Las Provincias

Empleo multa con 500.000 euros a 26 consistorios por trabajar con autónomos

  • La sanción impuesta a los pueblos oscila entre los 20.000 y 60.000 euros por contar con técnicos ajenos y pese al convenio con la Diputación

El Ministerio de Empleo ha denunciado a 26 Ayuntamientos de la Safor por trabajar con autónomos que prestan servicios básicos en los consistorios a través de un convenio firmado con la Diputación de Valencia. La cuantía de la sanción oscila entre 20.000 y 60.000 euros por localidad y asciende en toda la comarca a más de 500.000 euros. Las multas ya han comenzado a llegar a los diferentes municipios, quienes se han quedado sorprendidos por la denuncia y la elevada cantidad económica de la misma.

Los Ayuntamientos de la comarca de menos de 5.000 habitantes, excepto Bellreguard, tienen un acuerdo por el que los colegios profesionales prestan los servicios a los pequeños municipios que no pueden costearse tener en su plantilla arquitectos, ingenieros o aparejadores. Sólo se salvan, los consistorios de más población como Gandia, Oliva, Tavernes y Xeraco. El compromiso de colaboración a tres bandas entre Diputación, Ayuntamientos y 16 colegios profesionales está vigente desde hace más de 30 años. Es por ello que los alcaldes de la comarca no entienden por qué en estos momentos se les notifican estas multas.

El caso lo hizo ayer público la ejecutiva comarcal del Bloc-Compromís, que quiso denunciar lo que estaba sucediendo. Varios alcaldes de municipios de la comarca ratificaron a LAS PROVINCIAS lo que estaba sucediendo. La secretaria comarcal del Bloc, Jacinta Rubio, explicó que esta situación sólo estaba ocurriendo en la provincia de Valencia, y no en Castellón y Alicante, donde existen los mismos convenios. Por este motivo, Rubio aludió a «una persecución política por parte del ministerio».

«Ha sido con el cambio de color político de la Diputación cuando se han producido estas sanciones, que además, sólo van en contra de los ayuntamientos y no de los colegios profesionales o de la propia Diputación», destacó la nacionalista.

El Bloc-Compromís anunció que los servicios jurídicos «están estudiando la posibilidad de presentar una querella por prevaricación, basándose en la arbitrariedad de la actuación». Rubio aludió que sin este convenio con el ente provincial los municipios pequeños «no podrían prestar servicios básicos. El problema es más grave que el dinero».

Algunos de los municipios sancionados ya están recibiendo las denuncias. Otros, conocedores de la situación, son conscientes de que la recibirán en breve. En los meses de mayo y junio, algunos consistorios comenzaron a recibir las notificaciones, que les advertían de una posible sanción, pero no ha sido hasta ahora cuando la comunicación se ha hecho oficial vía sanción. Daimús recibió una inspección laboral hace unos meses y ya se le advirtió de la posible denuncia. Les anunciaron que debían incluir a los técnicos municipales autónomos en el régimen general de contratación.

El municipio de Guardamar es uno de los que ha recibido la sanción. La denuncia asciende a 26.500 euros. La alcaldesa, Rosana Seguí se mostró muy indignada con lo sucedido: «No entiendo lo que está pasando. Son convenios firmados con colegios profesionales. Los técnicos vienen dos horas a la semana gracias a un convenio anual». La primer edil indicó que la denuncia «no tiene ningún sentido» y por ello ya han presentado un recurso.

Hace unos meses les solicitaron toda la información sobre la contratación de los técnicos para demostrar la relación entre las partes. Pero a pesar de todo, han recibido la sanción económica. Seguí pidió que se elimine la tasa de reposición de efectivos de la función pública, porque no se puede aumentar la plantilla para hacer contrataciones para cubrir unas necesidades básicas.

El alcalde de Miramar, Asensi Llorca, explicó que la Diputación ya ha presentado un recurso sobre el conflicto. Además, añadió que si «hay algún coste, la entidad provincial lo asumirá». El municipio no ha recibido hasta el momento ninguna denuncia. Llorca, que tampoco entiende el porqué de la sanción, explicó que el «espíritu de la Diputación es ayudar a los pueblos más pequeños porque no pueden tener en plantilla a un arquitecto y la entidad provincial nos los presta».