Borrar
Urgente El precio de la luz sigue a la baja este Viernes Santo: las horas que costará menos de 1 euro
Una de las calles de Villalonga que tuvo que reparar el Ayuntamiento con fondos propios. :: lp
Fiscalía denuncia al alcalde de Villalonga por pagar obras de calles inacabadas

Fiscalía denuncia al alcalde de Villalonga por pagar obras de calles inacabadas

Enric Llorca devolvió un aval de 125.000 euros a la constructora pese a los informes técnicos que alertaban de daños en la peatonalización del centro

Ó. DE LA DUEÑA

Miércoles, 24 de mayo 2017, 01:05

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La justicia pone entre las cuerdas una vez más al alcalde de Villalonga, Enric Llorca. El primer edil ha sido denunciado por la Fiscalía de Valencia por pagar unas obras inacabadas, la peatonalización del centro, y hacer caso omiso a los informes técnicos de un arquitecto municipal que recomendaban reclamar a la constructora.

El ministerio ha emitido un informe en el que pide al Juzgado Decano de Gandia que tome cartas en el asunto e inste a la sala de instrucción correspondiente a abrir una investigación. En el escrito redactado por la fiscalía el 5 de mayo se formula una «denuncia» contra Llorca y un técnico que el alcalde contrató en 2015, Onofre Miñana, por un presunto delito de prevaricación.

Fiscalía ve irregularidades en la gestión de Llorca. De hecho, hace tan sólo unos meses un grupo de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil visitó por sorpresa el Ayuntamiento y se llevó toda la documentación sobre la peatonalización de las calles del centro.

Dos legislaturas

Estas obras fueron impulsadas por el anterior alcalde Juan Ros, pero se culminaron con Llorca. De hecho fue la máxima autoridad quien descartó reclamar a la constructora pese a que las calles estaban en mal estado y los vecinos protestaron en varias ocasiones. Entre otras vías se impulsó la peatonalización de Ingeniero Roselló, Colón y Doctor Fleming.

La mercantil que se hizo con los trabajos fue CYCA SL y comenzó la obra entregando un aval al Ayuntamiento de 125.000 euros. La peatonalización del centro se llevó a cabo con un montante de 2,5 millones, procedentes de fondos europeos y repartidos por la Generalitat.

La actuación acabó durante la anterior legislatura y los desperfectos en varias calles eran evidentes. Algunas baldosas saltaban y otras estaban sueltas, generando ruido cada vez que pasaba algún vehículo de residentes de la zona.

Pese a ello, el gobierno del PSPV, partido que ha expulsado temporalmente a Llorca por otro tema judicial, decidió devolver el aval y descartó reclamar a la empresa que reparara los daños, ante la sorpresa del resto de miembros de la corporación municipal. Ante esta situación, las ediles no adscritas Lidia Reig y Alicia Gomis informaron a fiscalía de lo que estaba sucediendo en el gobierno de Villalonga.

El ministerio fiscal dispone de toda la información y ha comprobado cómo gestionó Llorca todo este proceso. Fiscalía es consciente de que el alcalde sabía que las obras presentaban desperfectos y que el coste de la reparación ascendía a 12.000 euros, como publicó en su día este periódico. El primer edil disponía de un informe de un arquitecto que trabajó para el Ayuntamiento hasta poco antes de las elecciones de 2015, Jorge Ferrer. El trabajo se redactó en septiembre de 2014, pero Llorca lo ocultó como refleja el escrito que ha emitido la Fiscalía de Valencia.

Más tarde, el alcalde se vio obligado a reconocer en un pleno que existía el documento y que era conocedor de ello. El profesional redactó un documento donde detallaba los daños y el coste que supondría para las arcas públicas la reparación en caso de no reclamar a la constructora. Llorca prescindió de los servicios de este empleado y contrató a Onofre Miñana.

Informe municipal

Fue este arquitecto quién recomendó devolver el aval. Esta propuesta fue al pleno y salió adelante con los votos de los ediles del PSPV y del PP en enero de 2016. Esto dejaba claro que serían los vecinos de Villalonga quienes volverían a pagar por rematar y reparar las obras de peatonalización.

Todo ello, visto desde fiscalía puede constituir un delito de prevaricación, al entender que Llorca conocía los desperfectos y que tenía tiempo para reclamar a la empresa, pero optó por devolver el aval y dejar pasar la garantía. Es más, en el pleno de julio del pasado año, los mismos partidos, PSPV y PP, aprobaron «indemnizar a la empresa con 3.057 euros», por los gastos derivados de una reclamación de la empresa. Esto para las ediles no adscritas es «una desfachatez».

«No entendemos para quien trabajan Llorca, sus ediles y los concejales del PP, si para los ciudadanos o para una empresa privada», indicaron las no adscritas. Ahora una sala de Gandia se hará cargo del tema y, con toda seguridad, tomará declaración tanto al alcalde Llorca como al arquitecto que recomendó devolver el aval a la constructora. Este periódico intentó hablar ayer con Llorca y miembros del PP pero no fue posible.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios