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Playa de l'Auir, una de las zonas que se va a proteger. :: lp
Playa de l'Auir, una de las zonas que se va a proteger. :: lp

Temor entre los empresarios ante las pegas del Pativel para construir en las playas

  • Los promotores alertan de que la normativa generará pérdidas entre los propietarios ya que prevé proteger tramos de litoral urbanos

El sector de la construcción de la Safor siente temor ante las pegas que pone el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) para poder edificar en zonas con derechos urbanísticos cercanas a la costa.

En el caso de la comarca son varias los franjas afectadas como l'Auir y Marenys en Gandia o Rabdells en Oliva. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APC) de la Safor, Camilo Peiró, explicó que el sector ve con recelo la nueva normativa que pretende poner en marcha el Consell en 2017, ya que, a juicio del colectivo, no tiene muy en cuenta a los principales afectados por cualquier cambios: los propietarios particulares de los terrenos y las empresas con parcelas en las zonas de playa que se pretende proteger.

Peiró indicó que, en líneas generales, el Pativel prevé desclasificar «suelo urbanizable en una franja de 2.000 metros próxima al mar, impidiendo nuevas construcciones». La normativa prevé varias franjas de actuación desde la costa hacia el interior con el fin de impedir la urbanización y preservar zonas naturales.

Pero estos argumentos chocan, en algunos casos, con la situación en la que se encuentran muchos de los terrenos. En muchas playas hay zonas catalogadas como urbanas y donde los propietarios han hecho frente a impuestos elevados al no tratarse de suelo rústico. Esto es lo que denuncian desde APC Safor: «El Pativel descarta la posibilidad de actuar en espacios con derechos de edificación ya consolidados o suelos ya urbanizados pero sin edificar».

Esta nueva legislación supondría un perjuicio económico de los dueños de los terrenos «que verían como el suelo perdería todo su valor, generando también pérdidas entre las empresas que posean parcelas».

Desde el colectivo reconocen que el plan otorga un «plazo de cinco años a las iniciativas urbanísticas aprobadas» que hayan caducado o estén a punto de hacerlo para que inicien los trámites y den comienzo a las obras.

Peiró añadió que hay que tener en cuenta que en muchos casos «se ha realizado una importante inversión dentro de un marco jurídico previo, que ahora varía». Por ello reclamó que cada entidad local deberá explicar muy bien que zonas se verán afectadas por la aplicación del Pativel y a que se enfrentan los propietarios».

Desde APC Safor destacaron que en Gandia esta nueva normativa afecta a las playas de l'Auir y de Marenys. «Estas zonas cuentan con un planeamiento aprobado pero sin desarrollar, por lo que si en cinco años no se inician los trabajos volverían a calificarse como suelo rústico». «Esto supondría un importante perjuicio para los propietarios que obligaría a desclasificar el suelo», añadió.

En el caso de Oliva, dijo Peiró, con la nueva normativa se protegen varias zonas, entre ellas el entorno de la desembocadura del río Gallinera y la urbanización Rabdells. Finalmente, en Tavernes de la Valldigna, como informó ayer LAS PROVINCIAS está pendiente de ejecución el PAI de Marenys 2A, en la zona sur del litoral. Esta urbanización está a la espera de que se habiliten servicios como la depuradora y la llegada de los conductos eléctricos para que puedan arrancar los trabajos.

Peiró añadió que el Consell debe ser consciente de que con la nueva normativa se pueden abrir «batallas legales». Estos procesos, matizó, podrían acabar con indemnizaciones económicas para los propietarios por parte la administración autonómica y de las entidades locales».

Finalmente, el presidente de APC Safor explicó que ya «existen plataformas de afectados a nivel provincial que están estudiando el Pativel». El objetivo, indicó, es analizar el documento, para poder presentar alegaciones en los próximos dos meses, antes de su aprobación definitiva.