Las Provincias

Gandia dejó de pagar a empresas vinculadas al PP y un juez obliga a saldar las deudas

Un joven circula en bicicleta frente al edificio del Ayuntamiento de la ciudad de Gandia. :: lp
Un joven circula en bicicleta frente al edificio del Ayuntamiento de la ciudad de Gandia. :: lp
  • El gobierno repartirá 80.000 euros entre una mercantil de un hijo de un exedil popular y una entidad del exconsejero Madrid Manuel Lamela

El gobierno de Gandia (PSPV y Més Gandia) tendrá que abonar casi 80.000 euros a dos empresas por orden judicial. Ambas mercantiles están vinculadas al Partido Popular y el ejecutivo de izquierdas dejó de pagarles las cantidades acordadas cuando tomó el poder de la ciudad en mayo de 2011.

Las entidades recurrieron a los juzgados, donde los magistrados han condenado a la corporación municipal a pagar las cantidades pactadas pocos meses antes de que el PP dejara el gobierno de Gandia, como relató ayer el liquidador de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), Vicent Mascarell.

El anterior ejecutivo, a través de la mercantil pública, contrató a la empresa de Daniel Furió, hijo de Lola Moncho y ex gerente de IPG. La que fuera edil del PP hace dos legislaturas ejercía en ese momento el cargo de consejera de la empresa municipal. Todo esto, según Mascarell, impedía que Moncho «tuviera un salario», por lo que esta «empresa que creó ad hoc» para que la popular «cobrara del consistorio».

Empresa familiar

El socialista explicó que el contrato con Gestions Tècniques de Desenvolupament Econòmic, la mercantil de Furió, se formalizó en abril de 2011, con el fin de «blindar ingresos para Moncho durante una buena temporada». «Esto es un saqueo de las arcas públicas, ya que un gobierno no puede firmar este tipo de contratos sin saber si estará al frente del ejecutivo durante la siguiente legislatura», apostilló.

La sentencia la firma el magistrado del Juzgado número 3 de Gandia, que obliga al bipartito a pagar 40.000 euros a la empresa de Furió. El juez sólo conmina al gobierno a saldar la deuda y no establece sanción alguna ni intereses. Mascarell dijo que el ejecutivo «dejó de pagar a la empresa al entender que su trabajo no era necesario para IPG, que era a quien facturaba» a la corporación de Furió «por asesorar».

Por otra parte, el bipartito incumplió también los pagos acordados por el ejecutivo de Arturo Torró con la empresa (Bussines Assessment Plans and Projects SL (BAPP), una corporación propiedad del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, que ejerció su cargo entre los años 2003 y 2007, con Esperanza Aguirre.

IPG escogió a esta empresa para que realizara un estudio sobre el puerto de Gandia. «Es una mercantil destinada a redactar informes», dijo Mascarell. Pero el trabajo de BAPP sobre el enclave portuario «era más que dudoso», ya que está «lleno de obviedades». «Cada página de este documento cuesta más de mil euros», agregó.

En cualquier caso, añadió el socialista, el ejecutivo dejó de abonar las cantidades acordadas por el anterior ejecutivo al considerar que el trabajo «no tenía relevancia» y carecía de «interés para el gobierno». «Ni lo utilizó el anterior ejecutivo ni lo hará este», precisó.

Informe sobre el puerto

Mascarell apostilló que la empresa ya había percibido una cantidad por su trabajo, pero que el bipartito optó por no cumplir con los pagos acordados por el PP. Esto ha acabado en los tribunales y, obviamente, el magistrado de la sala de la Contencioso Administrativo ha dado la razón a BAPP. Hay que abonar 36.000 euros

El edil añadió que con estas sentencias, la cantidad que IPG «ha desembolsado hacer frente a este tipo de casos en lo que va de legislatura, es de cerca de 500.000 euros». El liquidador de la empresa pública dijo que con estos hechos «se corrobora que Torró y el PP siguen saqueando las arcas públicas utilizando recursos».

El portavoz del gobierno, José Maniel Prieto, que también compareció, aseguró que con el medio millón que Gandia lleva gastado en sentencias se podrían dar durante once años «ayudas a las asociaciones musicales de Gandia» o supone la subida del IBI «de 4.000 viviendas de tipo medio».

A todas estas afirmaciones respondieron desde el Partido Popular de Gandia. La formación sostiene que la justicia pocas veces se equivoca y que si condena al gobierno de izquierdas a pagar es porque no ha actuado bien. De hecho, añadieron que los tribunales «vienen fallando en contra del bipartito de manera sistemática».

«La justicia no admite el 'modus operandi' de los socialistas de Gandia, quienes iniciaron la legislatura asaltando los despachos, sin seguir un protocolo de traspaso de poderes, como marca la legislación vigente», explicaron.

Además precisaron los populares, el gobierno ha despedido a muchos empleados públicos: «Todo ellos están recibiendo el apoyo de las fuerzas sindicales y ahora también de la justicia». Calificaron de «vergonzosa» y propia de unos «caraduras» la comparecencia de los socialistas».

«Están provocando pleitos, con sus acciones manifiestamente ilegales, para a posteriori allanarse en muchas causas judiciales, a través de acuerdos extrajudiciales lesivos para las arcas municipales, o bien, dejándose perder en sede judicial», agregaron.

Finalmente, desde el PP se mostraron sorprendidos de que los socialistas hablen de contratos blindados, cuando ellos dejaron varios en Gandia TV o en la empresa pública IPG.