Una juez anula la suspensión de empleo y sueldo del funcionario de Villalonga a quien espió un detective

Joaquín Soto, en LAS PROVINCIAS, donde expuso la documentación de su caso. / ó. de la dueña
Joaquín Soto, en LAS PROVINCIAS, donde expuso la documentación de su caso. / ó. de la dueña

La magistrada entiende que Enric Llorca actuó con «mala fe» al investigar al trabajador que estaba de baja médica y niega la posibilidad de recurso

Ó. DE LA DUEÑA GANDIA.

El alcalde de Villalonga, Enric Llorca, ha sufrido un duro revés en su gestión como primer edil al frente del consistorio. La justicia ha invalidado los argumentos en los que se basó para sancionar a un empleado público y suspenderlo hasta tres años de empleo y sueldo. Es más, el auto, que firma la magistrada del Juzgado de lo Social número 9 de Valencia, no escatima en calificativos y sostiene que el munícipe llegó a actuar con «mala fe» hacia el trabajador, Joaquín Soto.

Esta sentencia es firme y no hay posibilidad de recurso, por lo que Llorca tendrá que aceptarla y seguir a pies juntillas lo que ordene la alta funcionaria. El alcalde tuvo un par de enfrentamientos con el empleado público, en los que llegó a llamarle «perro», como él mismo reconoció a este periódico: «Lo hice, pero con cariño», puntualizó el socialista hace unos meses en declaraciones exclusivas a LAS PROVINCIAS.

El caso, como no podía ser de otra manera, acabó en el Juzgado de lo Social, donde durante meses la titular de la sala 9 ha tomado declaraciones a Soto, como demandante; a varios miembros del Ayuntamiento, como parte demandada, y a numerosos testigos y compañeros del empleado expedientado.

Empleados de baja

Los hechos se remontan a finales de 2016. En ese momento, el encargado de las brigadas de trabajadores municipales de Villalonga estaba de baja por enfermedad. Ante esta situación, era el propio Llorca quien cada mañana acudía a primera hora para ordenar a cada miembro del grupo laboral cuáles eran los trabajos que debía laboral.

En una de esas ocasiones fue, como sostuvo Soto ante la juez, cuando el alcalde le llamó 'gos' -perro- ante sus compañeros. Estas discusiones hicieron mella en el empleado, que acudió a los servicios médicos donde le dieron la baja por depresión y ansiedad, entre agosto de 2016 y enero de 2017.

Pero tras estos meses Soto se reincorporó a su puesto de trabajo y los problemas regresaron. Los enfrentamientos se repitieron en los primeros meses de 2017 y en una ocasión el alcalde le ordenó que trabajara con una segadora, a lo que el trabajador contestó que no sabía utilizar el aparato, ya que su función siempre había sido conducir los camiones municipales. El enfrentamiento fue mayúsculo y según el fallo hubieron nuevos descalificativos.

Daño psicológico

Esto hizo mella en Soto. La mutua que trabaja para el Ayuntamiento dio la baja al empleado, como atestiguó la psicóloga en el juicio, por ansiedad y estado depresivo. La profesional recomendó a Soto realizar tareas que le hicieran olvidar lo sucedido, entre ellas trabajos de campo o bricolaje entre otras. Por ello, Soto estuvo algunos días colaborando en la casa de campo de un familiar donde realizaban mejoras de obra. Pero esto no gustó a Llorca que contrató a un detective privado para espiar al trabajador.

Este investigador hizo fotos de Soto realizando estas actividades y esto sirvió a Llorca para expedientarle. El informe llevaba la firma de altos funcionarios del consistorio, pero no ha servido de nada. La juez considera como hechos probados la «mala fe» del alcalde y de las personas que instruyeron el expediente, al entender que se han vulnerado los derechos de Soto y que los supuestos hechos de los que se le acusaban en el documento «no están especificados de forma legal».

El expediente entró en vigor en septiembre de 2017 y desde entonces Soto no ha percibido salario, ahora cobrará estos meses y las demoras, además de poder volver a su puesto cuando esté recuperado.

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