Las Provincias

Gandia cierra IPG tras 10 años de polémicas y el Ayuntamiento asume la deuda de 20 millones

Diana Morant, Lorena Milvaques y Ciro Palmer en la rueda de prensa donde anunciaron la liquidación de la empresa pública. :: àlex oltra
Diana Morant, Lorena Milvaques y Ciro Palmer en la rueda de prensa donde anunciaron la liquidación de la empresa pública. :: àlex oltra
  • El Consistorio conservará el patrimonio histórico, pagará a los proveedores y absorberá a una treintena de trabajadores de la empresa pública

El gobierno de Gandia ha dado el último paso para liquidar de manera definitiva la empresa pública IPG (Iniciatives Públiques de Gandia). El Consejo de Administración de la mercantil ha realizado el balance de la cesión global de activos y pasivos, es decir, la liquidación de IPG para que el Ayuntamiento asuma a partir de ahora todas las competencias.

Con este avance, el Consistorio se hace cargo de todos los bienes inmuebles, de los trabajadores y de las deudas de la empresa pública, que asciende a 20 millones de euros de deuda comercial. Ahora será toda la corporación municipal quien en sesión plenaria tendrá que dar el visto bueno a esta operación.

Una iniciativa que cuenta con el beneplácito del PSPV, Més Gandia y Ciudadanos, que comparecieron ayer en rueda de prensa conjunta para «poner punto y final al capítulo más negro de la historia de la ciudad», tal y como calificó la alcaldesa, Diana Morant, las actividades que realizó el PP al frente de la empresa pública. A partir de la aprobación final, las premisas del Ayuntamiento serán mantener y gestionar el patrimonio de la ciudad, garantizar determinados servicios, pagar a todos los proveedores y absorber a los 31 trabajadores que todavía forman parte de la mercantil pública. En este último paso, el gobierno ha pactado con los representantes sindicales la situación laboral de los empleados.

Trabajo intenso

En los últimos meses, el consejo de IPG ha dado el acelerón final y ha estado trabajando para reducir al máximo la deuda, con la finalidad de que el Ayuntamiento se hiciera cargo de un menor importe. Por este motivo, desde la mercantil se han vendido solares que no son útiles para la ciudad, como una parcela en la calle Benicanena, o el acuerdo alcanzado con los propietarios de la bolera de la playa con la dación en pago de la propiedad, que hasta ahora era municipal, y que ha evitado el pago de 5 millones de euros. Lo que no está en venta son edificios que forman parte del patrimonio de la ciudad, como la Torre dels Pares, que el consistorio va a mantener.

La primer edil detalló ayer la trayectoria de la empresa pública que nació hace 10 años y ya lo hizo «no exenta de debate». El aquel momento, el gobierno presidido por José Manuel Orengo creó IPG, y según la alcaldesa surgió con los objetivos de hacer accesible la vivienda, fomentar la actividad deportiva y la promoción turística de la ciudad con la colaboración público privada. Finalidad que no cumplió el PP al «utilizar la empresa para hacer cosas fuera de su objeto social y donde los populares llevaron a cabo las mayores barbaridades que se han visto en esta ciudad».

La primer edil destacó que durante la época socialista todas las cuentas de la mercantil pública se aprobaron en positivo, incluidas las del año 2011, con el PP ya al frente del gobierno. Morant también acusó ayer a los populares de «tirar a la oposición del consejo de administración para no tener acceso a ninguna documentación. En ese momento, comenzaron los horrores que hoy todavía estamos pagando».

La jefa del ejecutivo denunció la misteriosa desaparición de ordenadores, cuentas borradas y transferencias millonarias que «nunca ha devuelto la empresa pública al Ayuntamiento».

Liquidación con garantías

«IPG se convirtió en la Cueva de Alí Babá del PP, que utilizaba la empresa para clientelismo, enchufismo y gestión oscura», señaló la alcaldesa. Morant destacó que «poner orden al desorden» ha costado dos años «para hacer una liquidación con la garantía de poder cubrir la deuda» y pidió disculpas a los proveedores de la empresa pública, con los que se comprometió, a saldar los pagos pendientes lo más pronto posible.

Las tres formaciones políticas señalaron que la culminación de este proceso con el cierre de IPG fue un compromiso electoral que todos llevaron en campaña. La vicealcaldesa, Lorena Milvaques, destacó que se pone fin al «periodo oscuro, opaco y poco transparente» ya que a partir de ahora «todos los movimientos estarán fiscalizados por los funcionarios».

Ciro Palmer, destacó que desde su formación política siempre han mostrado un interés prioritario en el cierre de la mercantil pública porque lo que ha hecho «es perverso y diabólico». El edil de Ciudadanos apuntó que durante este periodo se ha reducido el 50% de la deuda que inicialmente se encontraron.

Por su parte, desde la oposición, el PP respondió a la comparencia del ejecutivo señalando que «IPG fue quebrada por José Manuel Orengo, Fernando Mut y Ciro Palmer». El edil Guillermo Barber le recordó a Morant que «los socialistas fueron quienes arruinaron la empresa pública al solicitar más de 40 millones de euros en créditos bancarios que fueron dilapidados en facturitas varias».

Barber apuntó que Palmer, estuvo en el primer consejo de administración de IPG y «en aquel entonces, como ahora, sirvió de muleta a los socialistas para aumentar desmesuradamente el endeudamiento bancario de la ciudad». Según el concejal del PP, «de aquellos lodos, el solicitar por parte de los socialistas préstamos bancarios que luego no se pagaban, ahora estos lodos, con la brutal subida de impuestos que ha aprobado el gobierno socialista», apostilló.

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