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El Consell Jurídic autoriza a Tavernes a buscar una nueva concesionaria para la piscina

  • El organismo consultivo avala la decisión del gobierno de suspender el contrato actual por incumplimiento y volver a licitar el servicio

El Consell Jurídic Consultiu ha avalado los pasos que está siguiendo el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna para resolver el contrato de la piscina cubierta con la empresa concesionaria y poder realizar una nueva adjudicación de la gestión de esta instalación, con el fin de que el recinto preste servicio a los vecinos cuanto antes.

El consistorio vallero, en un pleno extraordinario celebrado a finales de septiembre, acordó elevar al órgano jurídico el expediente por el que se pretendía resolver el contrato con Metroval Aqua por la concesión de la piscina cubierta. Este era un trámite obligado previo a poder resolver el acuerdo con la concesionaria. Ahora el Consell Jurídic Consultiu ha dictado que el consistorio puede resolver dicho contrato.

De esta forma respalda la postura del Ayuntamiento de Tavernes ante los incumplimientos reiterados de la mercantil encargada de las obras y explotación de la piscina. Con este aval legal, la Vall puede resolver el contrato con Metroval Aqua y liquidar las obras para poder iniciar una nueva adjudicación que abra al público y gestione la piscina cubierta.

La noche de ayer tuvo lugar una comisión en la Casa Consistorial para preparar la resolución de este contrato que se aprobará en un pleno extraordinario que se espera que se convoque a finales de esta semana. El alcalde de Tavernes, Jordi Juan, se mostraba satisfecho con el informe del Consell Jurídic, ya que respalda la posición del consistorio, al considerar que la concesionaria ha realizado reiterados incumplimientos en el proceso de ejecución de las obras.

Valoración de daños

Los siguientes pasos que confirmaba el primer edil serán «valorar las certificaciones de obra y los daños ocasionados a la administración, para después hacer la liquidación y acabar las obras». El ejecutivo local ha manifestado en reiteradas ocasiones que su intención, una vez estén acabadas las obras, es formalizar una nueva concesión de explotación para que una empresa externa gestione la piscina cubierta.

Es más que previsible que en el pleno extraordinario que se convoque a finales de semana se apruebe la resolución del contrato y se dé un paso más para tratar de desbloquear la situación calamitosa de la piscina cubierta. El informe del Consell Jurídic era preceptivo para seguir con este avance y poder abrir en un futuro la piscina vallera.

Desde el ejecutivo se señala que pese a que se está avanzando en el proceso, todavía se espera que los trámites se dilaten y vaya para largo la posibilidad de abrir la piscina al público, por lo farragoso de la tramitación que ahora toca cumplir.

Las obras de la piscina cubierta fueron adjudicadas a Metroval Aqua en 2008. Esta mercantil solicitó el concurso voluntario en octubre de 2011 por problemas de liquidez. Desde finales de ese año las obras están paralizadas y la piscina abandonada.

El paso del tiempo y el gamberrismo han dañado parte de las instalaciones municipales. En 2014 la empresa contratista solicitó hipotecar la concesión para tratar de obtener el dinero necesario con el que acabar las obras. No hubo más movimientos y en mayo de 2016 el Ayuntamiento inició la resolución del contrato, proceso que ahora ha avalado el órgano consultado.

Obras casi acabadas

Las obras de la piscina cubierta están certificadas al 98'9% por un importe de 2,7 millones de euros. Esto implica que las obras están prácticamente acabadas, sólo falta acabar un 1% de las mismas, más los daños que se hayan ocasionado con las incursiones de gamberros que ha habido en la piscina.

Quedan remates de obras y parte de la instalación de la climatización, la ventilación y la energía solar. Ahora es posible que se produzca un tira y afloja entre el consistorio y la empresa concesionaria. Habrá que valorar las obras y sus certificaciones para indemnizar a la mercantil.

Pero antes habrá que descontar los daños que se han podido ocasionar a la administración local por el incumplimiento del contrato. De ahí saldrá un saldo, que en caso de no ser del agrado de una de las partes podría derivar en un proceso judicial. Posteriormente el consistorio deberá acabar las obras e iniciar una nueva licitación por la explotación de este servicio.