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El edil de Gestión Responsable del Territorio, Xavi Ròdenas. :: àlex oltra
Una comisión vigilará la labor de la empresa de recogida  de animales en Gandia

Una comisión vigilará la labor de la empresa de recogida de animales en Gandia

El gobierno afirma que la mercantil de Vinaròs que opta a la nueva contrata garantiza por escrito que habrá «sacrificio cero» de mascotas

Ó. DE LA DUEÑA

Lunes, 7 de noviembre 2016, 23:36

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gandia. Una comisión de trabajo supervisará la labor de la empresa que se adjudique la contrata de recogida de animales en Gandia. El edil de Gestión Responsable del Territorio, Xavi Ròdenas, explicó que el proceso de concesión «está muy avanzado» y recordó que sólo ha optado al servicio una mercantil de Vinaròs, Seproanimal S.L.

Por ello, y ante el recelo que esto ha generado entre la oposición y algún colectivo local, Ròdenas aseguró que se creará un grupo de trabajo para «realizar un seguimiento de la actividad» de la mercantil», si finalmente se hace con la concesión la empresa que se ha presentado.

En ese sentido, Ròdenas remarcó que durante todo el proceso se ha seguido la ley de una forma estricta. De hecho, la pasada semana se abrió el tercer sobre del proceso y serán los técnicos municipales los que determinarán en unos días, mediante un informe, si la empresa que se ha presentado cumple o no los requisitos técnicos determinados por el pliego de condiciones.

«Es probablemente el procedimiento más transparente que se ha hecho nunca en el Ayuntamiento de Gandia. Se han convocado seis mesas de contratación, cuando lo habitual son tres y en las mesas públicas los interesados han podido estar presentes».

Gobierno animalista

Ròdenas lamentó que se critique al gobierno por esta concesión: «Este es el gobierno más animalista de la historia de Gandia. Hemos eliminado las corridas de toros sólo acceder y hemos prohibido la explotación de los animales en la Fira, hemos recuperado el voluntariado felino, por poner sólo unos ejemplos».

Con ello, quiso calmar a la ciudadanía y remarcó que se respetarán los derechos de los animales, ya que, indicó, se ha especulado con la posibilidad de que se sacrifiquen. El edil explicó que el pliego de condiciones es muy claro al respecto: «No se contempla otra posibilidad que no sea el sacrificio cero, a pesar de que la ley española sí permite matar a los animales. Nosotros estamos radicalmente en contra. Es más, en una de las mesas de contratación hicimos que la empresa firmara un documento comprometiéndose a no sacrificar animales, a pesar de que el pliego de condiciones ya lo deja bien claro».

Por otro lado, si algún colectivo «tiene indicios de que la empresa en cuestión comete irregularidades, que lo denuncie». «Nosotros, como administración que no tiene ninguna relación contractual con ella, no podemos investigar más allá de lo que establece la ley», añadió.

El concejal de Més Gandia recordó que el servicio de recogida de animales siempre se ha movido en un «espacio de alegalidad», en base a un convenio de colaboración anual, pero con reparos desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento y la Intervención Municipal.

Contratación pública

La Ley de Administración Pública establece que todos los servicios públicos deben pasar un proceso de contratación pública si se prestan de forma continuada, como es el caso de la recogida de animales. «Nuestra obligación es cumplir la ley, la legalidad y poner en orden la gestión municipal, a pesar de ser conscientes de que algunos aspectos serían polémicos».

Ròdenas ha asegurado que el interés del gobierno desde el principio es que se quedara el servicio la protectora de animales local, por ser de la ciudad y por su trayectoria, pero esta nunca se ha querido presentar, a pesar de que se le ha pedido.

Sin embargo, desde el Partido Popular de Gandia mostraron sus dudas con el «sacrificio cero». Los populares afirmaron que estas conclusiones las extraen de las «seis mesas de contratación que se han celebrado, donde el gobierno no ha querido recular ante la demanda ciudadana de modificar los pliegos». El edil Andrés Puig dijo que el proceso «lleva seis meses, cuando lo habitual son tres».

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