El alquiler de las viviendas sociales será el 20% de los ingresos de la familia arrendataria

Nahuel González y Vicent Mascarell en la rueda de prensa. / à. oltra
Nahuel González y Vicent Mascarell en la rueda de prensa. / à. oltra

Gandia regula los pisos de titularidad municipal y podrá rescindir el contrato de los inquilinos que no respeten las normas de convivencia

ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA.

El Ayuntamiento de Gandia ha aprobado la nueva ordenanza de vivienda para regular aquellos pisos de titularidad municipal y que están a disposición de los vecinos para el alquiler o alquiler con opción a compra. Las principales novedades de esta legislación radican en las viviendas de carácter social. El departamento de Urbanismo y de Responsabilidad Social han trabajado de manera coordinada para establecer unos criterios.

De este modo, se ha regulado que aquellos inquilinos que accedan a una vivienda social tendrán que pagar un alquiler que supondrá el 20% de los ingresos de la familia. Pero además, se ha marcado un límite mínimo de ingresos por lo que los arrendatarios deberán pagar siempre, aunque sea la tarifa menor, que está cifrada en 30 euros.

También se han establecido las bases para baremar a los candidatos a ocupar estos pisos. Se podrán beneficiar de estas casa las personas más vulnerables, en exclusión social, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género, entre otras características.

En la baremación para elegir a las personas que soliciten la vivienda, que realizarán los técnicos del área de Responsabiliad Social, también se tendrá en cuenta el padrón. Tendrán preferencia aquellas personas que lleven más tiempo residiendo en Gandia. Pero la nueva ordenanza también obligará a los inquilinos a cumplir con una serie de obligaciones.

Según explicaron ayer el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, y el edil de Responsabilidad Social, Nahuel González, la convivencia en el entorno vecinal será clave. «A aquellas personas que tengan una mala convivencia se les podrá denegar el permiso para habitar estas viviendas y se podrá rescindir el contrato», explicó el concejal.

González indicó que la duración de los contratos para la vivienda social será de un año, con opción de renovar, mientras que para los pisos de VPO se ha establecido un periodo de cuatro años, también renovable. «Queremos evitar la cronificación. Una vivienda social es una herramienta transitoria ante una necesidad», apuntó el edil de Responsabilidad Social.

Por su parte, el precio de las viviendas de protección oficial se regula por la normativa autonómica, pero desde el ejecutivo cifraron la cantidad entre 200 y 350 euros, según los metros cuadrados del piso y la ubicación.

Mascarell reconoció que la nueva ordenanza es «vanguardista y realista» y señaló que desde el gobierno «aspiramos a que los que estén en una vivienda también cumplan con las obligaciones».

En estos momentos, el Consistorio dispone de un parque de unas 200 viviendas de titularidad municipal, tras asumir los pisos de la empresa pública IPG. Además, también están a disposición, las viviendas propiedad del Consell a través de EIG (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat), que tiene en Gandia más de un centenar de casas.

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