La empresa del parque acuático que contrató Torró embarga a Gandia por 56.000 euros

Torró, un asesor y el responsable de la empresa americana. / lp
Torró, un asesor y el responsable de la empresa americana. / lp

Un juez da la razón a la mercantil americana para que cobre por realizar el proyecto que el actual gobierno descartó tras tomar posesión

Ó. DE LA DUEÑA GANDIA.

La empresa americana Profun Management Group ha logrado embargar al Ayuntamiento de Gandia por una deuda de 56.000 euros. Esta mercantil presentó junto al exalcalde Arturo Torró, del Partido Popular, el proyecto de un parque acuático en la ciudad durante la pasada legislatura. La entidad estadounidense demandó al consistorio por los trabajos realizados de elaboración del proyecto y el informe de viabilidad.

Este recinto de ocio fue uno de los planes estrella del anterior ejecutivo y encontró numerosos defensores y otros tantos opositores. El proyecto no salió adelante. Tras el cambio de gobierno en 2015, el actual consistorio, dirigido por PSPV y Més Gandia, declinó seguir adelante con el parque y canceló las negociaciones con los inversores.

Ante esta situación la empresa americana inició los trámites para cobrar los trabajos realizados. Tras la supresión de la iniciativa por el actual gobierno, Profun remitió en 2015 un escrito al consistorio. La mercantil reclamaba 43.000 euros. La entidad explicaba que estos emolumentos se correspondían con la elaboración del proyecto y del informe de viabilidad.

Todo ello sumaba 135.000 euros, de los que, al parecer, ya se habían abonado 92.000, por lo que la empresa exigía 43.000. Pero desde el consistorio de Gandia no se atendió esta petición en el momento que se realizó. De hecho, en esas fechas se manifestó la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, y dijo que se trataba de una «deuda que habría que pagar» pero que en ese momento había «otras prioridades más básicas».

Por ello, y ante el paso del tiempo, Profun recurrió ante la justicia española por el impago. La mercantil contrató a un bufete de abogados para reclamar la deuda. La querella se dirigió a la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), que fue a través de la que se tramitaba el proyecto.

Tras el proceso, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gandia decretó el embargo de bienes a IPG, empresa que depende del Ayuntamiento y de la que hace unos meses se aprobó su disolución. Por ello, el gobierno ha tenido que hacer frente a la deuda de 56.000 euros.

Además de los 43.000 euros, el consistorio ha abonado otros 13.000 euros en concepto de costas judiciales e intereses de la deuda, relató el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell. El socialista lamentó que el gobierno haya tenido que acabar pagando los «caprichos de Torró», pese a que el exalcalde hablaba de que todo proyecto y los viajes que él realizó junto a algunos asesores a la sede de la empresa fueron «a coste cero».

Viaje a América

«Ninguna empresa da nada gratis y aquí tenemos la prueba. El viaje que realizó Torró a América a la sede de la empresa para ver el proyecto, acompañado de varios asesores, no ha sido gratis como dijo en su momento. Lo estamos pagando todos los vecinos de Gandia», añadió el socialista.

Mascarell explicó que, inicialmente, el gobierno se negó a liquidar la deuda porque no había ningún documento que respaldara estos pagos: «No había facturas ni contratos en la sede de IPG».

El socialista recordó que mucha «documentación de la empresa pública desapareció» con la salida del PP y que no hubo un traspaso de poderes en la mercantil: «Allí no se supo nada más de los gestores de los años de Torró».

Pero, al parecer, Profun aportó en el enfrentamiento judicial un «contrato firmado por el exalcalde», que hizo que un magistrado condenara al Ayuntamiento a pagar y ejecutara la sentencia embargando a IPG.

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