Las Provincias

Un juez obliga a saldar una deuda de 867.000 euros por soterrar contenedores

  • Una sentencia exige a Gandia que liquide el pago a la constructora y el PP afirma que la empresa IPG entregó una parte del dinero

Nuevo varapalo judicial para el gobierno de Gandia (PSPV y Més Gandia). El bipartito tendrá que hacer frente al pago de 867.000 euros, cantidad que se adeuda a la empresa que soterró los contenedores en la playa durante la pasada legislatura del PP.

Esta actuación se llevó a cabo en dos fases, bajo el gobierno del Partido Popular. El ejecutivo de Arturo Torró no liquidó la deuda con la empresa que ejecutó los trabajos, como indicó ayer el portavoz del gobierno de Gandia, José Manuel Prieto.

La cifra que se debe, corresponde a la mitad de los trabajos, la cantidad restante se adeuda a otra mercantil, entidad que tampoco ha cobrado el dinero que tiene pendiente. Este pequeño entramado de impagos parte del encargo de los trabajos, que se realizó en 2013.

El gobierno de Torró pidió a la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) que se encargara de soterrar los contenedores en primera línea de la playa. Esta fue una de las primeras obsesiones del anterior ejecutivo de la ciudad. Para ello «hizo un encargo de gestión a la mercantil». «El PP solicitó a IPG que realizara estos trabajos y para ello le inyecto 1,7 millones de euros», relató Prieto.

El edil lamentó esta acción, ya que el coste de la actuación tenía que haberlo asumido la empresa concesionaria de la recogida de la basura. No descartó reclamar esta partida a la concesionaria.

El objetivo de Torró era «agilizar» el proceso, por este motivo encargó a la empresa pública que realizara los trabajos. IPG buscó entonces una empresa para soterrar los contenedores en la playa y evitar que los turistas vieran estos depósitos en primera línea de la playa.

La contratista realizó la actuación en dos fases, añadió el edil socialista, pero nunca cobró los 1,7 millones que costaba realizar la obra: «Todo ello, teniendo en cuenta que el gobierno de Torró entregó esta cantidad a la empresa pública de Gandia».

Prieto criticó esta forma de proceder de los populares: «Encargaban trabajos y luego no hacían frente a los costes». En el caso de esta actuación, dijo, es todo más grave, ya que el gobierno entregó a IPG la cantidad necesaria para asumir los pagos de la obra.

Impagos entre empresas

La constructora que soterró los contenedores debía percibir 1,7 millones, pero no los cobró. Esta mercantil debía dinero a otra entidad y traspasó la mitad de la deuda a esta tercera empresa, como indicaron ayer desde el gobierno.

Esto supone que Gandia afrontará la mitad del pago con la corporación que realizó los trabajos, cumpliendo la sentencia judicial, pero la cantidad restante la deberá abobar a otra empresa.

Prieto aseguró que el gobierno ha estado trabajando durante estos meses para negociar con la entidad acreedora: «No ha sido posible llegar a un acuerdo y la mercantil ha llegado a los juzgados, donde le han dado la razón».

Ahora, el gobierno tendrá que hacer frente a los 867.000 euros, donde se incluye la deuda y los gastos de demora e intereses, mientras que más adelante se verá en la obligación de asumir la deuda restante, indicaron desde el bipartito.

El edil Prieto lamentó que el PP utilizara «IPG como un pozo sin fondo». «Ahora habría que saber dónde está ese dinero», añadió. El concejal recordó que el gobierno de Torró manejó mucho dinero: «Pidió un adelanto económico al Estado de los abonos que se hacen mensualmente y también se lo gastó».

Por otra parte, desde el Partido Popular de Gandia sostuvieron que realizaron los trabajos de la mejor forma posible y que pagaron «la mitad de los trabajos». Desde la formación precisaron que fue el PP «quien cumplió la promesa de soterrar los contenedores de primera línea de la playa de Gandia».

Deuda en IPG en 2011

Además, precisaron, lo hicieron a través de la empresa pública, una entidad «donde los socialistas dejaron en 2011 más de 40 millones de euros de deuda bancaria y otros 20 millones de euros pendientes de pago a proveedores».

Pues ante este escenario, añadieron, el anterior gobierno acometió «la obra e incluso anticiparon el pago de la mitad del importe de la obra, además de seguir atendiendo pagos urgentes de deudas socialistas, que tuvieron que afrontarse para evitar nuevos pleitos».

«Algo en lo que no tiene esmero el actual gobierno de Diana Morant, dado que tras casi dos años de gobierno socialista, siguen sin hacer frente a pagos, y además no hay preocupación alguna por evitar nuevos pleitos y sentencias que no dañen el patrimonio municipal», añadieron.