ha apartado temporalmente de militancia ante la gravedad de los hechos.

Bolsa de 2015

Ahora los asuntos judiciales cobran vida en otro tema: la bolsa de trabajo. Este documento fue elaborado en 2015 y han sido muchos los vecinos que se han quejado al considerar que el gobierno se la saltaba a su antojo.

Ante este malestar las ediles no adscritas, antes socialistas, presentaron innumerables escritos por registro de entrada para saber cómo funcionaba la bolsa, pero obtenían respuestas «poco claras», indicaron. Las concejales preguntaban en los plenos al alcalde por este tema. «Si no están conformes con las respuestas vayan a los juzgados», esto es lo que según Gomis, Llorca les decía en las sesiones.

Eso hicieron. Acudieron a Fiscalía. De momento ya han declarado las dos no adscritas y Llorca y ahora están citados los dos concejales socialistas. Llorca explicó que él está inmerso en este proceso judicial por no ceder a las presiones de las exsocialistas, que han intentado hacerle «chantaje» en varias ocasiones.

Quienes también atendieron las llamadas de este periódico fueron los nuevos investigados, ambos por haber sido ediles de Personal. Los dos se mostraron tranquilos y afirmaron que siempre han cumplido con la legalidad y han firmado los contratos asesorados por los funcionarios.

Rocher aseveró que ya le habían comunicado desde el Ayuntamiento que tenía una citación. El edil explicó que ya fue llamado a declarar hace unos meses, pero que ahora, al parecer, debe volver como investigado. Dijo que el motivo de estar inmerso en este caso es que fue edil de Personal a principios de legislatura.

El socialista añadió que se ha seguido siempre el orden de la bolsa, excepto en algún caso concreto en el que ha mediado la trabajadora social: «Ha habido momentos puntuales en que esta funcionaria ha socilitado un empleo temporal para algún vecino por una situación de extrema gravedad. En ese caso se ha atendido la petición de la funcionaria».

Sanchis, por su parte, dijo desconocer la citación, pero también aseguró haber hecho su trabajo conforme a la legalidad. En estos momentos el edil comparte el área de Personal con el alcalde y afirmó que son «los funcionarios quienes van llamando a los vecinos para trabajar según la bolsa». «Otra cosa es que declinen la oferta porque ya tienen un empleo o que no se les localice. En ese caso, obviamente, se salta al siguiente», precisó.

Más tiempo para investigar

El titular del juzgado dos de Gandia ha pedido una prórroga de 18 meses, tras haber pasado ya los seis primeros de instrucción de este caso. Este plazo está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sólo se puede solicitar para casos que se consideran complejos.

El magistrado entiende que necesita más tiempo para investigar el caso y se ha acogido a esta posibilidad que contempla la normativa para proseguir con la instrucción.

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