Un juez impide el embargo de la oficina de turismo al declararla Bien de Dominio Público

El edil José Manuel Prieto muestra el fallo que impide el embargo, ante Xavi Ròdenas. / àlex oltra
El edil José Manuel Prieto muestra el fallo que impide el embargo, ante Xavi Ròdenas. / àlex oltra

El magistrado de Gandia declina la petición de una empresa de lograr la propiedad para saldar una deuda que arrastra con el Ayuntamiento

Ó. DE LA DUEÑA GANDIA.

El juzgado de Primera Instancia número 2 de Gandia ha dado la razón al gobierno local (PSPV y Més Gandia) y ha declinado la petición de embargo que tramitó una empresa privada ante el Ayuntamiento para hacerse con la vieja oficina de turismo de la playa.

De esta forma, se levanta este procedimiento y el magistrado impide que el inmueble recaiga en manos privadas tras declararlo Bien de Dominio Público. La mercantil reclamó al consistorio este recinto, situado en primera línea del distrito marítimo, como pago de la deuda que, según la gerencia, el Ayuntamiento le adeuda desde la pasada legislatura.

Ante esta situación, relató el edil José Manuel Prieto, el «gobierno no se quedó de brazos cruzados y acudió a la justicia», donde un magistrado le ha dado la razón al consistorio. El concejal recordó que la publicación que solicitaba el embargo estaba estrechamente vinculada al gobierno anterior, del Partido Popular, y que se «dedicaba a alabar sus glorias».

«Esta empresa, durante la pasada legislatura, estuvo bien alimentada de dinero público a cambio de ensalzar al anterior gobierno», detalló el regidor del PSPV. Ante la petición de embargo, el Ayuntamiento interpuso un recurso, a través de sus servicios jurídicos, y el titular de la sala ha resuelto declarar el edificio como Bien de Dominio Público, «con lo que se ha levantado el embargo».

Prieto mostró el fallo del magistrado con el que se protege el inmueble y se impide que la empresa que lo reclamaba como pago de la deuda pueda lograr su titularidad. La mercantil, por tanto, si tiene facturas pendientes de cobro tendrá que seguir los trámites habituales, como hacen el resto de empresas.

«Un bien de todos no será embargado por los deseos de unos pocos. Así se cierra este asunto y el gobierno puede seguir centrado en resolver los problemas de los ciudadanos», concluyó Prieto.

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