El gobierno deja en manos de los propietarios el fin de la urbanización de Marenys

Un poste eléctrico en la carretera de la urbanización. / l. gallego
Un poste eléctrico en la carretera de la urbanización. / l. gallego

El Ayuntamiento de Gandia ofrece a los vecinos una cuota final de 4 euros por metro cuadrado a pagar cuando terminen las obras

ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA.

El gobierno de Gandia ha dado un paso al frente para terminar con los problemas que afectan a más de 300 propietarios de Marenys de Rafalcaid. Una urbanización que lleva paralizada desde 2010 tras numerosas sentencias judiciales y por la quiebra de la empresa constructora y que mantiene la zona residencial sin garantía jurídica. Una situación que impide a los vecinos obtener cualquier licencia de obra en sus terrenos.

Ante tal situación, el ejecutivo se reunió la semana con los afectados para plantearles una propuesta que ponga fin a años de desencuentros entre los vecinos y los diferentes gobiernos. Según explicó ayer el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, el Consistorio ha planteado dos premisas a los residentes: pagar una última cuota de 4 euros por metro cuadrado y que ésta no se abone hasta que no estén finalizadas las actuaciones.

Según detalló Mascarell, el coste estimado para terminar la urbanización asciende a medio millón de euros, «realizando una actuación mínima para que no repercuta en los vecinos», un precio que el ejecutivo considera que podría ser menor y reducirse un 10% tras la licitación de las obras. La actuación contempla la retirada de postes eléctricos y de telefonía, así como el acondicionamiento de algunas calles y zonas verdes.

La urbanización cuenta con una superficie total de 120.000 metros cuadrados, pero «en estos momentos no tienen condición de solar, no se pueden dar licencias para obras, piscinas ni edificaciones auxiliares con la normativa actual» y sólo seria posible si se acaba la urbanización. Además, si finalizan las actuaciones, el Ayuntamiento de Gandia podrá recepcionar el PAI y hacerse cargo del mantenimiento y limpieza de esta zona residencial.

Mascarell destacó que es una «situación tremendamente injusta» la que sufren los vecinos pero «es una solución de mínimos para que finalice la urbanización».

A partir de ahora, la decisión está en manos de los propietarios que deberán responder de manera personal a la propuesta. En el edificio municipal, o en la junta de distrito, los interesados deberán confirmar su adhesión a la propuesta a través de un documento con «una manifestación de voluntad por escrito que una a las dos partes con las premisas pactadas», indicó el coordinador de Urbanismo.

Oportunidad

El ejecutivo reconoció que no fue fácil acudir a una reunión para decirle a los vecinos que deben pagar una cuota, pero consideran que «es una oportunidad, porque no hacer nada no es la solución, porque de ese modo nunca podrán tener licencias». Mascarell apuntó que no hay un plazo cerrado para recoger las respuestas de los propietarios porque la intención del Consistorio es dejar «un plazo amplio y flexible porque queremos que la gente participe ».

Mascarell, que estuvo acompañado en la rueda de prensa, de los ediles Miguel Ángel Picornell y Xavier Ródenas, destacó que «queremos hacer las cosas, pero queremos hacerlas con los vecinos, y sólo se hará si una mayoría amplía de propietarios quieren». Por su parte, Picornell, presidente de la junta de distrito, indicó que se trata de «dar una solución a los vecinos para terminar con un largo desencuentro y si no se avanza, se tendrá que dejar paso a la decisión que puedan tomar otros futuros gobiernos».

El concejal de Gestión del Territorio manifestó que «el precio es bueno para los vecinos, pero el daño que se ha hecho no lo podemos remediar». «Si se ejecuta podrá ser la clave para resolver otros conflictos similares que existen», apuntó Ròdenas.

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