Gandia denuncia a Torró y su equipo por la gestión de IPG y les reclama 3,3 millones

Oficina de l'Habitatge de Gandia, en la avenida de Alicante, donde estuvo la sede de IPG. / àlex oltra
Oficina de l'Habitatge de Gandia, en la avenida de Alicante, donde estuvo la sede de IPG. / àlex oltra

Un juez de lo Mercantil decidirá si se actuó con mala fe y el exalcalde tilda a Morant y Mascarell de ser «asustaviejas» con este tipo de demandas

Ó. DE LA DUEÑA GANDIA.

El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número tres de Valencia será quien dirima si hubo mala praxis en la gestión de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) durante el gobierno de Arturo Torró (Partido Popular). El gobierno local (PSPV y Més Gandia) hizo pública ayer una demanda que presentó el pasado mes de noviembre mediante la que reclaman hasta 3,3 millones al exprimer edil y a su equipo.

IPG ha sido un arma arrojadiza entre el ejecutivo y los partidos de la oposición desde su creación, hace una década. Pese a que la mercantil ha sido clausurada y el Ayuntamiento ha asumido sus deudas, la empresa sigue generando polémica y llevando a los políticos ante los tribunales.

Esta demanda se presentó en noviembre de 2017, pero no se conoció hasta ayer. Esto ocurre, precisamente, unos días después de que la Audiencia Provincial archivara de forma definitiva la denuncia de los populares contra la alcaldesa de Gandia, Diana Morant. El tribunal desestimó la denuncia que Torró y su equipo en IPG tramitaron contra la edil por impedirles el acceso a los despachos de la empresa tras el día de la investidura.

En cualquier caso, la demanda actual tiene otro escenario: el Juzgado de lo Mercantil. Esto quiere decir que el tipo de procedimiento difiere bastante al de las denuncias por presuntos delitos que pueden presentarse en los Juzgados de Primera Instancia de Gandia.

De hecho, en este caso no existe la admisión a trámite. La demanda se presentó y el juez de la sala tres estudiará la documentación que aportaron desde el bipartito en su acusación de mala praxis a los antiguos gestores del IPG.

En el escrito, el gobierno culpa al consejo de la mercantil de la época del PP, formado por Torró, Javier Reig, Víctor Soler, Lola Moncho y Guillermo Barber, de llevar a cabo prácticas que han generado pérdidas económicas para Gandia al actuar con «dolo o mala fe».

Ante este argumento, y estudiando también los escritos que haya aportado la parte acusada, el magistrado pondrá fecha para un juicio, tras el cual decidirá quien tiene la razón. Ni la parte denunciante, ni la denunciada saben, o eso afirmaron, cuando se celebrará la vista.

En un procedimiento mercantil, a diferencia de uno penal, no se abre investigación ni hay acusación por parte del Ministerio Fiscal. Sólo el juicio para fijar el fallo.

El período «que se juzgará es aquel en el que el Partido Popular promovió acciones que se alejaban del objeto social de la empresa y del interés social», informaron desde el gobierno. Entre otros, la compra del concesionario de la Citroën, por 3,9 millones de euros; la reforma del mercado municipal del Prado, por 1,2 millones; el alquiler de la discoteca Cocoloco, la gestión de los conciertos de verano o las inyecciones en publicidad en empresas.

El exalcalde, por su parte, dijo que tanto Diana Morant como el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, son dos «asustaviejas». Torró lamentó que esta querella se presentara en «2017 y no en 2016 como aprobó la propia IPG». Fuera de la demanda, quedan otros aspectos que están en lo penal como, por ejemplo, el caso Tele 7 o los impagos a entidades bancarias.

Cifras erróneas

Sobre los argumentos aportados al juzgado de Valencia, el popular afirmó que son erróneos: «No casan ni las cifras, ni lo que se demanda, ni nada. Es inconsistente porque hubo una buena gestión al frente de IPG, al igual que en el Ayuntamiento en su conjunto».

Es más, el exalcalde acusó a los socialistas de tratar chantajear a su partido. «La han utilizado para amedrentarnos y chantajearnos. Saben que íbamos a interponer una batería de acciones penales contra el actual gobierno de Gandia, por todos los fraudes y presuntos delitos que están cometiendo y querían que no las presentáramos para ellos retirar esta demanda de responsabilidad social».

«Es todo una estrategia para que desfilemos por los juzgados y manchar nuestro honor», agregó el exalcalde. Torró concluyó despachándose a gusto sobre lo que piensa de Morant y Mascarell: «Son dos 'asustaviejas', utilizan este tipo de demandas para alarmar, pero saben que no hay nada. Tienen tanto odio y rencor que sobrepasan cualquier línea roja, presentando querellas patrimoniales, jugando con el pan de la gente. Esto no es más que falta de altura política y cobardía».

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