Las Provincias

Gandia desembolsa 203.000 euros para saldar una deuda con un abogado que contrató Torró

Imagen del centro comercial Gandia Palace en 2011, año en que el gobierno local, del PP, lo compró con el fin de alquilarlo. :: j. ribes
Imagen del centro comercial Gandia Palace en 2011, año en que el gobierno local, del PP, lo compró con el fin de alquilarlo. :: j. ribes
  • El letrado representó a IPG en el Caso de las Boleras y en un pleito contra los bancos y llevó al gobierno al juzgado por el impago de sus minutas

El ejecutivo del Partido Popular, que gobernó Gandia durante la pasada legislatura, contrató a un abogado de confianza de Arturo Torró para defender dos causas en las que estaba inmersa la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG). El letrado no percibió la minuta por los dos pleitos en los que representó a la empresa pública, por lo que presentó una denuncia contra el Ayuntamiento de Gandia por impago.

El profesional reclamaba una deuda cifrada en un total de 470.000 euros, donde estaban contemplados los intereses y las costas, ya que varios tribunales ya le habían dado la razón y exigían a Gandia que le abonara sus honorarios. Ante esta situación, desde IPG han llegado a un acuerdo con el letrado y el despacho percibirá 203.000 euros. El demandante ha rebajado un 35% su minuta para poder cobrar y ha rechazado percibir los intereses de demora, unos 100.000 euros.

En estos momentos, no ha cobrado cantidad alguna, aunque IPG ha consignado parte de la cantidad ante los juzgados. El letrado debe cobrar 129.000 euros de un sólo pago y el resto de dinero lo ingresará en un plazo de 14 meses, unos 74.000 euros, según el acuerdo al que ha llegado con el gobierno local.

Iniciatives contrató al abogado para defender a la mercantil en dos procesos polémicos durante la época en la que Torró era alcalde de la ciudad. El letrado se hizo cargo de la defensa de IPG en el pleito contra la constructora VIPEI, en el conocido como Caso de las Boleras.

Proyecto fracasado

El gobierno del PP anunció, a principios de la pasada legislatura, la compra del centro comercial Gandia Palace, donde había cines, salas recreativas y locales de restauración. Todo por casi siete millones de euros. El ejecutivo anunció esta compra como un proyecto estrella, ya que tenía previsto alquilarlo e ingresar una cantidad fija cada mes y así cubrir el gasto de la adquisición en unos pocos años. El espacio abrió sus puertas, pero a los pocos meses la empresa que lo gestionaba cerró el recinto ante la escasa rentabilidad del centro comercial.

La operación acabó en los tribunales, ya que tras la compra el gobierno anterior pidió la rescisión del proceso por vía judicial. Algo que no logró. El defensor jurídico que contrató Torró también fue el letrado de IPG en otro controvertido caso.

Gandia dejó de pagar a los bancos la deuda que arrastraba y eso hizo que algunas entidades iniciaran pleitos contra el gobierno local. El ejecutivo de Torró se negó a saldar las deudas con las entidades al entender que no podía pagar las cifras que reclamaban cada año.

El exalcalde exigía renegociar todos los impagos y prolongar su devolución durante varias décadas. En ambos procesos, el despacho jurídico perdió ante los demandantes. El abogado actuaba con su mujer que ejercía de procuradora. Por los casos, el abogado presentó facturas que ascendían a 203.000 euros, que se incrementaron a 470.000 tras reconocer varios juzgados que no se estaba haciendo frente a la deuda y condenar a Gandia a pagar intereses y costas.

Ante los repetidos impagos, el bufete acudió a los juzgados para reclamar el abono de sus minutas y de los intereses, donde un magistrado decretó el embargo de bienes de Iniciatives. Tras esto, el bipartito actual ha llegado a un acuerdo con el letrado para liquidar las dos facturas pendientes.

Para ello se ha elaborado una transacción extrajudicial, es decir, se ha redactado un documento que refleja el acuerdo al que se llegó en los juzgados para resolver la deuda por la vía amistosa. En el informe se detalla que el letrado percibirá un total de 203.000 euros, en lugar de los 470.301 euros.

La relación del abogado con Torró no es nueva ya que ha estado con el exalcalde en numerosos casos pues ejerce la defensa del exmunícipe en el Caso Tele 7, además de asistir a Javier Reig, Toni Abad y Cristina Serrano. Estuvo con el exalcalde en las declaraciones por la trama Púnica.

El profesional de Gandia también lleva la dirección letrada en la querella de Torró contra la actual alcaldesa, Diana Morant, por impedir el acceso del exalcalde y de otros miembros del PP a las dependencias municipales tras producirse el cambio de gobierno.

Ante todos estos argumentos, Torró aseguró que el gobierno de izquierdas hace frente a este impago «por irresponsable». «El abogado presentó una minuta muy razonable, pero al no cobrar por parte del Ayuntamiento tuvo que acudir ante la justicia», dijo el exalcalde de Gandia.

Torró añadió que, hasta donde él sabe, el letrado se vio en la obligación de pedir amparo judicial: «Llevó dos casos muy importantes para el gobierno pero el actual ejecutivo no le atendió en sus reclamaciones». Esto hizo que fuera el «juez quien fijara la cantidad que tenía que cobrar», basándose en los honorarios «que tiene fijados el Colegio de Abogados».