Las Provincias

Gandia inyecta 230.000 euros en IPG pese a los reparos de legalidad del interventor

  • El ejecutivo afirma que los abonos son para costear servicios públicos y el PP critica que se pague antes a Iniciatives que a los proveedores

El gobierno local ( PSPV y Més Gandia) ha decidido inyectar 230.000 euros en la empresa Iniciatives Públiques de Gandia, pese a los reparos de legalidad que ha puesto el interventor del consistorio. El objetivo es que la mercantil, que depende del Ayuntamiento, disponga de dinero para hacer frente a los servicios que gestiona.

IPG, pese a estar en proceso de liquidación, conserva todavía una parte importante de los servicios de la ciudad. La empresa pública es la encargada del funcionamiento de la recogida de vehículos en la vía pública (grúa), del servicio de estacionamiento en zona azul (ORA) y de la gestión del parque de viviendas municipales, entre otros.

Para que la mercantil local pueda llevar a cabo su trabajo y pagar sus deudas necesita del apoyo económico del ejecutivo de Gandia. En ese sentido, el gobierno local aprobó pagos durante el pasado mes de octubre que suman unos 230.000 euros.

El primero de los giros se realizó el 4 de octubre y ascendía a 180.000 euros. El resto de abonos se tramitaron el 17 de octubre. Ese mismo día, el consistorio aprobó el pago de dos partidas económicas a Iniciatives Públiques, una de 30.000 euros y otra de unos 13.000.

Prelación de pagos

En todos los casos, los abonos que ha previsto el ejecutivo han contado con reparos de legalidad del interventor municipal. En ambos pagos, se especifica que el funcionario ha puesto pegas a los giros «por incumplimiento de prelación de pagos». Esto quiere decir, según fuentes municipales, que el gobierno local ha hecho frente a estos pagos pese a haber otros pendientes desde hace más tiempo.

Las administraciones públicas están obligadas a liquidar facturas por riguroso orden de entrada. En este caso, el consistorio habría decidido hacer las transferencias para evitar que IPG se quedara sin liquidez sin tener en cuenta las fechas.

El presidente de IPG, Vicent Mascarell, afirmó que estos abonos son necesarios y que los reparos de legalidad «son algo habitual» en la empresa desde hace mas de tres años». «El exacalde Arturo Torró prestó casi 15 millones a la mercantil municipal que no fueron devueltos. Por este motivo el interventor pone pegas, ya que entiende que la entidad le debe dinero al Ayuntamiento de Gandia», precisó el presidente de IPG.

El socialista dijo también que Gandia no puede dejar de lado la empresa pública, ya que la entidad tiene en su cartera muchos servicios municipales. Dicho esto, Mascarell afirmó que hay muchas diferencias entre la forma de proceder del PP en la pasada legislatura y el bipartito actual.

«El PP hacía las aportaciones según le parecía y sin justificación alguna. Los pagos que se han realizado en el mes de octubre son exclusivamente para hacer frente a servicios que generan gastos en IPG», agregó.

Pagos del PP

El responsable de la empresa pública aseguró que el gobierno de Torró giraba abonos a la empresa de tres tipos. En primer lugar «hacía transferencias para asumir el pago de servicios», es decir para pagar por la gestión.

Por otro lado, «el PP ingresaba dinero en IPG a su antojo». «En el año 2015 derivó unos 900.000 euros a la empresa sin detallar por qué motivo ni para que fin era ese dinero», relató Mascarell.

Finalmente, y lo más flagrante para el socialista, eran las operaciones de tesorería que se tramitaron por el anterior ejecutivo. El responsable de IPG dijo que, entre otras, el PP sacó adelante el préstamo de 15 millones, «momento desde el cual el interventor pone reparos a la legalidad».

Sin embargo, desde el Partido Popular de Gandia consideran que las cosas no son como relata Mascarell, sino más bien una «maniobra» del ejecutivo, ya que su obligación es cumplir los compromisos con todos sus proveedores.

Los populares entienden que ahora el PSPV y Més Gandia «están haciendo aquello que criticaban cuando eran oposición». «Derivan dinero a la empresa pública para que haga pagos, pero siempre han estado en contra de estas prácticas, es más, llevaron al PP a los tribunales por ello», precisaron.

Cumplimiento de la ley

La formación reconoce que IPG tiene a su cargo servicios vitales de Gandia, pero emplaza al bipartito a cumplir la ley y a hacer caso a las indicaciones del interventor. «Si hay que pagar antes a otros proveedores, se hace y se cumple la ley», indicaron.

Desde el PP de Gandia señalaron que el tiempo está demostrando que cuando estuvieron en el gobierno no hacían las cosas «tan mal» respecto a Iniciatives: «Las transferencias que hacíamos estaban respaldadas por informes de técnicos municipales y por otros de gabinetes externos».

Los populares precisaron que en su etapa de gobierno «se ajustaba el presupuesto de la empresa» e «IPG no pedía lo que no tenía». Estos argumentos los dieron para matizar que el PP no actuó como el exalcalde José Manuel Orengo, aseguraron, quien «solicitó créditos para Iniciatives».

Todo esto acabó en una espiral de denuncias en la pasada legislatura, ya que el PSPV, desde la oposición llevó a los tribunales los pagos de Gandia a la mercantil y los populares hicieron lo mismo con el exalcalde por los préstamos.